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En diciembre de 1994, los dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante, murieron quemados en un incendio.
El hecho sucedió a varias amenazas de muerte, luego de que la agrupación liderara una campaña en contra de la tala de árboles en el golfo Dulce.
Aunque el incendio fue declarado accidental por las autoridades, la explicación no satisfizo a muchos colegas ambientalistas.
La muerte de David Maradiaga, otro integrante de AECO, siete meses después, tan solo alimentó las sospechas. Esta defunción se atribuyó a causas naturales.
Desde esa época, activistas en pro del ambiente, así como jueces del Tribunal Ambiental Administrativo y guardaparques han reportado múltiples amenazas e intimidaciones .
Más recientemente, apareció asesinada la canadiense exintegrante de Greenpeace, Kimberley Blackwell , en febrero del 2011. La mujer murió asfixiada, golpeada y baleada en el patio de su casa en Puerto Jiménez, Golfito.
Blackwell había hecho denuncias sobre cazadores furtivos y madereros en Corcovado.
La gran mayoría de estos incidentes han desembocado en grandes signos de pregunta.
Por ello, el homicidio de Jairo Mora, ocurrido la semana pasada, despertó en el movimiento ecologista un clamor por evitar que impere, una vez más, la impunidad.
Esta fue de las principales peticiones planteadas ante el ministro de Ambiente, René Castro, en una reunión del martes pasado .
“Nuestras organizaciones han sufrido la muerte de militantes, más otros acosados y sus viviendas quemadas. Pido que este crimen no quede impune porque va a ser otro más”, exhortó Gabriel Rivas Ducca, biólogo de la Asociación Amigos de la Tierra Costa Rica.
Mora, de 26 años, fue asesinado en una emboscada, cuando hacía una vigilancia en la costa de Moín. Antes del ataque, había denunciado que delincuentes atacaban a las tortugas baula en el Caribe y pidió ayuda a la Policía, la cual no llegó .
Para activistas como Ramón Lamboglia, de la Asociación de Reservistas de Costa Rica, el Estado falló en proteger al joven.
“Esta muerte se puede catalogar como negligencia criminal porque no protegieron a un hombre dedicado a trabajar a favor del recurso natural”, externó Lamboglia.
El viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, aseguró que se hacían patrullajes en la zona, mas reconoció que no fue suficiente.
“Vamos a reforzar la presencia nuestra en la zona. Luego de ver el resultado completamente lamentable que tuvimos, se impone una mejora en los protocolos de actuación, pero conjunta y con un acompañamiento necesario”, afirmó.
Sin embargo, muchos coinciden en que los peligros ambientales van más allá del narcotráfico. Las sospechas son mayores en zonas con gran interés comercial, como sucede en zonas como Limón.
“Mentiras que es solo el narco. Cuando en Sardinal querían construir el acueducto, también amenazaron a los dirigentes”, manifestó Jorge Polimeni, de Fundación Bandera Ecológica.
“Creo firmemente en que necesitamos un fuero de protección especial en la parte ambiental.
”La tortuga marina en conservación es una piedra en el zapato para varios actores: sí, el narcotraficante, pero también para el desarrollo inmobiliario y turístico, municipalidades costeras, hueveros y funcionarios corruptos en instituciones públicas”, aseveró Édgar Castrillo, de la Unidad Especial de Protección y Rescate Animal.
Para él, es indispensable crear penas muy fuertes y un órgano interdisciplinario que investigue y ponga un alto a la corrupción.
Mauricio Álvarez, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, también lamentó lo que denominó la “criminalización” del ambientalista.
“Todo el Concejo Municipal de Guácimo está demandado por una piñera; los profesores de la UCR demandados por Crucitas (Nicolás Boeglin y Jorge Lobo). ¿Quién defendió a Jorge Lobo?”, cuestionó.
