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El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) invirtió ¢512 millones en un terreno para casas de bien social, pese a informes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que señalaban que parte de la propiedad no es apta para realizar el proyecto habitacional.
En un informe elaborado por la CNE en marzo de 2008, el geólogo Juan Ignacio Chaves advirtió que un sector de la finca –ubicada en San Josecito de Alajuelita–, no se podía usar para la construcción de viviendas, debido a la cercanía al talud de la quebrada Chinchilla.
Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que el peso de estructuras “podría afectar y provocar que se den más desprendimientos de material”.
En otro informe que el INVU le solicitó a la CNE en diciembre de 2010, el geólogo Julio Madrigal, agregó que la propiedad se encuentra a apenas medio kilómetro de una falla geológica y que, en caso de un evento sísmico, el agrietamiento y los retrocesos de la tierra podrían aumentar.
“De acuerdo con las características del terreno... es necesario un estudio de suelos exhaustivo a detalle del comportamiento del suelo ante condiciones sísmicas”, concluye el documento.
No obstante las advertencias, el INVU adquirió la finca el 16 de enero pasado , sin detallar qué porcentaje de la propiedad es apta para construcción ni cuánto podrían costar las medidas de contención.
“La propiedad tiene un problema en el costado oeste que es un talud que tiene un deslizamiento notorio. Se sabe que ese talud hay que estabilizarlo pero existen formas técnicas de hacerlo sin incrementar significativamente el costo”, aseveró Vargas.
La asesora de la presidencia del INVU, Sabrina Rojas, también explicó que la institución no pudo esperar los resultados de todos los estudios necesarios porque el dinero provenía de una partida presupuestaria que debía utilizarse antes del 31 de diciembre.
“Hubo informes que no estuvieron listos antes del vencimiento del plazo de adjudicación. De no hacer la compra a tiempo, no solo perderíamos los recursos sino que incurriríamos en una cláusula que la misma Ley de Contratación Administrativa sanciona”, dijo Rojas.
El geólogo Renán de Lemos valoró el terreno en diciembre, a solicitud de los dueños anteriores de la finca, y entregó un documento en el cual sugiere la construcción de un muro de gaviones de más de 200 metros, en la base de los taludes.
Consultado sobre el informe, De Lemos aseguró que, con las obras de estabilización adecuadas, una gran parte del terreno se podría usar en la construcción de casas
Sin embargo, aclaró que su estudio era muy preliminar. También aseguró que la inversión en obras de contención como las que recomendó, suelen ser muy grandes.
“¿Qué si se puede utilizar la propiedad? Sí, claro. ¿Qué si tiene que invertir más que lo que vale el terreno? Probablemente. Ese es el gran problema de los procedimientos de estabilización geológica: son muy costosos”, explicó De Lemos.
