El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) instruyó esta semana iniciar el proceso para sacar a licitación la modernización de infraestructura y equipamiento de puerto Caldera, en Esparza, Puntarenas, según consta en la resolución CR-INCOP-PE-0682-2024, del 23 de octubre.
Una de las consideraciones incluidas en el documento es el reconocimiento de que la infraestructura portuaria actual es causante de una creciente congestión en los servicios prestados, pues como ha señalado el propio Incop el porcentaje de saturación de la terminal es del 95% cuando el promedio óptimo no debería superar el 80%.
El colapso del puerto impide atender con celeridad barcos más grandes, pues solo hay un puesto de atraque con capacidad para recibir barcos de 12 metros de calado, lo que implica que cuando llega más de un buque con ese tamaño, deben esperar en bahía por varios días. Esa situación fue advertida desde el 2016.
De acuerdo con la resolución de esta semana, la Junta Directiva del Instituto había aprobado desde el 4 de setiembre el informe de factibilidad del plan de modernización que, aseguró la entidad, dispone de avales técnicos y sectoriales para iniciar la fase de inversión.
Todo el proyecto se gestionará mediante una nueva concesión bajo la modalidad de obra pública con servicio público, una vez conseguidas su viabilidad técnica, económica, financiera y legal. Esta nueva concesión operaría una vez vencido el actual contrato con la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), vigente hasta agosto del 2026.
La inversión se había estimado meses atrás en $600 millones.
Luego de este primer paso, la Proveeduría Interna y la Presidencia Ejecutiva comenzarán la tramitación del proceso licitatorio cuya publicación podría sobrevenir a inicios del próximo año, luego de un proceso interno de revisión, modificaciones y ampliaciones.
Según la resolución CR-INCOP-PE-0682-2024 Puerto Caldera, el Incop considera necesario que los plazos establecidos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas con Servicio Público y su Reglamento sean extendidos hasta por el doble del periodo originalmente concedido para evaluación de ofertas, que es 45 días.
Esto, adujo, debido a la naturaleza compleja de la tramitación del proceso licitatorio, su adjudicación y puesta en marcha. El Instituto incluso advierte que el lapso podría requerir extensión con la finalidad de satisfacer el interés público.
En octubre de 2021, el entonces presidente del Incop, Juan Ramón Rivera, había asegurado que el nuevo cartel para modernizar Caldera estaría en marzo del 2022 y la estimación más favorable era que el proceso de construcción del nuevo puerto arrancara en el 2025.
Asimismo, a inicios del actual gobierno, el presidente Rodrigo Chaves había planteado extender el contrato a la actual concesionaria por cinco años más, hasta 2031, a cambio de que realizara obras paliativas. El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) objetó la propuesta.
Colapso de puerto Caldera con graves consecuencias
Cada año que pasa, el país pierde al menos $100 millones por sobrecostos pagados por exportadores al no contar con una línea directa para colocar sus productos en Asia y por aranceles cada vez más elevados para importar bienes desde ese mercado.
Según la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), el pago de más en gastos operativos ocasiona incrementos para los artículos y productos consumidos en Costa Rica y resta competitividad a las exportaciones. Todo esto debido a que hace al menos ocho años, según la Cámara, el puerto opera por encima de su capacidad.
Ese cuello de botella, obliga a realizar inversiones “integrales” en infraestructura y equipamiento para atender la demanda actual y futura de servicios, según la decisión de Incop esta semana. El Instituto, además, advierte de la conveniencia de las mejoras porque atraería inversión del sector privado y generaría oportunidades de empleo.
En junio pasado, también la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) urgió la ampliación del puerto con nuevos puestos de atraque, dragado del canal de acceso y más espacios de bodegaje y patio.
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Por su parte, la Contraloría General de la República declaró al Incop en inobservancia por incumplir la orden dada en 2021 de cobrar una indemnización a la concesionaria SPC por no alcanzar los niveles de eficiencia pactada en el puerto. Así se lo hizo saber en un oficio de agosto pasado.