EscucharLos importadores de carros usados ven con preocupación la suspensión del servicio de revisión técnica durante dos meses, tras la salida de Riteve SyC el próximo 15 de julio, pues durante ese lapso no podrán nacionalizar los carros que traen para la venta al país, ya que previo al ingreso los vehículos usados deben someterse a una pre-inspección que hasta ahora es realizada por la empresa española.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, reconoció el miércoles que necesariamente habrá un impás para ese sector.
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“Los vehículos nuevos casi que de acto podemos otorgarlo (el permiso para que ingresen), el problema son los usados que están ingresando al país y ahí si va haber un impás si nos atrasamos (...) Sería irresponsable dar de acto una certificación a un vehículo que viene llegando y que no sabemos en qué condiciones está”, dijo Amador.
Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Autos Usados, aseguró que esta situación impactará la dinámica del sector, pues las importaciones no se detienen y habrá que asumir los costos por mantener durante más tiempo los vehículos en los almacenes fiscales, que necesariamente tendrán que trasladarse a los precios de venta de los carros.
“Le sugerimos al Gobierno dar continuidad en el servicio para no tener afectaciones, tanto para el público como para el sector (...) si el Gobierno hace una excepción a los autos nuevos, debe de hacer una excepción a los usados, si no hay operador tienen que hacer que salgan, lo que no se vale es que debido al desorden del Gobierno anterior ahora los importadores salgamos afectados. En todo caso los vehículos van a ser inspeccionados antes de la venta”, apuntó.
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De acuerdo con los datos de Riteve, entre los meses de julio y setiembre del año pasado un total de 5.628 vehículos fueron sometidos a inspecciones previas a la nacionalización.
Riesgo en las calles
La paralización del servicio durante dos meses también podría impactar la seguridad vial, a criterio de la Asociación Automóvil Club de Costa Rica.
“Lamentablemente habrá algún deterioro de la seguridad vial dado que las condiciones de seguridad de una cantidad de vehículos no serán evaluadas con la periodicidad apropiada. También sufrirá la salud pública puesto que las emisiones de gases dañinos podría aumentar producto de esa falta de control”, afirmó Daniel Coen , presidente de esa organización.
Fernando Mayorga, quién fue gerente de Riteve, también expresó en un artículo de opinión divulgado en este diario que la opción menos perjudicial para el Estado era permitir a Riteve operar como permisionario mientras se realiza el concurso.
Según detalló, entre las múltiples afectaciones también se paralizarían muchos trámites registrales pues el Registro Público depende de la información que le suministra Riteve para inscripciones y cambios de características de los vehículos.
Otro de los pendientes sobre los cuáles el MOPT no se ha manifestado tiene que ver con las revisiones de unidades de transporte público, que usualmente tienen una calendarización diferente y que podrían afectarse debido al traslado en las fechas de inspección para los vehículos particulares, que a partir de julio tendrán dos meses adicionales para completar ese requisito de ley, lo que extenderá el calendario de revisiones hasta diciembre.
A partir del 15 de julio fecha en que vence el contrato actual con Riteve, las estaciones de servicio, equipos y terrenos pasarán a manos del Estado.
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El jerarca del MOPT aseguró que ya coordinaron con el Ministerio de Seguridad Pública para disponer de oficiales de la Fuerza Pública destacados en cada una de las 17 estaciones de servicio, a fin de garantizar la vigilancia durante los dos meses que estarían cerradas.
El nuevo operador, que brindará el servicio mediante un permiso temporal, realizará las inspecciones en esas mismas instalaciones.
