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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó la apertura de los primeros procedimientos disciplinarios en contra de 27 funcionarios que rechazaron vacunarse contra la covid-19.
Desde el 22 de octubre anterior, entró en vigor un decreto ejecutivo que extiende la obligatoriedad de la vacuna a todos los funcionarios del sector público y a aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, incorporen dicha protección como un requisito.
La oficina de prensa del ICE indicó, además, que la semana pasada inició el proceso para registrar información del personal sobre aplicación la tercera dosis. La entidad confirmó que un 93,1% de su planilla tiene dos dosis de vacunas aplicadas (esquema completo).
El restante 6,9% de los trabajadores (unas 800 personas) no cuenta con el esquema completo contra la covid-19. El Instituto contaba, marzo del año anterior, con una panilla de 11.869 trabajadores.
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Según el decreto, quienes rechacen las dosis debían ser sometidos primero a campañas de sensibilización. Si luego seguían negándose a recibir el tratamiento, podían encarar una denuncia por incumplimiento de normativa y medidas sanitarias ante el Ministerio Público.
La directriz establece que los patronos deben dar un plazo para que los empleados puedan vacunarse y. además, tenían que informar con antelación de las sanciones posibles. El ICE no aclaró qué tipo de sanciones aplicaría.
La única justificación para no aplicarse la vacuna es presentar una contraindicación médica debidamente certificada.
A noviembre anterior, todos los ministerios e instituciones públicas debían presentar al menos dos informes sobre el avance de la inoculación de su personal manteniendo absoluta confidencialidad de la identidad de las personas y en apego al debido proceso.
