Para la jueza Maureen Solís, este martes no fue un día cualquiera, como para ninguno de los funcionarios del Juzgado de Familia de Desamparados.
En las primeras horas hábiles recibió al abogado y activista gay Marco Castillo y a su pareja, Rodrigo Campos, para celebrar el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en un juzgado.
La pareja explicó que decidió acudir ante una jueza y no ante un notario particular, para dejar constancia de que ninguna oficina del Poder Judicial puede cerrarle las puertas a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Solís dejó plasmado ese hecho histórico en el acta emitida, e hizo énfasis en los deberes y responsabilidades de los jueces frente a la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica.
“Mi función como persona juzgadora no consiste en administrar mitos, prejuicios, estereotipos ni preconceptos sino, administrar Justicia”.
“No me asiste ningún motivo para alegar Objeción de Conciencia en este caso, pues lo que han solicitado los promoventes es la realización de un matrimonio que en nada se relaciona con el matrimonio religioso; no hay absolutamente nada que genere en la suscrita algún tipo de animadversión y menos, que represente una alteración de mis convicciones como persona y como persona juzgadora. El matrimonio civil se encuentra regulado únicamente en el Código de Familia de manera que, no tiene ninguna relación con el matrimonio religioso”, explicó.
La jueza fue muy clara en que el matrimonio igualitario no puede ser analizado a partir de consideraciones religiosas.
“En consecuencia, creer o no creer no es solamente una decisión sino un derecho y si hay fe, la relación con Dios es estrictamente personal. Por ello, no es posible analizar un tema jurídico a partir de consideraciones religiosas”, dijo.
Costa Rica es el país número 29 del mundo en aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primero de Centroamérica en dar ese paso.
Marco Castillo y Vargas estuvieron entre los primeros en ejercer ese derecho en el país, una pareja de mujeres jóvenes realizó la actividad en los primeros minutos de este martes. Estaba previsto que otros matrimonios se realizaran a lo largo del día.
Según explica la jueza, Castillo y Vargas habían formulado la solicitud de matrimonio desde el 17 de julio del 2019. “Así, de forma precavida y mostrando absoluta convicción sobre la decisión tomada, solicitaron ser unidos en matrimonio civil en virtud de la competencia judicial administrativa que ejerce este Juzgado”, agregó.
No obstante, en aquel momento no era posible pues seguía vigente la prohibición establecida en el Código de Familia.
El reconocimiento de la legalidad para estas uniones va en consonancia con reconocimientos de derechos para la población LGTBIQ que ha impulsado el país en los últimos años.
Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permite a las parejas del mismo sexo asegurarse entre sí, el Tribunal Supremo de Elecciones avaló que las personas puedan indicar en su identificación el sexo con el que se autoperciben y el Ministerio de Educación Pública diseñó protocolos para prevenir la discriminación en escuelas y colegios, entre otros.
“Por mi experiencia como jueza de Familia en el Poder Judicial de más 25 años, he podido observar, lamentablemente, que la violencia es usual en las relaciones familiares tradicionales. Como jueza en esta materia, tengo la esperanza que el nuevo tipo de familia que hoy es incorporado al ordenamiento jurídico costarricense, no siga la “tradición” de violencia. Bienvenido este matrimonio al Derecho costarricense de las familias, así en plural”, concluyó.
El matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica es el resultado de años de lucha de organizaciones LGTBIQ y de una opinión consultiva realizada durante el gobierno de Luis Guillermo Solís a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Precisamente, en enero de 2018, la Corte ordenó garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos de la legislación vigente, incluido el matrimonio.