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El Gobierno considera factible mantener por tres meses más, pero con un alcance restringido, el bono Proteger si la Asamblea Legislativa aprueba el nuevo presupuesto extraordinario que planea enviar en los primeros días de julio.
Eso sí, según explicó Pilar Garrido ministra de Planificación, se implementará un nuevo método de selección por actividad económica para determinar a quiénes se les extiende el beneficio y a quiénes no.
“Habría una nueva modalidad de Proteger, que será anunciada próximamente, con un análisis más profundo que complemente las medidas sanitarias y la progresión de las medidas sanitarias, para definir cuáles sectores requieren el apoyo”, señaló Garrido.
La funcionaria no detalló cuántos subsidios vigentes se piensan extender ni cuántos bonos nuevos se otorgarán.
A la fecha, unas 958.000 personas solicitaron auxilio económico en la plataforma de Proteger, mientras que 533.000 beneficiarios han recibido al menos el primero de tres pagos del subsidio por ¢62.500 o ¢125.000.
Dicha ayuda fue creada para personas que fueron despedidas o que sufrieron una suspensión del contrato laboral o un recorte de su salario, así como para trabajadores independientes e informales cuyos ingresos cayeron debido a la pandemia de covid-19.
Recortes
Tal y como lo anunció este jueves el presidente de la República, Carlos Alvarado, Garrido reiteró hoy que el nuevo presupuesto extraordinario que enviarán al Congreso contempla ‘fuertes recortes’ en el gasto del gobierno.
El anterior plan de gastos fue rechazado el 9 de junio por los diputados. Este contemplaba una transferencia de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) para entregar más bonos Proteger a los trabajadores afectados por la crisis sanitaria.
Además, incluía ¢183.000 millones para la amortización de la deuda pública con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
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De ese mismo crédito se tenía pensado destinar ¢34.334 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de compensar la decisión de reducir la base mínima contributiva por la pandemia.
Y por último, se pretendía reducir los gastos del Gobierno Central en ¢62.453 millones, principalmente por disminución en el pago de intereses de deuda gracias a un canje de financiamiento interno por externo.
La mayoría de diputados que se opusieron a este presupuesto alegaron que mientras los ingresos por impuestos caen considerablemente, el Poder Ejecutivo no se había tomado en serio la necesidad de recortar el gasto.
En el nuevo presupuesto, el gobierno no solo prevé incorporar recursos para los bonos Proteger, sino también la transferencia a la CCSS, cuyos ingresos por cargas obrero-patronales también se han visto disminuidos por la crisis.
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