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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó este jueves que hace años sostiene negocios en el mercado de telecomunicaciones de Nicaragua con una empresa ligada al régimen represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalado por arresto de opositores, cierre de medios de comunicación y decenas de muertes durante una violenta contención de manifestaciones populares durante el 2018.
Al régimen Ortega-Murillo se le atribuye la muerte de entre 450 y 535 personas según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ocurridas durante las protestas en el 2018.
También, es responsable de la detención ilegal de opositores políticos y líderes religiosos, e incluso la expulsión a Costa Rica de un grupo de misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta.
La empresa pública de los costarricenses y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica de Nicaragua (Enatrel) conforman un negocio conjunto con domicilio en Managua denominada Tecomunica S.A., la cual vende servicios de telecomunicaciones.
La empresa conjunta opera bajo la marca comercial Teko que ofrece servicios de Internet inalámbrico, televisión digital y versiones de estos mismos servicios para empresas.
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Como parte de su participación, el ICE tiene ¢7.831 millones puestos en esa inversión junto a una empresa nacional ligada a autoridades políticas a quienes la Unión Europea (UE) reprochó el año pasado un “deterioro de la situación política en Nicaragua”.
De paso, el bloque europeo condenó las acciones “contra partidos de oposición, prensa, periodistas y trabajadores de medios, defensores de derechos humanos y la sociedad civil”.
50% de participación
La empresa nacional de costarricense tiene 500 acciones comunes valoradas en $101.000 cada una. Esto le otorga al ICE el 50% de participación en Tecomunica S. A.-Nicaragua, revelan los estados financieros del Grupo ICE al cierre del 2021.
Además, el proveedor costarricense de telecomunicaciones y electricidad posee 6.061 acciones cada una valorada en $1.000 en la llamada Empresa Propietaria de la Red S. A., que maneja la red de trasiego de Internet gracias a la cual son posibles las operaciones de Tecomunica S. A.
Esto le reporta al ICE 10,36% de participación en el capital accionario de esa otra firma ligada al Gobierno de Nicaragua.
Según el Artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660), el ICE puede constituir y capitalizar empresas, filiales y sucursales, tanto en el territorio nacional, como fuera de él, con el fin de cumplir los propósitos que señale el ordenamiento jurídico.
En 2016 inició las operaciones de Tecomunica en Nicaragua
— Grupo ICE (@GrupoICEcr) December 30, 2019
Esto permitió:
📌 Una alianza con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).
📌 Ofrecer internet inalámbrico, televisión digital y servicios empresariales.#70Aniversario #SomosGrupoICE pic.twitter.com/uTfzcyoGlR
Este viernes, el ICE emitió un comunicado en el cual reconoció su presencia desde hace años en dicha firma, formalizada en el 2013 en Nicaragua, en lo que denominó “el mercado competitivo de las telecomunicaciones”. Tecomunica S. A. arrancó operaciones en el 2017.
En su comunicado, el ICE evitó referirse a su vinculación con un gobierno blanco de tantos señalamientos, para el cual el país ni siquiera ha nombrado embajador, según la decisión informada por el canciller Arnoldo André, en junio pasado, luego de que Ortega expulsara de su país a la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El Instituto sí indicó en su comunicado que, “como parte del análisis de cartera que está siendo realizado por la presente administración, se valoran las inversiones del Instituto, tanto a nivel nacional como internacional”.
Oposición condena negocio
El vínculo empresarial del ICE generó este jueves la condena de la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista.
“Enterarnos de que una empresa estatal como el ICE coloca capital de los costarricenses en compañías del dictatorial régimen de Daniel Ortega, nos genera una profunda preocupación y molestia como diputados y ciudadanos que creemos en la democracia y la libertad”, expresó el grupo de diputados en un comunicado.
Para los congresistas, el ICE, al ser una empresa pública, debe seguir una línea de inversión ética lo cual riñe con la decisión de asociarse con el régimen orteguista en un negocio como el de las tecnologías de la información, las cuales “son precisamente utilizadas para espionaje y control de sus ciudadanos”.
Además,consideraron que el ICE arriesga recursos públicos en un país que no ofrece ninguna seguridad jurídica.
“No podemos olvidar que hoy hay en Nicaragua más de 200 presos políticos, incluyendo miembros del clero y prácticamente todos los excandidatos presidenciales (...) más de 300 nicaragüenses asesinados por el régimen durante las manifestaciones del 2018″, recalcaron los diputados.
Para la bancada, las actuales autoridades del ICE y el Gobierno deberían cancelar “este nefasto legado de las administraciones del Partido Acción Ciudadana en respeto de la larga tradición democrática, de tolerancia y de libertad de nuestro país”.
Los diputados del PLP adelantaron que tomarían acciones acordes a las leyes y reglamentos nacionales para pedir cuentas sobre esta “aberrante y vergonzosa decisión” la cual, declararon, coloca a Costa Rica en una posición delicada ante la comunidad internacional.
