Si la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no consigue un préstamo antes del 15 de octubre no podrá pagar salarios a sus 576 trabajadores.

Por esa razón, Japdeva acudió de emergencia al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para obtener un empréstito por ¢6.500 millones que le permitan cubrir la planilla mensual y otros gastos operativos de los próximos meses.

La solicitud está en estudio por parte del Consejo, como confirmó Edwin Herrera, director ejecutivo de ese órgano del MOPT.

Esta no es la primera vez que la Junta toca la puerta de otra institución pública para solventar compromisos. En diciembre anterior recibió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) ¢3.500 millones para cancelar sueldos, aguinaldos y gasto corriente.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la Junta, afirmó que la situación actual es tan grave que si no consiguen el financiamiento no habrá salarios. La planilla cuesta ¢810 millones mensuales.

Además, reconoció que evalúan planes para sostener la operación portuaria con el mínimo de empleados posible.

¿Por qué Japdeva está en este apuro? La razón es el embargo de cuentas bancarias impuesto desde mayo anterior por las autoridades judiciales, a solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), por un lío legal que data de 2013.

La acción de Sintrajap congeló dos cuentas bancarias de Japdeva con más de ¢5.000 millones; dinero requerido para sobrevivir. Al quedarse sin la posibilidad de usar esos fondos, la institución tuvo que recortar gastos en todo lo posible: papel, tintas, artículos de limpieza, combustibles, horas extra y viáticos.

También llegó a arreglos de pago con proveedores, solicitó tiempo para cancelar facturas pendientes, cerró edificios para ahorrar en recibos y hasta solicitó a clientes adelantos de dinero por servicios.

Entre los ¢5.000 millones congelados está incluida una parte de los recursos girados por Inder a Japdeva.

“Tenemos proveedores de combustibles que no nos han querido vender; las sodas, recuerde que la convención colectiva establece que debemos pagarle el almuerzo a los trabajadores, pues hay sodas que ya no nos quieren vender y hay otras con las que tenemos una factura que arrastramos”, comentó Centeno.

Por otro lado, la retención bancaria frenó la reestructuración de Japdeva. Desde el año pasado inició la reducción de planilla por medio de prejubilaciones, traslados a otros entes públicos y el desembolso de incentivos para dejar la institución.

Todas esas medidas lograron pasar de una planilla de 1.189 personas a 576; la meta era llegar a no más de 300 en enero del 2021. Sin embargo, ese proceso está paralizado porque no es posible pagar liquidaciones a los trabajadores que decidan marcharse.

El año anterior, el costo de la planilla mensual, entre salarios y cargas sociales, era de ¢2.650 millones.

La reorganización de Japdeva es imperativa, pues la mayoría de la carga pasó a manos de APM Terminals, concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

Incluso, los 576 funcionarios exceden la mano de obra requerida por Japdeva, como admitió la jerarca.

“Los puestos y las terminales se pueden operar con menos personal (...) Antes estaban los muelles repletos todos los días y ahora atendemos un buque un día, tres buques otro día y puede haber un día en el que no atendemos ningún buque, con toda sinceridad”, declaró.

Otro efecto del embargo, según Centeno, recae sobre los contratos de tercerización de servicios que Japdeva pretendía formalizar; la idea era contratar servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento a empresas para reducir costos.

“No permitió lanzar los primeros concursos para tercerizar servicios, no hemos podido demostrar que tenemos el dinero para respaldar esas contrataciones, no hemos podido honrar arreglos de pago que teníamos con proveedores y hay otros proveedores que ya no nos quieren vender”.

Días atrás, Japdeva propició una reunión con los dirigentes sindicales para tratar de llegar a un acuerdo, pero no fue posible. En la cita estuvo presente el obispo de Limón, Javier Román Arias, para fungir como garante de un eventual acuerdo.

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El prelado confirmó el encuentro, el cual se efectuó en las oficinas de Recope, en Limón.

Por su parte, Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, advirtió que no cederá. Para él, la única salida al conflicto es por medio de los juzgados.

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Aseguró que los dineros reclamados por medio del embargo son un derecho de los trabajadores y no están dispuestos a levantar el congelamiento de las cuentas de Japdeva.

Apoyo del MOPT

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo respaldar la transferencia de recursos desde Cosevi hacia Japdeva.

“Estoy absolutamente de acuerdo, hay una ley que faculta ese tipo de transferencias. En este momento el Cosevi tiene ¢39.000 millones de superávit y sabemos que por los problemas fiscales del país es muy difícil ejecutar esos recursos. Entonces, me parece que solventar el problema de Japdeva es absolutamente justificable”, declaró el jerarca del MOPT.

Agregó que la Junta Directiva de Cosevi debe analizar este asunto en los próximos días.