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Las madres que consigan un empleo que las aleje de la línea de pobreza ya no tendrán que sufrir la expulsión de sus hijos de la Red de Cuido Infantil.
Un criterio de la Procuraduría General de la República, emitido el 20 de febrero, permitirá corregir las reglas absurdas que obligaban a la Red a excluir a los menores de madres pobres que conseguían trabajo y por lo tanto recibían un salario.
La información fue confirmada este miércoles por el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez.
El problema reside en el hecho de que el Estado considera bajo la línea de pobreza a los hogares con ingresos menores a ¢105.000 por mes por cada miembro de la familia.
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Bajo ese concepto, calificará como pobre una mujer con un hijo cuyos ingresos sean menores a ¢210.000 por mes. Sin embargo, si los ingresos fueran mayores, estaría por encima de la línea de pobreza, y por lo tanto no podría recibir el subsidio de la Red de Cuido.
Con el nuevo criterio, si esa misma mujer encuentra un empleo y sus ingresos superan los ¢210.000 mensuales, pero sin llegar a los ¢331.000, podrá gozar del beneficio.
De acuerdo con la Procuraduría, ese derecho solo podrá quitarse cuando se demuestre que la situación de pobreza ha sido superada de manera permanente.
Bermudez celebró el pronunciamiento del asesor jurídico del Estado, pues les permitirá implementar un modelo de pago compartido. Este consistiría en que el Estado cubría un porcentaje del costo y la madre otro, según sus posibilidades. Los detalles de esa modalidad serán anunciados en el segundo semestre del año.
“Esa situación (la exclusión por conseguir un empleo) generaba lo que nosotros llamamos una trampa de la pobreza. ¿Por qué? Resulta que las mujeres brincaban ese parámetro (la línea de pobreza) y las ponía en la gran disyuntiva de decidir si se mantenían trabajando o asumían el costo completo del cuidado de los niños, que es de ¢131.000 por niño o niña”, declaró el jerarca del IMAS.
En la actualidad, la Red de Cuido atiende a cerca de 60.000 menores, que incluyen los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), bajo administración de las municipales; los Cen-Cinái del Ministerio de Salud, los Hogares Comunitarios, centros de cuido privado y los Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (Cidai).
“Muchas veces, casi que el salario completo que recibían las jefas de hogar se iba en el pago del cuido (¢131.000) o decidían renunciar para mantener a sus hijos en una alternativa de cuido”, agregó Bermúdez.
La meta del Poder Ejecutivo es llegar a 93.000 menores dentro de la Red Nacional de Cuido en 2022.
