Abril de 1982. Las naciones de todo el mundo intentaban recuperarse de las recesiones económicas de los años 1974 y 1980. Mientras tanto, en la diplomacia decenas de Estados seguían de cerca el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por las islas Malvinas.
Para Costa Rica, aquel mes del 82 no solo fue el último de la administración de Rodrigo Carazo, que en pocos días cedería la presidencia a Luis Alberto Monge.
Aquel abril, específicamente el martes 27, fue también cuando se inició la huelga más grande que registra la historia del país.
Fueron 42 días de paro del cuerpo médico como medida de presión para recibir un pago extra mensual de ¢2.000 (25,3% de aumento salarial, pues la paga promedio era de ¢7.800), pero cuyo resultado no solo fue la obtención de ese incremento, sino también la promulgación de una ley de incentivos que ahora, 30 años después, le cuesta millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante el mes y medio que se prolongó el movimiento no hubo atención en 58 clínicas, y las emergencias llegaron a ser atendidas únicamente en tres hospitales (San Juan de Dios, Grecia y Turrialba).
Contexto. Aquel paro causó una de las primeras crisis en salud.
Eso, pese a que la huelga fue declarada ilegal y hasta se denunció penalmente a 400 médicos por “abandono de trabajo”.
Se trataba de afiliados a los sindicatos que lideraban las estrategias de presión: el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja (Siprocimeca) y la Unión Médica Nacional (UMN).
La demanda de los ¢2.000 adicionales por mes se debió al incumplimiento, por parte de la Caja, de crear una cooperativa de consumo para sus funcionarios, recordó Guido Miranda, presidente ejecutivo de la entidad en aquel entonces.
Esos ¢2.000 –que hoy equivaldrían a ¢103.682 dentro del salario base de poco más de ¢800.000 para los médicos–, los aprobó la Junta Directiva en febrero de 1982.
No obstante, la Contraloría General de la República se trajo abajo el acuerdo, amparada en la norma 72 del Presupuesto Nacional, que establecía que las alzas en los entes autónomos no podían superar las que decretara el Gobierno Central (¢1.300 en ese entonces).
Carazo envió al Congreso un proyecto de ley con el aumento, pero la fracción opositora de Liberación Nacional logró frenarlo y eso desencadenó la huelga médica.
Finalmente, los nuevos diputados aprobaron, en diciembre de 1982, la Ley N.° 6. 836 con los incentivos. Hoy la Caja enfrenta más de 2.000 juicios por el supuesto pago incompleto de sobresueldos, lo cual le costaría ¢174.000 millones y la sumiría de nuevo en una crisis.
En el 2010 la Organización Panamericana de la Salud determinó que la crisis de la CCSS era, en gran parte, por el pago de pluses y incentivos salariales, que consumen el 41% del gasto por el rubro de salarios en Caja.