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Julieta Bejarano dice tener 43 años de haberse vinculado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad de la que hoy es su directora jurídica y secretaria del Consejo Directivo. Tales cargos la convierten en una de las funcionarias con más poder de decisión, aunque ella aclara que solo hace un trabajo por el cual se le paga.
El miércoles atendió en el 15.° piso de la sede del ICE (en la sala de sesiones) consultas de este diario por 48 minutos grabados por un equipo de televisión del ICE asignado para la cita (cámara de piso, camarógrafo y asistente).
Allí explicó por qué sugirió que el ICE siga pagando sueldos de jefes a funcionarios que hace años pasaron a cargos de mucha menor responsabilidad.
¿Cuándo empezó el ICE este proceso de reestructuración o análisis de funcionarios, labores y sus condiciones salariales?
Entiendo que ese análisis venía desde antes del 2010. ¿Por qué se hizo? Bueno, siempre en un intento por optimizar los recursos y mejorar la gestión del recurso humano que es bastante compleja, porque son beneficios que se otorgaron en un momento determinado, el cual, como sabemos, con el paso del tiempo se han vuelto gravosos para las entidades en general. Posiblemente se hizo ese análisis más técnico para tratar de detener esa escalada.
¿Beneficios gravosos también para el ICE?
Sí.
Esta reestructuración de la cual hablo es sobre 273 funcionarios. ¿Qué personal es, cuál era la meta de ahorro cuando empezaron a verse sus casos?
Vamos a ver. En realidad, estos trabajadores no son todos producto de una reestructuración.
¿Ah sí? ¿Entonces?
Vea, usted tiene gente que ocupa un cargo determinado y se desplaza hacia otro. A lo largo de la vida laboral de una persona, esta puede ocupar muchos cargos.
Cierto. Como cuando entra un nuevo jerarca que trae gente de su confianza y luego al dejar el cargo, los funcionarios que trajo puedan pasar a otro puesto.
Pueden pasar a otro lugar y en la práctica ocurría que se iban con el mismo salario que tenían. Ante eso, la institución analizó muchos años el tema y en esta administración fue cuando se decidió tomar medidas. El estatuto prevé el mecanismo y este indica, aconseja y recomienda, desde el punto de vista técnico y de recursos humanos, que lo mejor es aplicar el estatuto de personal en lo tocante a este caso.
Pero dos dictámenes jurídicos con 15 meses de diferencia entre sí indican que no se puede aplicar el estatuto en este caso. Lo dicen documentos del ICE. Sus documentos. ¿Por qué el Instituto y usted, como su asesora, no aplicaron los dictámenes?
Teníamos la posibilidad de aplicar unilateralmente o no hacer nada. La Administración mide cuál será el efecto en la estabilidad laboral que se puede generar, el riesgo en la cantidad de demandas que nos pueden plantear, cuál es el costo-beneficio de una cosa u otra. Toda la decisión la tomó la Administración. Nosotros somos asesores, no tomadores de decisión.
La sugerencia fue dejar igual el salario del personal que no cambió de categoría de puesto, pero que hoy tiene labores más simples. ¿Cierto?
No fue tocado el sueldo, pero no van a tener los aumentos en la misma proporción que las demás personas por estar justamente sobrevalorados. Entonces, al no aumentarles los salarios por concepto de anualidades y costo de vida, eso traerá a la institución los ahorros correspondientes.
Entonces, ¿la decisión que se adoptó fue para evitar fricciones con el sindicato o proteger trabajadores que iban a ser tocados?
No sé; no tengo la menor idea. No podría decir jamás que fue para proteger a trabajadores. Tampoco para evitar fricciones, fue para medir el costo-beneficio de eventuales demandas que se nos podían venir, que no compensaban el tomar otra medida.
¿Y consideró la posibilidad de que la Administración caería en una contradicción sosteniendo salarios luego de dos dictámenes contrarios justo a eso?
En ningún momento. Le digo por qué. No basta con decir que procede, usted debe sustentar con la normativa que aplica en el Instituto. Si le digo que procede por aquí, pero le aplico una normativa que no me sirve, entonces qué. Yo analizo y cuando veo los dictámenes tiene algunos problemas conceptuales y por eso analizamos otra posibilidad y de ir midiendo con gradualidad estos aspectos. No hallo ninguna contradicción. En estos temas que son bastante complejos, no hay tema que sea simplemente blanco o negro. Así no funciona el derecho, ni mucho menos la función del recurso humano.
Pero parece que todo el proceso de consultas iniciado hace tres años hacia un área que usted supervisa fue un esfuerzo perdido. Quedaron como innecesarios los dictámenes si había que hacer era otra cosa, ¿no cree?
No, no, no. Vea, como le digo, la elaboración del dictamen sufrió un proceso largo de reuniones y discusiones incluidos análisis técnicos. Hubo diferentes propuestas de solución y al final se llegó a un consenso en la forma cómo se hizo con apego al estatuto de personal y en ejercicio de mis funciones bajo la responsabilidad que tengo. Asumo absolutamente la responsabilidad total de esto y me siento bastante segura del dictamen que se dio.
Por un asunto de sentido común, ¿no le parece insostenible e incomprensible que por años haya gente en plazas de complejidad absolutamente inferior con sueldos de jefatura?
En los años en que eso se discutió yo no estaba en el ICE. Si a mí me parece o no me parece, no es tema. Cuando conozco el tema y se me consulta, emito el criterio que me parece adecuado y resiste cualquier revisión de legalidad.
Podría explicar cuántos recursos calcularon que se podían derivar de aplicar otra solución ¿Cuánta gente, tiempo o dinero se ahorró el Instituto por haber decidido de esta manera.
Un cálculo hecho es que si hubiésemos tenido que indemnizar hubieran sido ¢493,1 millones por los 273 trabajadores. Pero se decidió no indemnizarlos.
Estas 273 personas, ¿cuánto demandan en salarios al mes?
Depende de la clasificación, según los años de servicio, sus pluses salariales. Exacto, no podría darle el dato. En todo caso, la disyuntiva no está entre pagar eso o no pagarlo.
¿Y no valoraron la posibilidad de despedirlos?
Jamás.
Expertos en derecho laboral dicen que si el ICE lo quisiera, tiene todo el derecho de despedir funcionarios o bajarles el salario en nombre de los recursos públicos que debe tutelar. Quiere decir que en nombre de la paz y estabilidad laboral del ICE...
No, no, no. No era en nombre de la paz laboral, fue producto del análisis del costo y el beneficio que se hizo de todos los elementos en juego, de la norma que aplica el ICE a partir del estatuto de personal. Usted lo pone como que yo me fui por la paz laboral.
Se lo digo porque así dice un documento que usted firma ...
Sí pero como uno de los elementos; pero hay muchos otros.
¿Y usted no cree que la Contraloría General de la República podría tener un criterio diferente al suyo? ¿Mantendría esta misma línea de argumentación?
Por supuesto. Claro.
