EscucharKaren Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), rechazó haber presionado e intimidado de forma verbal, a la jefa de Recursos Humanos de esa entidad para que contratara como asesora a una persona que no cumplía los requisitos legales y técnicos para el puesto.
Las presiones constan en la carta de renuncia de Fabiola Salas Leal, encargada de Recursos de Recursos Humanos de la UNGL hasta el 31 de agosto pasado. En la nota, afirmó que Porras y su asesor legal, Carlos Vidal Bolaños, le solicitaron anular un oficio del pasado 28 de agosto ( RH-FS033-29082023O).
En ese documento, Salas Leal expresó que María José Arias Molina, la persona que se pretendía nombrar en una plaza de asistente de Dirección Ejecutiva, no tenía el perfil de técnico en Administración de Empresas, como lo exige el Código Municipal.
También subrayó que Arias, quien es hija de Rafael Arias, asesor cercano del alcalde josefino, Johnny Araya Monge, no cumplía con los requisitos básicos para el puesto ni tiene la experiencia requerida.
“(...) Se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, escribió Salas Leal en su renuncia.
Porras admitió que conoce a Arias, pero se negó a indicar si es una relación de amistad o profesional. “Eso es mi vida privada”, dijo.
Agregó que no solicitó hacer la contratación y que, a la fecha, esa persona no forma parte de la planilla de la UNGL.
Al consultarle si Rafael Arias, asistente de Johnny Araya y militante del Partido Liberación Nacional, le pidió nombrar a su hija en la UNGL, Porras respondió: “de ese tema no vamos a hablar; de ese tema no quiero hablar (...) Porque esa contratación yo nunca la solicité, por qué vamos a hablar de algo que no existió”.
Rafael Arias, por su parte, negó haber pedido ayuda a Porras para nombrar a su hija en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pues considera que la joven tiene atestados profesionales suficientes para conseguir un cargo. Sin embargo, no detalló la formación a la que se refiere.
Este diario intentó conversar con María José Arias, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular. En un mensaje vía Whatsapp manifestó que no labora para la UNGL.
El asesor legal de la UNGL tampoco atendió las solicitudes de entrevista.
Según cálculos de Recursos Humanos de la UNGL, el salario para el puesto que se pretendía asignar a Arias es de ¢732.000, pero con las disposiciones de salario global pasaría a ¢1,5 millones.
Esta semana, la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ordenó la contratación de una Auditoría Externa para investigar supuestas irregularidades en nombramientos por parte de Porras.
