Juzgado de Trabajo ordena a Japdeva pagar ¢9.500 millones a empleados

La resolución de ejecución de sentencia se emitió este viernes 28 de junio, a las 10:09 a. m.

El caso es consecuencia de un reclamo presentado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) por dineros que la institución había acordado trasladar al Fondo de Capital y Ahorro de sus empleados en la convención colectiva del 2002. En aquel momento, se determinó que el aporte patronal subiría tres puntos porcentuales, del 5% al 8% de la planilla mensual.

La empresa pública, sin embargo, continuó trasladando el 5% al Fondo, razón por la cual Sintrajap acudió a la vía judicial en setiembre del 2013. Desde su inicio en el Juzgado de Trabajo y hasta que fue elevado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el asunto tardó más de una década.

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En junio del 2023, la Sala Constitucional rechazó una acción interpuesta por Japdeva en un último intento de frenar la obligación del millonario desembolso.

La resolución que ordena el pago dentro del proceso de ejecución de sentencia, todavía se puede recurrir, según advirtió la jueza Marianela de los Ángeles Abarca Jiménez.

Japdeva pagaría miles de millones

De acuerdo con los cálculos del Juzgado de Trabajo de la Zona Atlántica, el monto principal de la deuda que mantiene Japdeva con el Fondo de Capital y Ahorro de sus colaboradores es de ¢5.364 millones, pero la Sala Segunda ordenó desde el 2016, que el monto final determinado no podía sobrepasar al establecido por los trabajadores cuando presentaron el reclamo judicial, es decir, ¢3.842 millones

A ese monto se agregan ¢3.524 millones de intereses, según los cálculos aprobados por el juzgado, y la indexación (es decir, traer a valor presente el monto de la deuda) quedó establecida en ¢927,9 millones.

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Finalmente, la jueza determinó que por las costas personales deben pagarse ¢1.244 millones, para un gran total de ¢9.539 millones.

El reclamo del Sindicato exigía un embargo de las cuentas de Japdeva por ¢10.623 millones, pero la sentencia de ejecución de la pena rechazó las pretensiones tanto de esa organización como de las autoridades de la Junta Portuaria.

También fueron rechazadas las pretensiones de que se pagara un 13% del impuesto al valor agregado (IVA) sobre la deuda principal y el 17% por honorarios que Sintrajap exigía para la abogada que representó a los trabajadores en el proceso.

Al considerar que la parte demandada, es decir, Japdeva, participó de buena fe dentro del proceso judicial para establecer el monto adeudado, la jueza encargada la eximió del pago de las costas procesales.

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La sentencia agrava la crisis financiera que atraviesa la empresa portuaria, que arrastra años de pérdidas. A inicios de este gobierno, el presidente Rodrigo Chaves calificó la situación como de quiebra.

Durante el último año, la Junta ha tenido que reducir al máximo su planilla, al punto que para finales del 2023 estaba llegando a la meta de 275 empleados, tratando de salir a flote con sus propios ingresos, de los cuales debe tomar recursos para cumplir con el fallo judicial.