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En momentos de contención del gasto público y una economía menos dinámica, la pretensión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de subir 12% su recaudación en el cobro del canon del espectro radioeléctrico chocó contra pared.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) rechazó la petición de incremento para el próximo año con base en dos factores, explicó el jerarca del ramo, Luis Adrián Salazar.
Primero, Sutel registra un superávit de ¢1.317 millones acumulado al 31 de diciembre pasado, correspondiente a subejecución, es decir, gastos presupuestados no se realizaron por alguna razón y el dinero quedó disponible para el siguiente año.
Segundo, porque el país atraviesa una coyuntura de contención del gasto público y menos dinamismo de la economía nacional.
Para Salazar, esa alza habría sido “inoportuna”.
“Cuando recibimos la propuesta de la Sutel, se hizo un análisis y se descubrió que había un superávit. Por eso tomamos la decisión como lo hicimos, especialmente por ese superávit lo cual refleja una subejecución presupuestaria el año pasado por parte de Sutel. Eso explica el 0% aumento”, explicó el ministro.
Corresponde pagar canon del espectro radioeléctrico las empresas de servicios de telecomunicaciones, y otras firmas o personas que tienen asignadas bandas. Son 130 concesionarios y permisionarios.
Según la Superintendencia, la entidad solo procura mantener congruencia entre el canon que cobran y los planes en materia de telecomunicaciones.
“El canon de reserva del espectro radioeléctrico es ampliamente discutido en su etapa de formulación para que sea congruente con proyectos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y basado en el principio de servicio al costo”, se limitó a responder por escrito Gílberth Camacho, presidente del Consejo Directivo de Sutel ante una consulta de La Nación.
Ingreso clave
Este canon de reserva es una fuente clave de ingresos para la Sutel y consiste en un monto que pagan los concesionarios y permisionarios del espectro radioeléctrico por usar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que es un bien del Estado.
Ese dinero que ingresa a las cuentas bancarias de Sutel sirve para administrar y planificar el uso del espectro a partir de una propuesta de plan operativo anual. En este caso, la recaudación se realiza en el año 2020 pero los fondos son pagaderos en el 2021.
Según esa dinámica, Sutel pretendían recaudar el otro año ¢3.250 millones para financiar su plan anual de actividades. Ello supone 12% de aumento con respecto a la suma aprobada en 2019.
De esa suma pretendida preveían utilizar ¢713 millones en remuneraciones (22% del total), ¢491 millones para tres proyectos (15% del pedido) y ¢1.456 millones (45%) por arrendamiento y costos del sistema de gestión y control del espectro radioeléctrico.
Así consta en el Acuerdo N° 023-034-2019 adoptado el 30 de mayo anterior en la sesión ordinaria N° 034-2019 de la Superintendencia.
El Micitt rechazó de plano el pedido, entonces como no hubo aumento, recaudarán lo mismo que este año: ¢2.912 millones.
En comparación con el canon del 2018, que permitió recoger ¢2.866 millones, lo aprobado para 2019 y ahora 2020 supone un repunte de 1,6% (¢46 millones adicionales).
Arcas llenas
Sutel precisó el estado de sus finanzas al Micitt en un documento de mayo titulado “Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico 2020 pagadero en el 2021”.
En ese informe, la Superintendencia reconoce que, a diciembre del 2018, disponía de un superávit de ¢1.317 millones a diciembre anterior.
De esa suma, ¢562 millones corresponden a superávit por canon de espectro radioeléctrico; suma equivalente al 17% del monto de recaudación que Micitt rechazó.
El borrador de decreto ejecutivo que rechaza el pedido del 12% de Sutel, retoma la necesidad de congruencia “con el compromiso de austeridad y contención del gasto público del Gobierno de la República, así como el comportamiento de la economía nacional e internacional y en atención del principio de servicio al costo”, conforme el documento que es parte del expediente de consulta pública en este proceso.
El propio ministro reforzó ese argumento.
“Esta administración está en un proceso de contención del gasto y manejo de recursos. Con un superávit así como ese, consideramos que todos deberíamos ser consecuentes y nos pareció así inoportuno un incremento”, explicó.
