El Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras, conocido como Paacume, costará al menos ¢10.096 millones más de lo previsto.

Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el sobrecosto obedece a que el Senara, ente encargado de desarrollar el proyecto, omitió “costos fundamentales” en la construcción de una casa de máquinas para generación eléctrica.

Tampoco se contempló el costo para cubrir las indemnizaciones producto del daño remanente de terrenos en las 17 expropiaciones necesarias para la ampliación del canal oeste y las obras de conducción y distribución en la margen derecha del río Tempisque, además de las áreas para reservorios en distintas comunidades y la indemnización para adquirir la Hacienda Ciruelas, cuyos terrenos compensarán el impacto biológico por la construcción del embalse Río Piedras.

El documento emitido por la CGR especifica que las expropiaciones mencionadas representan una inversión de ¢2.478 millones y la casa de máquinas tiene un costo de ¢7.618 millones.

En otros puntos señalados en la auditoría, también se indica que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) “no contabilizó beneficios por la generación de empleo y costos por contaminación, que se consideran externalidades en este tipo de proyectos”.

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Asimismo, no se consideraron las previsiones del recurso humano en el cronograma del proyecto, aunque esto era indispensable para estimar la duración de las actividades.

Según concluye la Contraloría, las omisiones expuestas responden a que el Senara no cuenta con una normativa interna relativa a evaluación de proyectos que defina el nivel de precisión necesario para fundamentar las estimaciones de ingresos y egresos de la iniciativa.

“En consecuencia, las evaluaciones financiera y social no permiten al Senara contar con información más precisa para estimar sus necesidades de contrapartida local y financiamiento del proyecto”, detalla el escrito.

Atraso

La estimación del órgano contralor es que la iniciativa tiene actualmente un atraso de 19 meses, debido a las debilidades de gestión en el cronograma.

Según detalla el documento, el inicio de la etapa de inversión estaba programado para marzo del 2018 y se tenía previsto entregar el estudio de impacto ambiental a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) el 7 de agosto del 2017.

Sin embargo, ese estudio se entregó en diciembre del 2017, cuatro meses después, y se calculó una duración de siete meses para la aprobación por parte de Setena. Para el 3 de febrero del 2019 solo se había entregado una viabilidad ambiental potencial, que no es definitiva.

Entre las debilidades de ese plan de trabajo también se destaca la no inclusión de algunos hitos y actividades en la fase de preinversión, tales como el cumplimiento de regulaciones y requisitos para incorporar el proyecto en el banco de iniciativas de inversión pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así como la ejecución y aprobación del estudio de perfil y la gestión y aprobación del estudio de prefactibilidad.

Además, señala que el cronograma no se ha actualizado con las fechas reales de ejecución desde que se hizo, en el 2015.

Este medio intentó conocer los motivos de las omisiones mediante una consulta a la gerenta del Senara, Patricia Quirós, quien inicialmente explicó que el proyecto tiene varios componentes, entre ellos turismo, producción y energía, y que específicamente el tema de la generación eléctrica no se incluyó dentro de la totalidad del costo de $425 millones estimados para el plan Paacume.

Sin embargo, una falla telefónica impidió ahondar más en el detalle de dichos rubros y no fue posible localizar a la funcionaria posteriormente.

Obras

Paacume incluye la construcción del embalse Río Piedras, nueva infraestructura en el canal oeste del Distrito de Riego Arenal Tempisque, así como la ampliación de 20 kilómetros desde el río Piedras (donde se ubicará el embalse) hasta el río Cabuyo, y también la construcción de 35 kilómetros de canal desde este último río hasta la comunidad de Palmira, en Carrillo.

Asimismo, se debe levantar la infraestructura necesaria en la represa para generar energía hidroeléctrica y una red de distribución de 300 kilómetros de canales en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

De acuerdo con el plan, el agua se repartirá en cuatro usos: 16,5 metros cúbicos por segundo para riego agropecuario, dos metros cúbicos para consumo humano, 1,5 metros cúbicos para riego en zonas turísticas y 36 gigawatts de generación hidroeléctrica anual.

En total, se beneficiarían 18.800 hectáreas con riego en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, mientras que el agua para consumo humano sería entregada por Senara a Acueductos y Alcantarillados en Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya.

El año pasado, el Gobierno anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un crédito por $425 millones para el desarrollo de ese plan.

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Sin embargo, el proyecto también requiere que el Congreso avale una ley para desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, las cuales serían inundadas; además, se necesita que el Gobierno aporte una contrapartida de $75 millones adicionales.