“Se vende todo número”. Así reza un enorme rótulo colocado en una venta de artículos de limpieza o “pañalera”, ubicado en un cantón josefino, el cual también ofrece tiempos “digitales, nacional, dominicana, Panamá, nica, New York y parley”.

El menú de juegos disponibles va acompañado con la imagen del gordo navideño de la Junta de Protección Social (JPS).

La escena se repite en sodas, salones de belleza, salas de máquinas de juego y hasta en carnicerías de cantones del área metropolitana como Moravia, Goicoechea, Montes de Oca, Tibás, Desamparados y es el reflejo de la proliferación desmedida de los sorteos ilegales de lotería en los últimos cinco años.

Algunos locales incluso muestran en sus ventanillas los horarios de los diferentes sorteos internacionales, el porcentaje de retribución que suele ir de 80 hasta 95 veces la inversión o la mecánica que se aplica en juegos como el llamado “parley” que dice pagar 500 veces lo apostado.

La expansión de los juegos clandestinos fue confirmada por un reciente estudio contratado por la Junta, el cual detalla que las ganancias generadas por ese negocio crecieron en un 75% durante los últimos tres años y que solo el año pasado se movieron ¢175.000 millones.

Dicha cifra también representa una diferencia de ¢58.000 millones con respecto a las utilidades registradas por la JPS en ese mismo período.

LEA MÁS: Premio acumulado le trajo buenas ganancias a la JPS en el 2018

Cuatro jugadores, consultados por La Nación tras realizar compras en distintos puntos del centro de Guadalupe y que no quisieron ser identificados, coincidieron es que el monto de los premios tiene un gran peso a la hora de elegir entre los juegos de la Junta o alguno otro.

De hecho, el estudio que se realizó entre octubre y noviembre del 2019, reveló que el 84% de los sorteos ilegales operan en combinación con loterías de Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos, así como con las llamadas “criollas” que utilizan los números que saca la JPS para pagar sus premios.

Asimismo, el documento menciona que en una muestra de 350 jugadores de lotería consultados, un 46% reconoció que compra juegos no oficiales y un 59% mostró disposición a comprar en el futuro.

Para Marilyn Solano, gerenta general de la Junta, el principal impacto de la lotería clandestina es que el paradero del dinero es completamente desconocido, cuando esos recursos más bien podrían ser distribuidos entre los beneficiarios sociales que atiende la institución con sus utilidades.

“Hay un mercado que con novedosos productos y acciones creativas hemos estado luchando por aumentar. Se ha logrado levantar ventas, pero sin duda la utilidad sería mayor si no existiera ese negocio ilegal”, agrega la presidenta de la institución, Esmeralda Britton.

Impedimento legal

El principal problema que afronta la JPS es que no cuenta con un marco jurídico para combatir la venta ilícita de lotería y, además, dispone de solo cinco inspectores para todo el país.

Aunque la entidad reconoce estar atada de manos legalmente para frenar ese mercado oscuro, la gerente de producción Evelyn Blanco niega que se esté ante una situación incontrolable y asegura que la competencia basada en la innovación de sus productos es su arma más efectiva, hasta ahora.

“Que si ha crecido, sí ha crecido, sin embargo en las últimas estrategias que hemos implementado, por ejemplo los tiempos reventados, hemos tenido una recuperación del mercado que ya se ve en mes y medio de implementación (...). Hemos tenido una recuperación de casi más del 20% del producto”, aseguró Blanco.

Según dijo, desde que los juegos ilegales empezaron a proliferar la JPS empezó a tomar medidas, siendo la más exitosa de ellas el lanzamiento del famoso “acumulado”.

Esa estrategia, aseveró, les permitió resucitar los chances, que estaban incluso a punto de ser eliminados, al punto de colocarlos como el producto número uno en la actualidad, con menos de un10% de devolución.

“La Junta tiene controlado el mercado. Sabemos que hay una competencia muy fuerte, pero precisamente incontrolable sería que nosotros no estemos generando utilidades y año a año hemos venido generando más utilidades, incontrolable no es la palabra porque sería que no tenemos nuevos productos”, puntualizó Blanco.

A criterio de la gerente, la diferencia entre lo que históricamente se conoció como un negocio clandestino y criollo, es que ahora es descarado. Indicó que ese destape se empezó a hacer más notorio en el 2013, precisamente cuando la JPS lanzó la lotería electrónica.

“Sin embargo hay una situación con lo ilegal, nosotros tomamos una acción y ellos nos la copian. Ahorita estamos esperando que nos copien tiempos reventados pagando 200 veces, pero eso va a quebrar muchas bancas porque pagar 200 veces es una estructura compleja”, detalló.

De hecho, las autoridades de la JPS comentaron que la institución ha sido víctima de plagio hasta en los sistemas operativos que utilizan en las terminales para entregar los comprobantes de juego.

“Ellos tienen tecnología, de hecho habían empezado con una llave maya que la andaban vendiendo. Se la daban a los puestos y copiaban los recibos, nosotros abrimos puntos y ellos abren más puntos, nosotros ponemos uno pagando 70 veces, pero ellos tienen tres, cuatro donde pagan 80, 90 y hasta 100 veces”, comentó la encargada de Producción.

Negocio oscuro

De acuerdo con las funcionarias de la JPS, la única forma de sostener pagos que superan el 90% de lo invertido o copiar modalidades como el “tres monazos” que paga 650 veces lo apostado, es con dineros mal habidos.

Esmeralda Britton, presidenta de la entidad, sostiene que este tema sobre la procedencia de los fondos para financiar los juegos ilegales es un aspecto sobre el que deben tomar conciencia los jugadores.

LEA MÁS: El juego turbio de la lotería ilegal

“Costa Rica debe considerar que los capitales que se mueven en este tipo de ilegalidad son de dudosa procedencia y que cuando una persona destina dinero para los juegos ilegales, a su vez estaría contribuyendo con actividades ilícitas”, afirmó Britton.

Las autoridades incluso aseguran que han tenido conocimiento de algunos casos en los que vendedores oficiales reportaron haber sido amenazados para que ofrezcan productos ilegal, pero sobre esto no existen denuncias.es

Municipalidades serían brazo de Junta

A pesar de conocer las irregularidades que operan bajo la sombra de esos juegos clandestinos, la JPS se encuentra prácticamente atada de manos para hacerle frente, ya que la legislación no contempla este tipo de delitos.

“La JPS puede actuar cuando se comprueba que una persona vendedora autorizada también vende productos de forma ilegal. Si la persona en cuestión es revendedor no tenemos sustento legal para actuar”.

"Controlar la venta no autorizada de productos de azar, que normalmente se da en diferentes puntos de venta por todo el país, no es legalmente una potestad que tenga la JPS para poder actuar directamente al respecto”, explicó Esmeralda Britton.

Eso significa que la Junta no puede cerrar locales ni decomisar equipos o productos y, según dijo la presidenta ejecutiva, cuando realizan acciones en conjunto con municipios o Fuerza Pública, el impacto es mínimo porque muchas veces lo más que se logra es un cierre de 24 horas de un local.

Marcelo Solano, director de la policía municipal de San José, detalló que en el último año se han realizado 300 clausuras de locales por esa actividad ilegal.

En muchos casos, el cierre se sustenta en que se tiene una patente para un negocio y se utiliza para vender productos ilícitos

Solano aseguró que los operativos contra loterías ilegales tienen un “lugar privilegiado” entre las acciones que realizan, pues de un tiempo para acá se convirtió en un verdadero problema que en muchos casos se asocia a otros delitos.

De acuerdo con la gerente general de la JPS, Marilyn Solano, además de la de San José otras policías municipales realizan esfuerzos similares en cantones como Guápiles, Cartago y Desamparados.

Precisamente, fortalecer ese brazo que puede extenderse a todo el país es una de las razones de ser de la iniciativa de ley presentada en octubre del año pasado por el diputado liberacionista Gustavo Viales.

“El proyecto de ley que está en conocimiento de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa busca establecer el marco jurídico que permite actuar a la luz de los nuevos tiempos y que establece sanciones que van desde cárcel para quienes estén en esas bancas ilegales y cárcel para quienes venden “al menudeo” y quienes compran”, explicó la presidenta de la institución.

Además, según añadió el diputado Gustavo Viales, la iniciativa pretende que los gobiernos locales reciban un incentivo para que se intensifique su labor en esa línea, con la ventaja de que se lograría más que cierres de un día.

“Involucra al sector municipal, toda vez que ellos tienen inspectores y policías porque en caso de decomiso o que se logre desmantelar una banda, el 50% (de lo incautado o la multa) se destina a la municipalidad; es un incentivo para su involucramiento”, sostuvo el legislador.

Además, los ayuntamientos podrán quitar la patente en caso de reincidencia.

LEA MÁS: Vender lotería ilegal sería castigado con hasta ocho años de cárcel

“Existe sanción económica para los que comercializan y, con mayor dureza, a las bandas que financian (...). Sabemos que hay trata, crimen organizado, legitimación de capitales, para ese grupo sí tiene una sanción penal más dura, con cárcel más de 4 años”, agregó.

El legislador comentó que una vez que el proyecto salga de la comisión dictaminadora, solicitará al Gobierno que lo convoque a discusión en el plenario legislativo.