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El desalojo lo realizaron funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) en medio de un fuerte operativo policial, ante la posibilidad de que se resurgieran protestas vecinales como las del martes.
Mientras los bienes eran dejados a un lado de la vía para que el dueño se los llevara, parte del personal del Minaet demolía algunas de las 24 habitaciones del hotel Las Palmas, que está dentro del Complejo Turístico Punta Uva S. A.
En esa área de cuatro hectáreas también están las instalaciones del hotel Suerre, pero el Minaet aún no lo toca pues espera que se resuelva un recurso que sus dueños presentaron el viernes ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Ambos hoteles están dentro del refugio de vida silvestre Gandoca- Manzanillo, por lo que el Minaet empezó, en 1993, un largo proceso legal para quitarlos.
“En el operativo trabajan 270 personas entre funcionarios del Minaet, Cruz Roja, Fuerza Pública, Bomberos, Comisión Nacional de Emergencias e Instituto Costarricense de Turismo (ICT)”, explicó Luis Diego Román, coordinador del desalojo.
El funcionario estimó en ¢200 millones el costo de la demolición, sin tomar en cuenta los viáticos del personal.
Por su parte, Jan Kalina, propietario del complejo turístico, alegó que la zona no era refugio cuando construyó los inmuebles.
“El Estado solo quiere destruir”, dijo Kalina tras presenciar el operativo y levantar, junto a un abogado, un acta de lo ocurrido.
Incluso, Wálter Céspedes, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien encabezó la manifestación del martes, descartó que hayan nuevos bloqueos.
“No vamos a hacer ningún movimiento más porque no recibimos ni siquiera una respuesta de la presidenta Laura Chinchilla.
”No vale la pena desgastarse más; queríamos negociar una tregua de la demolición para tener tiempo de revisar nuevos documentos legales”, dijo Céspedes.
Los bloqueos que hicieron los vecinos el martes, para impedir el derribo de esos hoteles, fue levantado por la Fuerza Pública, que utilizó gases lacrimógenos mientras que los manifestantes atacaron a los oficiales con piedras.
La molestia se originó porque los lugareños temen que luego sean demolidas unas 24 viviendas que están en esa zona, aunque esto fue descartado por el Minaet.
Otro de los motivos del enojo es la pérdida de fuentes de empleo al cerrarse esos hoteles, aseguró el congresista.
“En la Asamblea Legislativa me haré sentir, hablaré sobre este tema y sobre la condición en que está el cantón de Talamanca”, resaltó.
Por otra parte, ayer también llegaron algunos trabajadores a esos sitios de descanso.
Una de ellas fue Karina Miranda, quien desde hace ocho meses trabaja en el hotel Suerre.
“No estamos seguros si nos tendremos que ir o no pues esperamos este nuevo fallo judicial. Solo esperamos esta resolución”, enfatizó la funcionaria.
