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El abogado activista de los derechos de la población sexualmente diversa Marco Castillo Rojas anunció que apelará el fallo que lo inhabilitó por 13 años para el ejercicio profesional como notario.
Ese fue el castigo que le impuso el juez notarial Francis Porras León, por haber casado en julio de 2015 a dos mujeres, vínculo que aún no es permitido por el Código de Familia.
Según el Juzgado Notarial, el profesional aprovechó un error registral para hacer el matrimonio, pues una de las contrayentes aparecía como hombre.
Castillo, quien es presidente de Diversidades LGBTIQ+ Costa Rica, habló con La Nación sobre esos hechos y sus consecuencias.
— ¿Cómo recibe esta sentencia que lo inhabilita del ejercicio del notariado por 13 años?
— Mire, no me extraña la sentencia conociendo al juez (Francis Porras) y la forma en que se comportó durante las audiencias, porque era evidente su parcialidad ideológica. Ahora leyendo la sentencia, pues solamente confirmo lo que ya se sabía cuándo nos atendió.
“La sentencia lo que hace es desconocer tanto lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo que dijo la Sala Constitucional y ,en una forma antijurídica y antiderechos humanos, el juez basa su fallo en un voto salvado de la Sala cuando la Sala dijo que la prohibición de los matrimonios entre parejas del mismo sexo era violatoria a los derechos humanos. Él hizo la sentencia basándose en un voto salvado, descaradamente lo menciona”.
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— ¿Usted cree entonces que la posición ideológica del juez influyó en este fallo?
— Ah no... no incidió, lo hizo por eso. Él no falló con la ley, falló con su criterios ideológicos, retrógados y contra los derechos humanos (...) porque definitivamente es una persona fundamentalista.
“Tiene una clara implicación de su tendencia. Imagínese un juez interponiendo recursos y acciones contra la norma técnica que defiende la vida de las mujeres cuando está en peligro por un embarazo, imagínese un juez interponiendo recursos de amparo contra la pastilla del día después que no es abortiva, imagínese un juez pidiendo que los jueces de Familia no estén obligados a casar a personas del mismo sexo”.
— ¿Va a apelar la inhabilitación?
— Vamos a apelar para que el superior la revoque. De lo contrario iríamos de ahí en adelante hasta la Corte IDH.
— ¿En qué va a fundamentar su defensa?
— Voy a basar la defensa en que esta sentencia es contraria a los derechos humanos, contrario a lo que dijo la Corte IDH, contrario a lo que dijo la Sala Constitucional.
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— El juez lo acusa a usted de aprovechar que una de las contrayentes aparecía como hombre en el Registro.
— No, no... no aparecía en la cédula, el Registro Civil me mandó una certificación, que yo la comprobé en línea, que era hombre. El notario casa con documentos oficiales y el documento oficial decía que claramente era hombre, así que no veo... es una suposición del juez.
“Vea lo que dice la sentencia. El juez dice que yo las casé porque soy activista por los derechos de la diversidad”.
— Usted podría aceptar que usted aprovechó el hecho de que una de las contrayentes...
— No, no, no... Eso es falso, yo no aproveché nada. Hice lo que tenía que hacer como notario.
— ¿Por qué era tan importante para usted hacer ese matrimonio?
— Es parte de la lucha que hemos dado a favor de la diversidad.
— ¿Qué le ha dejado a usted esa lucha?
— Es que si no hubiéramos dado esa lucha no tendríamos lo que tuviéramos ahora. El matrimonio va a ser legal a partir del 27 de mayo.
— ¿Ese resultado lo deja satisfecho? ¿No cambiaría nada?
— Falta mucho todavía, falta que las mujeres trans puedan trabajar normalmente en trabajos privados como públicos, ese es uno de los problemas más fuertes de nuestra sociedad, que las mujeres trans sean tan discriminadas.
“La gente de la diversidad es despedida. El Ministerio de Educación Pública (MEP) despidió en estos días a un director por ser homosexual y despidió a un profesor por ser hombre trans, imagínese usted que los quitó por ser interinos, eso es legal desde el punto de vista del procedimiento, pero no desde el punto de vista moral, por eso tiene que acabarse”.
— ¿Actualmente usted continúa siendo asesor en la Asamblea Legislativa?
— No, yo actualmente estoy pensionado y me dedico a trabajar como asesora ad honorem de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos.
— ¿Le afecta mucho esta sanción?
— La sanción, de prosperar, no me impide ser abogado.
— ¿De quién espera apoyo en estos momentos?
— Bueno, es que ya me están dando muchísimo apoyo, hay muchas organizaciones que ya están publicando comunicados, lo cual para mí es muy importante.
