EscucharPor orden judicial, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) deberá reinstalar a 45 oficiales de seguridad que había despedido en octubre de 2022.
Así deberá proceder luego de que un tribunal de apelación en materia laboral de Limón acogió la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) en favor de los empleados.
De acuerdo con Antonio Wells, la destitución de los funcionarios se dio ante la decisión de la Junta de tercerizar el servicio de vigilancia de los puertos. No obstante, dijo, la acción se tomó “de la noche a la mañana”.
“Fueron a quitarle las armas y dijeron ‘entreguen el puesto porque esto está tercerizado’. No cumplieron con lo que está normado, el debido proceso, el derecho de defensa, los derechos laborales de la gente, lo que establecen los tratados internacionales, la Constitución Política”, manifestó este lunes el dirigente sindical.
Alegó además, que el resguardo portuario debe estar en manos de trabajadores de Japdeva, como lo establece el artículo 6 de la ley orgánica de la institución; no en manos de terceros.
Según la decisión judicial, los funcionarios regresarían a sus puestos mientras se resuelve la demanda de fondo.
La Nación envió este lunes consultas a la oficina de prensa de Japdeva para conocer la versión de la entidad.
“Damos acuse de recibido a su solicitud para ser respondida en tiempo y forma. Se traslada a las áreas y correos que atienden los temas de prensa y comunicaciones”, respondió la dependencia.
Japdeva tenía pendiente además el pago de ¢6.000 millones a 1.400 empleados por sentencia del Tribunal de Trabajo que quedó firme en julio de 2023 y que puso fin a un conflicto judicial también impulsado por el sindicato de esa institución.
Equilibrio financiero
En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transformación de Japdeva (9764) encaminada a la búsqueda del equilibrio económico de la entidad.
Para lograr ese equilibrio, la Junta debía llegar a una planilla de 275 empleados; a octubre del año anterior, la entidad tenía 292 colaboradores. Para entonces, el gerente administrativo, Anner García, dijo a La Nación que la entidad contaba con los clientes necesarios para continuar con la operación.
La situación financiera de esta entidad se complicó tras el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en febrero 2019, la cual asumió el 80% de carga que atendía Japdeva, sin que esta última hubiera desarrollado los negocios necesarios para asegurar ingresos.
Ante la crisis, la empresa estatal recibió dos rescates financieros por ¢55.000 millones; el actual gobierno declinó otorgar más “salvavidas”.
