En medio de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) pide a los diputados aprobar el proyecto de ley que autoriza el cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) con el objetivo de generar ahorros y tener más recursos para ayudar a estudiantes pobres.

Desde el año anterior, Fonabe solo administra el 4% de las ayudas que algún día tramitó. En sus oficinas solo quedan 30 funcionarios y otros 34 están a préstamo en diversas entidades públicas.

Mantener su cascarón cuesta ¢74 millones al mes en salarios y sus costos totales de operación superan los ¢2.100 millones anuales.

Dichos costos impiden abrir, según Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, 4.250 nuevas becas para estudiantes de preescolar y primaria de escasos recursos.

El jerarca señaló que la crisis económica provocada por el covid-19 amenaza los ingresos salariales de muchas familias, en especial las que son lideradas por mujeres.

Sostuvo que la situación también pone en riesgo la liquidez de los programas sociales, pues ellos se financian con los aportes que los patronos hacen al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Ante esa situación, el IMAS se une al coro de voces que claman a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto de ley 21.344, el cual autoriza el cierre definitivo de Fonabe.

Semanas atrás, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y hasta el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, pidieron lo mismo a los legisladores.

“Si bien, ya hoy, el Fonabe es un cascarón institucional, el objetivo que está detrás de esto es poder llevar más protección social, más garantía a las familias que tienen a los niños en escuelas y colegios de que su condición socioeconómica no será una razón para que tengan que sacarlos de estudiar”, dijo Bermúdez.

De acuerdo con los cálculos de Bermúdez, cerrar Fonabe produciría un ahorro de ¢1.000 millones solo en el año posterior al cese de operaciones.

“Esta amenaza de liquidez (producida por el covid-19) en los programas de protección social brinda especial acento de relevancia a aquellas iniciativas legislativas que pueden garantizar fuentes de recursos complementarios a las instituciones de sector social.

"Me refiero al plan Proteger (subsidios para asalariados afectados económicamente por la emergencia sanitaria), al proyecto para fortalecimiento del Régimen No Contributivo de la CCSS con los recursos generados por la contribución solidaria de las pensiones de lujo y, sin duda, los ahorros que se generarían con el cierre de Fonabe”, añadió Bermúdez.

Al mínimo

Desde julio de 2019, Fonabe funciona al mínimo, pues el IMAS creó el programa Crecemos y absorbió los 200.000 beneficiarios que recibían becas de esa institución para centralizar el sistema de subsidios a escolares, procurar una mayor eficiencia y evitar duplicidades.

Para la atención de esos 200.000 estudiantes, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) trasladaban a Fonabe ¢50.000 millones al año, aproximadamente.

Ahora, bajo el programa Crecemos, el MEP y Fodesaf seguirán financiando las asistencias económicas.

La Nación visitó, semanas atrás, las instalaciones de Fonabe y comprobó el poco movimiento en sus oficinas. En la plataforma de servicios solo permanecían cinco funcionarios a cargo y el personal de seguridad.

“Con esto (el cierre de Fonabe) se consolida por ley un único sistema de transferencias monetarias para la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo costarricense”, aseveró Bérmudez.

El presidente ejecutivo del IMAS agregó que las becas administradas aún por el Fonabe están asignadas a universitarios o parauniversitarios, lo cual es contraproducente, pues las universidades públicas y otras entidades gubernamentales destinan dinero para ese tipo de estudiantes.

“Ya el país entrega una buena parte de los recursos públicos al financiamiento de becas en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en universidades públicas por medio del Fondo Especial de Educación Superior. Aquí debemos ordenar y concentrar los recursos de Fodesaf en atención de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria”, señaló el jerarca.

¿Cómo avanza?

El proyecto de ley para cerrar Fonabe fue presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2019. El expediente está en manos de la subcomisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa a la espera de un dictamen y luego pasaría a discusión en el plenario.

Catalina Montero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), comentó que el texto está en revisión y espera que se dictamine en las próximas semanas para que pase al plenario legislativo.

La congresista aseguró que existe consciencia entre los diputados sobre la inconveniencia de mantener operando Fonabe bajo las condiciones actuales.

Además de formalizar el cierre de Fondo, el proyecto de ley establece varios transitorios para asegurar que los beneficiarios actuales no se vean afectados en el futuro.

Sobre ese punto, el plan señala que todas las personas que reciban becas de posecundaria o por mérito personal mantendrán esa asistencia hasta finalizar el ciclo lectivo que cursan o hasta por un máximo de cinco años.

También menciona que los funcionarios de Fonabe deberán pasar al MEP o, en su defecto, finalizar la relación laboral cancelando todos los extremos laborales. Además, fija las reglas para el traslado de base de datos y otros trámites necesarios.