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El Grupo ICE manifestó su respaldo al proyecto de ley que pretende abrir el mercado eléctrico, actualmente manejado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en condición de monopolio.
Se trata de la iniciativa denominada Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que se tramita bajo el expediente legislativo N.° 23.414. El plan fue presentado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en octubre del 2022 y, en su versión inicial, proponía retirar la potestad del Instituto para decidir qué obras de generación eléctrica se llevarían a cabo en el país, así como la que tiene sobre el despacho eléctrico nacional diario.
Posteriormente, el texto fue ajustado por las diputadas Daniela Rojas Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Kattia Rivera Soto, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La segunda versión incluye la creación del mercado eléctrico nacional (MEN), donde se realizarían transacciones de compra y venta de energía entre agentes mayoristas. Allí, las empresas públicas y privadas celebrarían contratos en un entorno que también permitiría transacciones de bienes, servicios, activos financieros y otros recursos del sector eléctrico.
“Lo creemos un proyecto necesario y lo he expresado en varias ocasiones. Sostengo esto porque tenemos un marco legal, a mi criterio, obsoleto”, expresó Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Grupo ICE, durante su participación en el foro organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el pasado 21 de marzo.
Bajo tal esquema, todas las distribuidoras de electricidad seguirían operando con precios regulados para sus clientes finales, bajo la supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Sin embargo, el mercado eléctrico nacional, o MEN, lo supervisaría el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una nueva figura que sería responsable de garantizar la igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado, ya sean públicos o privados.
El Plan de Expansión de la Generación, que es la hoja de ruta para determinar la construcción de nuevas plantas eléctricas en el país, también lo desarrollaría el Ecosen en consulta con los agentes del sector e interesados.
La iniciativa de ley ingresó el 5 de febrero a la agenda del plenario legislativo. Serán los diputados quienes decidan si el plan será prioridad o no, en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que se inicia el 1.° de mayo.
¿Por qué el ICE apoya el proyecto de ley?
Para explicar la razón de su respaldo al plan, el jerarca del ICE explicó que la demanda eléctrica obligará a realizar inversiones de varios miles de millones de dólares en la próxima década, montos que el Instituto no puede asumir en solitario, pues la capacidad de endeudamiento posible sería de $1.100 millones.
La legislación de fortalecimiento de la entidad autónoma –Ley N.° 8.660– dicta que el límite de endeudamiento permitido para el ICE y sus subsidiarias es del 45% de sus activos.
“Para los próximos 10 años, el país necesita como $3.000 millones en inversión, solo en generación. El ICE también tiene la transmisión eléctrica, que requiere de cientos de millones de dólares. Si usted empieza a sumar, no cierran los números: o uno quiebra el ICE o deja al país sin electricidad”, expresó.
Por esta razón, según Mora, es necesario que todas las empresas eléctricas, junto con el sector privado, trabajen al unísono para cubrir esas inversiones en un esfuerzo compartido que calificó como “imperativo en este momento”.
“Y habrá espacio para todo el mundo. Nosotros seguiremos teniendo muchísima participación y ya somos la empresa dominante. Pero se necesitan más actores invirtiendo en el país”, aseguró.
El funcionario destacó aspectos positivos del modelo eléctrico actual que, según su criterio, se deberían mantener en una nueva legislación, como por ejemplo, la gran cobertura del servicio tejida con redes, principalmente del ICE.
No obstante, para él, “debe existir más objetividad” en la planificación eléctrica del país (hasta hoy, en poder del ICE) e hizo referencia al nuevo papel que asumiría el Instituto en caso de aprobarse este proyecto.
“La planificación no puede estar dentro del ICE. porque es una empresa más. Pero, entonces, ¿deberá ser el ICE responsable de abastecer la demanda eléctrica del país? No, porque ya se abriría el mercado. El ICE tiene que competir, porque ni el propio Instituto hará sus plantas a su manera; ahora responderá a una política nacional y planificación de ese tipo, y eso está bien”, comentó.
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ICE no será ‘juez y parte’
Para la diputada Cambronero Aguiluz, de aprobarse el proyecto, se evitaría que el ICE decida construir plantas eléctricas a cualquier costo y luego lo traslade al usuario en la factura.
Según la congresista del PLP, se despojaría al Instituto de ese papel de juez y parte, porque toda obra tendrá que ser aprobada luego de un análisis colegiado y una planificación de las necesidades energéticas.
Cuando tales necesidades impliquen levantar nuevas plantas, esos proyectos se licitarían y ahí habría una oportunidad para que el ICE u otros interesados participen.
La diputada también insistió en la urgencia de esta apertura, porque el Estado y el ICE no tienen el músculo financiero para tal nivel de inversión.
“No podemos permitir apagones, o que se alejen las industrias, o que nos suban las tarifas por un asunto ideológico”, aseguró.
Rivera Soto, del PLN, confirmó que el ICE conservará la prioridad en la generación térmica (a base de hidrocarburos) y los embalses hídricos de respaldo, pero ya no dirigirá ni controlará el mercado.
Eso sí, insistió en que el plan apunta a una transición equilibrada y responsable, sin comprometer la sostenibilidad del ICE o de las distribuidoras.
Lo que se busca, afirmó, es que el Ecosen atienda el mercado de subastas abiertas de energía, en su calidad de ente técnico e independiente, de manera que los oferentes, dentro de la lógica de un mercado mayorista de contratos, se obliguen a rivalizar por precio, en tanto vuelven más eficientes sus costos de generación.
“Tanto el ICE como las distribuidoras están de acuerdo con esta medida, lo que sugiere un consenso en la búsqueda de un sistema más eficiente y beneficioso para todos los involucrados”, dijo Kattia Rivera.
La diputada Rojas Salas, del PUSC, indicó que la idea de flexibilizar la compra y venta de electricidad en grandes volúmenes, entre el ICE, cooperativas de electrificación, municipalidades y empresas privadas, nace de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ella recordó que el papel del ICE, como juez y parte en el sector, ha sido cuestionado durante años por la ausencia de reglas claras para el despacho de energía. Incluso, por la Contraloría General de la República, recordó.
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Con el Ecosen, explicó la socialcristiana, se otorgaría independencia a las decisiones del sector para que sean dirigidas por un ente ajeno al operador dominante, que es el ICE, pero sin dejar al Instituto y otras distribuidoras por fuera de las decisiones.
“Esta medida responde a las mejores prácticas de industrias eléctricas en el mundo. No es ninguna afectación o ensañamiento en contra; es parte de lo que el país necesita para atraer más inversión extranjera directa y fomento a los sectores productivos nacionales”, concluyó.
Proyecto de mercado eléctrico aún puede mejorar
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), dijo que el proyecto es muy importante porque introduce reformas que impulsan la competitividad de un sector estratégico para la economía.
Pero, en su criterio, el texto sustitutivo aún puede mejorar en aspectos como definiciones, la especificación de los entes y actores del mercado eléctrico, la independencia entre el ente administrador de sistema (Ecosen) y el mercado eléctrico, así como la descripción de sus funciones como rector.
Otras mejoras, opinó, incluyen precisar más cómo sería la planificación de la expansión eléctrica, los procesos de subasta de energía y la habilitación de los agentes del MEN.
Incluso, considera necesario agregar aclaraciones frente a otras legislaciones que serían afectadas por una futura ley como esta, para impedir potenciales antinomias normativas a la interpretación de la Administración.
“Las mejoras y ajustes se pueden discutir y resolver en próximos espacios del proceso legislativo, sin perder de vista la importancia de aprobar una reforma necesaria y largamente esperada para beneficio de los usuarios finales y la economía”, señaló.
