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Por temor a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le exija una indemnización, el Gobierno evita el camino corto para recuperar el espectro radioeléctrico necesario para desplegar en el país la tecnología 5G.
Ese camino corto implica declarar el bien de interés público para recuperarlo, pues la empresa estatal se ha resistido a devolverlo.
La Ley General de Telecomunicaciones (número 8642) dispone en el artículo 22 que una declaratoria de interés público bastaría legalmente para que el Gobierno pueda extinguir una concesión vigente de frecuencias en manos públicas o privadas.
Dicha legislación denomina esta justificación como “rescate por causa de interés público” y podría acelerar la recuperación de frecuencias sin uso en el Instituto.
Paola Vega Castillo, jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), reconoció que evitan esa ruta porque consideran que la empresa, a pesar de ser estatal, podría plantear un reclamo económico.
“El mecanismo de rescate por causa de interés público tiene la particularidad de que una eventual recuperación de frecuencias se promueve por causas ajenas al concesionario y deja abierta la posibilidad de que se incurra en la obligación de atender las indemnizaciones al concesionario que correspondan según la normativa vigente”, respondió por escrito ante consultas de La Nación.
Ante esa preocupación, desde junio pasado, el Micitt optó por ordenar la elaboración de un informe técnico-jurídico con recomendaciones para abordar el tema e iniciar los trámites de recuperación.
Esa fue la decisión luego de que se frustrara una negociación entre el Poder Ejecutivo y el Instituto para la devolución de las frecuencias requeridas para desarrollar la quinta generación de redes móviles.
El mecanismo de rescate por causa de interés público tiene la particularidad de que una eventual recuperación de frecuencias se promueve por causas ajenas al concesionario y deja abierta la posibilidad de que se incurra en la obligación de atender las indemnizaciones al concesionario que correspondan según la normativa vigente”.
— Paola Vega Castillo, jerarca Micitt
Vega reconoció que ese proceso tomaría al menos seis meses por acciones que el ICE u otras partes podrían ejercer como parte del debido proceso. Está claro entonces que no será este gobierno el que dé los pasos.
Así ocurre aunque desde mayo, el presidente Carlos Alvarado manifestó que la recuperación de dicho espectro debía estar lista en junio. Consultada por el incumplimiento de ese plazo, Vega volvió a mirar hacia el ICE.
“Esto suponía un escenario en el que se hubiera contado de forma más expedita con una propuesta de devolución”, señaló la ministra en referencia al fallido acuerdo entre el Instituto y Micitt.
Pérdida de tiempo
La tecnología 5G implica mayor ancho de banda, el cual se traduce en velocidades para trasiego de datos de hasta 10 Gigabits por segundo (Gb/s), según la Asociación GSM. Un Gb/s equivale a 1.000 Megabits por segundo (Mb/s).
Esto supone una revolución capaz de ampliar la competitividad de un país y dinamizar su clima de negocios por el aumento exponencial previsto de aparatos enlazados a Internet y a mayor velocidad.
Tales condiciones abren la puerta a cualquier economía para la eventual exportación de sus servicios a clientes en el extranjero.
Sin embargo, 5G exige reasignar el espectro radioeléctrico, que es un bien del Estado compuesto por las ondas electromagnéticas que hacen posibles las telecomunicaciones modernas.
Consultado por su negativa a ceder espectro voluntariamente, el ICE depositó en el Micitt la responsabilidad de ese proceso.
Por escrito, la entidad expresó su “respeto a la normativa que regula el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico en Costa Rica, y donde el Micitt –como ente rector en la materia– tiene deberes y funciones administrativas que debe ejecutar”.
Hay falta de visión, liderazgo, voluntad política y de sentido de urgencia. El Ejecutivo tiene múltiples mecanismos fuera de un acuerdo mutuo, lo que pasa es que no tiene voluntad. Ya hay suficiente diagnóstico y recomendaciones. Es falta de decisión política del Micitt”.
— Mario Montero, Infocom
Su renuencia también resulta del interés de diseñar su propio plan de cambio para eventualmente incursionar en 5G y hacer uso de esa tecnología, aun y cuando legalmente no es su competencia sino del Micitt, como lo reveló correspondencia entre la entidad y el Ministerio.
En el sector empresarial, las cámaras atribuyen al Gobierno falta de liderazgo y voluntad política por evadir la declaratoria de interés público.
“Hay falta de visión, liderazgo, voluntad política y de sentido de urgencia. El Ejecutivo tiene múltiples mecanismos fuera de un acuerdo mutuo, lo que pasa es que no tiene voluntad. Ya hay suficiente diagnóstico y recomendaciones. Es falta de decisión política del Micitt”, lamentó Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
De igual modo, la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) atribuyó al Ejecutivo desinterés en este asunto.
“Estas son decisiones y proyectos a nivel país con un altísimo impacto que uno no se explica cómo no avanzan. Esto ni siquiera pasa por el Congreso, es declarar de interés público para recuperar el espectro. Le falta liderazgo al presidente Alvarado por no sentar a su ministra y a la jerarca del ICE para arreglar la devolución”, se quejó Adolfo Cruz Luthner, vicepresidente de Camtic.
Desequilibrio y competencia
También la Superintendencia General de Telecomunicaciones (Sutel) volvió a urgir en agosto al Micitt al recordar que la concentración de espectro del ICE afectaría la futura competencia del mercado de 5G.
Así lo expuso en el llamado Estudio registral de las bandas de frecuencias destinadas para el despliegue de servicios IMT en Costa Rica donde hace su llamado al Micitt al reiterar una situación “desbalanceada”.
Según Sutel, el Instituto ostenta una posición ventajosa para adelantarse a sus competidores en el despliegue de infraestructura y servicios 5G, mientras el Estado apenas alista una licitación para reasignar el espectro a otras empresas interesadas.
Para implementar 5G, indicó Sutel en su informe, se requiere una mezcla de grupos de bandas o frecuencias por lo cual es necesario subastar parte del espectro radioeléctrico, incluido una sección en desuso en poder del ICE.
Desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el 2011, el ICE tiene en concesión 550 Megahercios (MHz) en seis bandas o frecuencias de transmisión. Sus rivales comerciales, Claro y Liberty Latin America hoy se reparten 200 MHz.
La cantidad de espectro para 5G ideal para concesionar entre Claro y Movistar oscila entre 80 y 100 MHz de las frecuencias de 2.600 MHz y 3.500 MHz; según Sutel.
“Hay una desventaja y, en materia tecnológica, un atraso es una desventaja. (...) ¿Cuánto llevamos discutiendo de esto? ¿Cuántos informes más? ¿Cuánto más vamos a seguir dándonos este lujo de perder tiempo en una carrera tecnológica que la pandemia aceleró?
— Maryleana Méndez, Asiet
El ICE que es el único con espectro en dichas bandas: 190 MHz en la frecuencia de 2.600 MHz y 225 MHz en la de 3.500 MHz (415 MHz entre ambas).
En criterio de Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), Costa Rica ya pierde capacidad para hacer negocios por su lentitud en 5G.
Citó, por ejemplo, que empresas de software en Costa Rica desearían ya hacer pruebas en 5G por pedido de sus clientes en el extranjero “pero lamentablemente no pueden porque no existe la plataforma”.
Y agregó: “Hay una desventaja y, en materia tecnológica, un atraso es una desventaja. Costa Rica tiene capital humano y fuerza empresarial para crear un ecosistema vibrante en 5G y exportar servicios para posicionarnos mejor frente a países con quienes competimos. ¿Cuánto llevamos discutiendo de esto? ¿Cuántos informes más? ¿Cuánto más vamos a seguir dándonos este lujo de perder tiempo en una carrera tecnológica que la pandemia aceleró?”.
