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Los “miedos” al cambio, el cierre de plantas privadas que producen energía limpia y los errores con plantas públicas caras serían las causas de la ineficiencia en el sector eléctrico nacional.
Estas son las consideraciones expresadas este jueves por el ministro y el viceministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra y Ronny Rodríguez Chaves, respectivamente, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, a la que fueron llamados para explicar cuáles son los retos del país en ese campo y para la descarbonización de actividades con alta dependencia de hidrocarburos.
El jerarca y luego Rodríguez repasaron problemas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) donde hicieron señalamientos directos en torno a decisiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aun y cuando ninguno citó directamente a esa empresa.
Tattenbach afirmó que el SEN no cumple con un principio de eficiencia y citó como ejemplo el caso de siete plantas privadas que el ICE obligó al cierre desde el 2020 cuando decidió no comprarles más energía a pesar de que producen a costos bajos y con fuentes renovables.
“De alguna manera esto es como raro. Algo está pasando porque los mecanismos que tenemos impiden que esos emprendimientos se reflejen en precios más bajos en electricidad hoy, cuando más los requerimos para descarbonizar actividades con fuerte uso de hidrocarburos”, explicó.
También mencionó que ya el SEN permite 30% de generación privada en el mercado, pero a ello se suma la generación distribuida (sistemas de generación para consumo propio) la cual será una tecnología disruptiva en el mercado.
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“Cuando digo esto, luego de mucho analizar la realidad, lo que uno podría decir es que hay miedo en los actores al futuro, porque la generación distribuida, si no se capturan nuevos mercados como la electrificación del transportes, el riesgo es que decrezca la demanda y al mismo tiempo aumente la generación distribuida para consumo propio”, explicó a los diputados.
El ministro habló de un antídoto contra esa ineficiencia que percibe y es brindarle independencia al Centro Nacional de Control de Energía (Cence) hoy bajo control del ICE y que esa empresa se niega a liberar. Esa instancia es la responsable de planificar y gestionar día a día el suministro nacional de electricidad.
“Creemos que es necesario darle independencia al Cence y favorecer la interacción de empresas privadas, municipalidades y cooperativas de distribución y agentes para dinamizar el mercado interno de forma que se puedan vender excedentes entre ellos. Esto ya sucede, el mercado eléctrico ya es así y para crear reglas claras a la participación de empresas privadas y su papel para optimizar el sistema eléctrico”, expresó Tattenbach.
El Minae es el ente rector en materia de energía.
Activos caros
El viceministro, por su parte, insistió en que las empresas generadoras y distribuidoras deben ser más creativas al ofrecer servicios de electricidad partiendo de que la generación distribuida atrae a los consumidores por ahorro, pero en momentos en que hay suficiente capacidad instalada en Costa Rica para generar la electricidad.
“Tenemos que cuidarnos en eficiencia. ¿Cuál es el costo de la próxima planta de generación? Tiene que ser la que baje las tarifas y elegida según un análisis de múltiples criterios. Así se evitarían algunos casos que ustedes conocen ahí de errores que ha cometido el país donde se han permitido la construcción de activos caros que inclusive no debieron haberse construido, pero cuya deuda le queda a las próximas generaciones porque hay que pagarlo. Nosotros no podemos trasladar esas ineficiencias al usuario final”, afirmó.
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Su declaración coincidió con declaraciones del entonces presidente Carlos Alvarado, en mayo del 2021, cuando aseveró que malas decisiones de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) comprometían la situación financiera del ICE (su casa matriz), en referencia a la ejecución de proyectos eléctricos “mal planificados y ruinosos” como Balsa Inferior y Eólico Valle Central.
Esos proyectos llevaron a la CNFL a recurrir a un exceso de deudas por sus costos finales. Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras que el parque eólico de $21 millones a $54 millones.
Una ‘ley general de energía’
El jerarca del Minae recalcó además que solo 35% de la energía nacional es renovable y corresponde al sector eléctrico, mientras 65% descansa en combustibles fósiles, razón por la cual calificó como “enorme” el desafío de descarbonizar Costa Rica.
Su posición es que deben sustituirse los derivados del petróleo por electricidad limpia en sectores como transporte en general y actividades productivas (procesos industriales como calderas, donde hay uso intensivo de hidrocarburos).
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Sin embargo, advirtió, se requiere una ley general de energía que “no resuelva con parches diferentes cosas pero que sí sea ambiciosa”.
El ministro adelantó que trabaja en esa propuesta la cual hará llegar al Congreso en próximas semanas. Con esta, según él, se resolverían puntos problemáticos como la comercialización de electricidad y la venta de excedentes de energía y otros con el fin de abaratar la electricidad y que esta contribuya más en la descarbonización de la economía.
