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Dos accidentes frontales entre trenes, dos muertes provocadas por carros de ferrocarril que arrastraron un vehículo, resbalones de pasajeros en andenes y personas heridas dentro de las locomotoras forman parte de la lista de juicios que enfrenta el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
En total, la entidad encara ocho procesos judiciales por lesiones culposas y homicidios culposos.
Los accidentes más graves ocurrieron entre abril del 2016 y enero del 2018.
Se trata del choque frontal entre locomotoras en Pavas el 8 de abril del 2016, la colisión entre dos unidades en Santo Domingo de Heredia el 30 de octubre de 2017 y el impacto de dos carros de tren a un vehículo estacionado sobre la vía en San Rafael de Alajuela el 9 de enero del 2018.
En el caso de Pavas, la Fiscalía abrió una causa contra los maquinistas de las locomotoras, dos hombres de apellidos Ramos Castellón y Castillo Pérez.
"Junto con la acusación, la Fiscalía también presentó la acción civil resarcitoria de 34 personas ofendidas que delegaron ese recurso en la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, del Ministerio Público, para exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos; así como cinco acusaciones particulares de víctimas que decidieron constituirse en querellantes dentro del proceso", dijo el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.
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La Fiscalía presentó la acusación por este incidente en noviembre de 2017.
Por la emergencia en Heredia aún no hay datos sobre la cantidad de ofendidos porque el asunto aún está en investigación.
La Fiscalía de Heredia informó de que la causa se mantiene en investigación preparatoria. En esa fase las autoridades recolectan y analizan prueba. Las personas investigadas son otros dos maquinistas de apellidos Arias Cordero y Castillo Ramírez.
El día de ese choque viajaban 400 personas en los dos ferrocarriles que colisionaron y la Cruz Roja atendió 100 pacientes, dos de ellos graves.
Sobre el fallecimiento de dos personas en San Rafael de Alajuela, el Ministerio Público abrió el expediente 18-000162-0057-PE.
Las muertes ocurrieron por dos carros de ferrocarril que se desprendieron de la locomotora cuando una cuadrilla realizaba trabajos de rehabilitación de la vía férrea en esa zona.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Alberto Madriz Soto, de 54 años, y Ángela Mayela Abarca Calero, de 56. También resultó con heridas graves el peatón Cristian Gerardo Rojas Castro, de 40 años, quien pasaba por el lugar del accidente.
Rafael Rodríguez, abogado de Rojas Castro, manifestó que están a la espera de un informe del Organismo de Investigación Judicial para precisar quién o quiénes fueron los responsables de ese suceso.
El representante legal criticó que el Instituto no se ha preocupado por la salud de su cliente.
"El Incofer dijo, cuando pasó el accidente, que se iba a hacer cargo de los gastos médicos. Él (Cristian) estuvo en el hospital de Alajuela y el Hospital México por 22 días, no sabemos si esos servicios médicos ya fueron cancelados, pero después de que mi cliente salió no ha recibido ninguna asistencia", comentó Rodríguez.
Rojas Castro presenta, según el abogado, fuertes dolores de cabeza, en el abdomen, en las articulaciones y sufrió lesiones en el cráneo producto de los golpes provocados por los carros del tren.
"Adicional a su condición física, mi cliente no tiene trabajo porque él era trabajador independiente y tras el percance no se ha podido incorporar a sus labores en albañilería y carpintería", agregó el jurista.
María Fernanda Arias, vocera del Incofer, indicó que este año reservaron una partida de ¢190 millones para indemnizaciones.
En 2017 el presupuesto para compensaciones fue de ¢132 millones, de los cuales ejecutó un 68% (¢90 millones).
La institución añadió que trabaja en la señalización de 91 cruces ferroviarios para reducir el riesgo de accidentes y en la compra de trenes nuevos que incluirán "un moderno centro de control".
Otros casos
En la lista de procesos judiciales que encara el Instituto también aparecen pasajeros que sufrieron caídas en andenes, golpes dentro de trenes o lesiones provocadas por actos de vandalismo ocurridos entre 2012 y 2014.
Por ejemplo, Israel Espinoza, vecino de San Rafael de Heredia, perdió, en 2012, uno de sus ojos tras ser impactado por una piedra durante un recorrido en ferrocarril.
De acuerdo con el Incofer, este asunto está en casación, pero no dio detalles sobre el monto que debe pagar al afectado como indemnización.
Solo en el último trimestre del 2017, el Incofer contabilizó 10 ataques con piedras hacia el tren, que le provocaron daños por ¢34 millones a sus unidades. Los atacantes son, principalmente niños y adolescentes, aunque hay adultos. El año pasado, el Instituto se vio obligado a pedir ayuda de policías para que fueran en la locomotora e identificaran posibles agresores.
Falta personal
Mario Granados, director legal del Incofer, afirmó que solo cuentan con tres abogados para hacerle frente a esos ocho litigios.
Además, la entidad tiene 441 expedientes judiciales abiertos por diferentes causas: laborales, penales, tránsito, desahucios y contenciosos administrativos.
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Por esa razón buscan contratar o pedir prestados a otra institución pública tres profesionales en Derecho. La meta es que se incorporen antes de que finalice este año.
Entre los cientos de procedimientos, hay 41 reclamos de exfuncionarios del Incofer, 101 juicios en los Juzgados de Tránsito por colisiones del tren con carros particulares y 152 casos penales por diferentes delitos cometidos contra la entidad.
Granados explicó que los asuntos penales son, en su mayoría, denuncias del Incofer por robo de vía férrea y equipos ferroviarios en Limón.
