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La apertura eléctrica es un tema sobre el cual el ICE se resiste a hablar.
Así lo admitieron representantes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con el argumento de que tienen dudas de que una mayor participación de generadores privados provoquen una reducción de tarifas para los consumidores.
Este reconocimiento lo hicieron representantes de la empresa estatal, la noche del miércoles, durante el encuentro que organizó Lead University, como parte de la serie Debates Inteligentes.
“Efectivamente los sistemas eléctricos deben evolucionar y rápido. A veces se nos percibe como dinosaurios; como unos lagartos muy tiesos. Tal vez tienen razón y sí: debemos evolucionar, pero solo la apertura no garantiza rebajas”, expresó Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del Instituto.
La oposición de Orozco fue respaldada por Carlos Solano, excoordinador de la Comisión Eléctrica del ICE en la discusión con Marielos Alfaro, ingeniera y exdiputada (2010-2014) y Enrique Egloff, empresario y presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica; quienes defendieron la necesidad de liberar el mercado.
La actividad, precisamente, partió de la premisa de que para poder competir, Costa Rica debe abrir el límite de generación privada de electricidad.
Al inicio, del público presente en el auditorio de Lead University, en Pavas, un 42% apoyó esa tesis y un 47% la rechazó, mientras que un 11% no respondió o no supo.
Actualmente, los generadores privados no pueden aportar más del 15% de la energía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, se les impide construir plantas con fuentes limpias de más de 50 Megavatios (MW) de capacidad según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela (Ley 7.200 de 1990) y sus reformas de 1995.
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Posted by LEAD University on Wednesday, April 18, 2018
Según Orozco, la participación privada no ha contribuido en el tiempo a reducir las tarifas y, otorgarle más participación, tampoco lo hará.
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La tesis del funcionario es que el costo de cada kilovatio, sea de origen privado o del ICE, no se compone solo del costo de generación. Deben sumarse los cargos de transmisión y distribución que tildó de “indispensables” para asegurar el suministro eléctrico ante la variabilidad de fuentes limpias, como son el viento y la luz solar.
“El costo de la generación privada no puede compararse con el del servicio eléctrico, al ser dos cosas distintas, a menos que se le cargue al primero el valor económico de dicho respaldo. Aumentar los límites de generación privada, no necesariamente es la solución”, insistió Orozco.
El directivo también recordó que hoy los dueños de plantas privadas ya amortizadas mantiene intactos sus costos de generación en vez de trasladarse esto a las tarifas. En el caso del ICE, por ley, eso sí se transfiere al recibo mensual de los usuarios.
Carlos Solano, recordó que el país apostó por una generación limpia y renovable donde el sector privado ha hecho un aporte importante junto al ICE. Por eso, insistió en descartar que exista un monopolio público en el mercado.
Señalamientos al ICE
El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, contradijo aquellos argumentos al plantear que el Instituto no ha traducido sus propias inversiones en tarifas más cómodas.
Para el año 2016, dijo, el SEN tenía una capacidad de generación instalada de 3.467 MW, contra una demanda máxima de 1.675 MW. Esto supone 52% de sobrecapacidad.
Egloff recordó que distintas entidades públicas han confirmado que los proyectos desarrollados por el Instituto “terminaron costando más que proyectos de reciente construcción en países vecinos".
"Terminaron costando mucho más de lo planeado cuando se tomó la decisión de realizarlos sin ninguna consecuencia para los responsables de esas decisiones”, expresó el empresario.
Esta situación, a su juicio, disparó las tarifas en últimos años y ha empujado a más empresas a dejar de operar en Costa Rica o a reducir su consumo mediante la instalación de paneles solares propios para buscar el ahorro.
Tal situación, explicó, crea un circulo vicioso que deprime la demanda y lleva al ICE a solicitar aumentos de precios cada vez más altos para así costear los gastos que generan sus inversiones.
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Según sus argumentos, en un sistema privado, el riesgo de invertir en las plantas lo corre el inversionista, en un sistema público, el consumidor y el Estado.
“Cerrar los ojos a este círculo vicioso es el camino al fracaso”, sentenció.
Alfaro, por su parte, acusó al ICE de desviar la discusión sobre la apertura menos en términos de qué conviene a los consumidores y más en cómo afecta al ICE, al margen de los cambios en la tecnología y necesidades de los grandes consumidores de electricidad; en referencia a los industriales.
Para Alfaro, no hay espacio ni para conversar sobre generación distribuida porque, afirma, todo se vuelve un tema ideológico que pasa por lo que afecta o no al ICE, aun y cuando se trata de un debate técnico. Mientras, insistió los consumidores se quedan sin opciones y el país sin competitividad.
Al concluir el debate, hubo un cambio drástico en la opinión de los asistentes. El 87% apoyó la posición del ICE y solo un 13% respaldó la apertura.
