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Un numeroso grupo de diputados presentarán en los próximos días una moción ante el plenario para que se conozcan los expedientes de investigaciones relacionadas con presuntas anomalías en la compra de mascarillas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la pandemia y con la elaboración de las pruebas FARO.
La moción para que se discutan los resultados de estas pesquisas fue firmada por la mayoría de los legisladores.
Ambas son investigaciones que llevó a cabo la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del anterior Congreso, fueron fruto de decenas de sesiones con muchas comparecencias y revisión de documentos. Los informes finales fueron votados en esa comisión pocos días antes de concluir la legislatura.
Sin embargo para que las recomendaciones adquieran firmeza y lleguen a las entidades que correspondan para que se valoren reformas o sanciones, deben ser conocidos y votados en el plenario.
Para que lleguen a la agenda solo basta que sean remitidos a la Secretaría del Directivo Legislativo. Hasta este momento, sin embargo, los informes habían quedado engavetados.
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Los hechos
El informe sobre las presuntas irregularidades en compras de mascarillas y otros insumos en la CCSS durante la pandemia consta de 510 páginas, que recoge todo lo ocurrido desde agosto de 2020, cuando estalló el escándalo por presuntos actos de corrupción.
Entre los hechos polémicos están la adquisión de insumos médicos a proveedores inexpertos y el pago por adelantado de $1,3 millones a una empresa que entregó tapabocas inservibles.
El informe de la Comisión solicitó a la Contraloría General de la República abrir procedimientos administrativos para valorar la inhabilitación de los funcionarios involucrados. Además, precisar si las actuaciones de los empleados públicos involucrados representan delitos contra la Hacienda Pública.
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En el caso de la aplicación de cuestionarios de Factores Asociados de las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), en noviembre anterior, se cuestionó la realización de consultas de índole personal a miles de escolares de entre 11 y 12 años. Estos hechos resultaron en la separación de funcionarios y renuncias en la cúpula del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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El informe sobre FARO, de 95 páginas, indica que existe la ausencia de una cadena de mando y de funciones claramente establecidas, que permita dilucidar con claridad la responsabilidad de las partes involucradas en los hechos en cuestión.
“Tanto las autoridades del MEP como del CSE evaden la responsabilidad acerca de la implementación del cuestionario sobre los ‘Factores Asociados’ en las pruebas FARO”, menciona el informe.
La moción es para que se posponga los asuntos en la primera parte de la sesión legislativa y se conozcan los expedientes. “Se tendrá por ampliada la primera parte de la sesión para su conocimiento hasta su votación final”, añade.
