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El Tribunal de Inspección Judicial revocó el nombramiento del juez notarial Francis Porras León por considerar como falta gravísima su interés por anular el matrimonio del activista gay Marco Castillo, con su pareja, Rodrigo Campos.
La sanción fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de La Nación.
De acuerdo con el fallo del Tribunal, el comportamiento de Porras representa un “quebranto irreparable” a la confianza que se deposita en un juez de la República.
El asunto se remonta al 26 de mayo del 2020, día en que Castillo y Campos contrajeron matrimonio en el Juzgado de Familia de Desamparados.
Porras cuestionó la validez de la unión porque, según él, ocurrió antes de que entrara en vigor el matrimonio igualitario en el país.
Su argumento fue que el plazo de 18 meses dado por la Sala Constitucional para que quedara sin efecto el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohibía las uniones entre personas del mismo sexo, se cumplía el miércoles 27 de mayo y no el martes 26.
En su resolución, el órgano encargado de aplicar el régimen disciplinario en el Poder Judicial, expresó que la conducta de Porras amerita “el mayor correctivo posible”.
El juzgador tiene tres días hábiles para apelar el castigo ante el Consejo Superior del Poder Judicial.
La revocatoria de nombramiento contra el juez notarial se suma a la suspensión sin goce de salario por cinco días impuesta el 18 de junio.
Esta sanción también de la Inspección Judicial se impuso por considerar que Porras emitió, desde su investidura de juez, un criterio en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y porque hizo manifestaciones sobre una sentencia que no había adquirido firmeza.
Ese asunto está relacionado con el matrimonio de Laura Florez-Estrada y Jazmín Elizondo, quienes fueron casadas por Castillo en 2015, cuando no era permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por ese asunto, Porras dictó sentencia el 27 de enero de 2020 mediante la cual suspendió del ejercicio de su profesión a Castillo, por un periodo de 13 años. El abogado tiene 77.
En este caso, hay un recurso de apelación pendiente de resolver.
Como medida cautelar en ese fallo, Porras también ordenó al Registro Civil anular el matrimonio entre las dos mujeres.
“A nosotros nos anuló el matrimonio sin potestades para hacerlo y, en el caso de don Marco, Porras fue al Juzgado de Familia de Desamparados, omitiendo su condición de juez, para intentar impedir el matrimonio de Marco y su pareja”, declaró Laura Florez-Estrada.
“Esperamos que esto sea un precedente para que los jueces no pretendan saltarse las normas, una persona que no es imparcial y que antepone sus creencias personales y religiosas ante un asunto de Derechos Humanos no debería ser juez. Esperamos que este caso sea un ejemplo, por dicha la Inspección Judicial está evidenciando este tipo de faltas”. agregó la mujer.
La pareja también interpuso una denuncia penal contra Porras por el supuesto delito de prevaricato.
La Nación hizo intentos por localizar al juez Porras, pero el número registrado a su nombre, no correspondía.
