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Mediante mensajes por WhatsApp, la presidenta ejecutiva del Grupo ICE, Irene Cañas Díaz, pidió a los diputados frenar el avance del proyecto que facilitaría la generación eléctrica para consumo propio, conocida como “generación distribuida”.
La solicitud la remitió este jueves por la mañana al señalar que el expediente 22.009 (Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables) requiere “ajustes importantes”.
El plan podría ingresar a la agenda del plenario legislativo la próxima semana.
“Entre los aspectos que nos preocupan es que se motiva el proyecto para el autoconsumo, pero el articulado introduce una serie de esquemas más allá de esta modalidad, lo que podría generar impactos negativos en el sistema y las tarifas de los abonados.
“Además, incluye algunos artículos que podrían no ser coherentes con otra normativa vigente”, escribió Cañas a los legisladores, según confirmó este diario.
La jerarca propone abordar con mayor detalle sus preocupaciones para “poder subsanar el texto” antes de su votación en primer debate.
“De manera que esperamos sea posible abrir un espacio para el diálogo con el fin de generar un texto de consenso, sólido técnicamente, que sea coherente con el bloque de legalidad vigente”, dijo.
Según el plan, se declararía “servicio de interés general” la inyección de excedentes de electricidad de sistemas de generación propiedad de particulares (paneles solares, por ejemplo), cuando esa energía sea de valor para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Del mismo modo, sería “servicio de interés general” la venta de excedentes de energía eléctrica a partir de fuentes limpias por parte de particulares a empresas distribuidoras, siempre y cuando sea del interés de la empresa (es opcional).
La Nación consultó a Cañas sobre los mensaje de WhatsApp. En respuesta, el Instituto envió un comunicado en el cual expone sus objeciones al proyecto.
Según el documento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el plan pretende ir más allá de su motivación inicial de promover el autoconsumo, “pues incentiva la instalación de sistemas de generación que superan la demanda propia con el objetivo de vender sus excedentes de electricidad”, dice el comunicado.
También, el Instituto rechaza que se declare la venta de excedentes como “servicio interés general” porque aduce que no se precisan las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de habilitación y regulación de tales servicios por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El plan de ley, sin embargo, sí aclara que esas reglas las emitiría posteriormente la Aresep, cuando la iniciativa se convierta en ley.
Paola Valladares Rosado, diputada de Liberación Nacional y una proponente del plan, confirmó haber recibido el mensaje de Cañas, el cual juzgó como una contradicción.
Valladares recordó que el pasado 4 de noviembre, tanto el ICE como otros actores del mercado eléctrico, trabajaron en conjunto hasta lograr un texto consensuado.
Citó incluso que se hicieron ajustes por pedido expreso del Instituto con tal de conseguir una redacción que permitiera llevar el plan al Congreso.
“Aunque dicen que desean avanzar, hacen lo contrario. Se sigue pidiendo más espacios, si ella no confía en los resultados que generan sus asesores luego de todo el proceso previo, entonces debió estar ella personalmente. Al final, siempre hay oposición. Siento una intención de obstruir al máximo y hacernos perder tiempo. Es completamente contradictorio”, se quejó la diputada.
La congresista también desmintió parte del comunicado del ICE en referencia a la figura de “generación virtual”.
Este concepto se refiere a una red de dispositivos para almacenar electricidad conectados mediante Internet a una red eléctrica de distribución. Sin embargo, esa posibilidad se suprimió en la última versión del proyecto, justo por solicitud expresa del ICE.
No y No
En las últimas semanas también han trascendido otras oposiciones del ICE a proyectos en materia de electricidad.
Por ejemplo, adversó un pedido de la Cooperativa de Electrificación Rural de la Zona Norte (Coopelesca R. L.), que da servicio en San Carlos, para fijar una tarifa más competitiva a empresas y así atraer inversiones hacia esa zona.
Según el ICE, autorizar la petición podría confundir a sus propios clientes y crear distorsiones técnicas, pues considera que la iniciativa tiene escasa justificación técnica y de costos.
Adicionalmente, el Instituto expresó su oposición al proyecto de ley impulsado por el Gobierno para permitir a generadores privados vender su energía en el Mercado Eléctrico Regional.
Ese plan es la salida ante la decisión del ICE de no renovar más contratos a esos empresarios, lo que ha llevado a cerrar plantas que generan energía limpia.
