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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) compró tiquetes de avión para un viaje que realizará a Londres su presidente, William Rodríguez López, por un monto que supera en $5.262 la cotización original que hizo la agencia de viajes contratada para el servicio.
La diferencia de precios fue admitida por el propio ministro de Turismo en un comunicado emitido el jueves.
Según Rodríguez, el costo inicial del boleto se basó en una cotización de la empresa Viajes Ejecutivos Mundiales S. A. (Vemsa), enviada a su despacho el 9 de julio. El precio promedio para un vuelo directo en clase ejecutiva con British Airways era entonces de $3.674.
No obstante, el 21 de agosto, el ICT desembolsó $8.936 a Vemsa, lo que representó un aumento de $5.262 respecto al monto inicial cotizado 43 días antes. El jerarca atribuyó dicho incremento a las fluctuaciones del mercado de boletos aéreos.
“Esta situación refleja un fenómeno común en los procesos de contratación pública, donde las cotizaciones iniciales están sujetas a cambios debido a factores externos, como la oferta y demanda del mercado, especialmente en la compra de boletos aéreos”, explicó en su declaración.
Rodríguez tiene planeado asistir a la feria World Travel Maket, en Londres, Inglaterra, del 2 al 9 de noviembre.
Conforme a una revisión realizada por La Nación en la plataforma de compras de la aerolínea British Airways, el costo actual de un itinerario con las mismas condiciones de clase y fecha es inferior al monto pagado por el ICT.
El pasado 17 de octubre, el tiquete a Londres costaba $8.392. La mañana de este viernes 18 de octubre salía en un dólar más. Estas tarifas representan $544 y $543 de diferencia, respectivamente, frente al precio pagado por el Instituto en agosto.
Además, La Nación encontró un boleto en clase ejecutiva y con vuelos directos a un precio de $3.232, volando el 31 de octubre y regresando el 5 de noviembre.
Este viernes también se consultó a Viajes Ejecutivos Mundiales S.A. (Vemsa) por la variación en el precio del tiquete en el lapso de 43 días.
Allan Rodríguez Jenkins, presidente de Vemsa, indicó por correo electrónico que su empresa ha sido proveedor del gobierno por muchos años y todas las cotizaciones que realizan tienen que ser previamente aprobadas por los clientes, antes de la emisión de los boletos.
“Las líneas aéreas hoy en día tienen un parámetro de tiempo entre la cotización y la emisión del boleto, por lo que las condiciones siempre pueden variar si no se compra en el tiempo establecido por ellos”, explicó.
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Diferencias de precios en Sicop
El caso de los boletos aéreos de Rodríguez López no es un incidente aislado. Según los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el ICT ha realizado varias adquisiciones de tiquetes con diferencias de precios.
El 9 de octubre, el Instituto publicó el concurso 2024LD-000128-0001200001 para adquirir cinco boletos en clase económica a Madrid, con salida el 19 de octubre y regreso el día 24.
Aunque la empresa Corporación Mejitravel S. A. ofreció el servicio por ¢5,2 millones (aproximadamente $10.000), la entidad adjudicó el contrato a Vemsa, que lo cotizó en ¢10,3 millones ($19.300).
Un caso similar ocurrió el 26 de setiembre, cuando el ICT necesitaba tres boletos para viajar a Las Vegas del 6 al 11 de octubre. Vemsa cotizó el servicio en ¢3,7 millones ($7.200), mientras que otra empresa lo ofreció por ¢1,9 millones ($3.726). El contrato fue otorgado finalmente al primer proveedor.
Otro ejemplo se dio el 27 de agosto, cuando el ICT publicó el concurso 2024LD-000117-0001200001 para adquirir dos tiquetes a Panamá, con fechas del 6 al 11 de octubre. Vemsa cotizó el servicio en $1.019,7, mientras que otra empresa lo ofreció en $775. Nuevamente, Vemsa resultó adjudicataria.
Desde febrero de este año, la Auditoría Interna del ICT detectó posibles irregularidades en la adquisición de boletos aéreos debido al incumplimiento de las normas que rigen estas compras.
El informe AI-C-01-2024, solicitado por la Junta Directiva del Instituto en octubre de 2023, advierte sobre la falta de control en los criterios de razonabilidad del precio y señala la posibilidad de que se estén pagando montos excesivos.
El documento destaca que “no se verifica que los criterios técnicos de razonabilidad del precio se ajusten a la normativa, especialmente cuando solo se recibe una oferta”, lo que limita la transparencia y equidad en los procesos de compra.
Además, advierte de que la falta de estudios de mercado adecuados y la dependencia de un único proveedor han expuesto al ICT a realizar pagos por montos que superan los precios promedio del mercado, con el riesgo de comprometer la eficiencia en el uso de los fondos públicos y abrir la puerta a posibles prácticas fraudulentas.
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