EscucharEl ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, intervino para que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se inclinara por la contratación de la empresa alemana Dekra C.R. para dar el servicio de revisión técnica vehicular, el cual, inicialmente, se iba a asignar a la firma sueca Opus Group AB, pues esta ofrecía una menor tarifa a los usuarios.
Consultado sobre estos hechos que se dieron entre el 19 y 23 de agosto, el ministro argumentó que no podía referirse debido a que hay pendientes de resolver recursos ante su despacho.
De acuerdo con el expediente administrativo del proceso de selección de la empresa que operará bajo la figura de permisionario, la Comisión Evaluadora de Propuestas para Otorgamiento de Permiso de Uso en Precario, conformada por cinco miembros, presentó el 19 de agosto a la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) el informe final donde reportaba la nota obtenida por cada operador en los ítems requeridos durante el concurso.
Tras conocer el análisis donde la empresa sueca resultaba con la puntuación más alta (97 puntos de 100), de acuerdo con los criterios elegibilidad, el Consejo Directivo de Cosevi acordó acoger la recomendación para otorgar el permiso a los suecos. Eso, dado que Dekra obtuvo 90 puntos.
“Recibido el informe de la Comisión Evaluadora de las propuestas para acceder a la prestación del Permiso de Uso en Precario de la IVE (inspección vehicular), se acoge la recomendación contenida en el mismo, para que se otorgue el permiso a Opus Group AB, al haber alcanzado la mayor puntuación y cumplidos los requisitos legales, financieros y técnicos de admisibilidad”, indica el oficio que fue remitido a Amador ese mismo día desde el Cosevi.
Dos días después, el 22 de agosto, el jerarca envió un oficio a la Comisión Evaluadora en el que pedía replantear la selección. Su inquietud se sustentó en que Opus Group acreditó su experiencia en el ámbito de revisión técnica en Suecia mediante una agencia externa, argumentando que no existe un ente estatal que pudiera certificar el número de inspecciones, pues en Suecia la ITV es abierta y no obligatoria.
Sin embargo, según el ministro luego de realizar verificaciones, la Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial, encontró que sí existe un organismo oficial en Suecia que puede acreditar y evaluar las empresas de ITV en Suecia, denominado SWEDAC (acrónimo en sueco de la Junta de Acreditación y Control Técnico).
Amador restó valor a la experiencia de la firma sueca al indicar que “por requerimientos del mercado donde opera (Opus Group), su revisión está más limitada y supeditada a la revisión de emisiones o gases contaminantes, lo cual, a juicio de este Despacho, debilita la demostración de experiencia”.
38- CSV-JD-2022-0305 solicitud a la Comisión para replantear informe.pdf Jerarca pidió replantear informe argumentando dudas sobre la acreditación de experiencia de la firma sueca.
El documento del ministro concluye con una solicitud de realizar una sesión de trabajo para el día siguiente, es decir, 23 de agosto, a fin de replantear el informe de recomendación.
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No obstante, el 23 de agosto, la Comisión Evaluadora respondió el oficio indicando que la información presentada por Amador sí fue debidamente analizada y valorada antes de rendir el informe final.
Los miembros de la Comisión aseguraron que la compañía sueca certificó su experiencia mediante una agencia externa y explicaron que Swedac no tiene el papel de “autoridades estatales o privadas competentes reguladoras o fiscalizadoras del servicio”, sino que más bien es una entidad certificadora del cumplimiento en normas de calidad, similar al Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
Dichas certificaciones de experiencia fueron emitidas por un notario público de la firma internacional de auditoría KPMG y además se contrastaron en la página web de la Agencia Sueca de Transportes y se verificó que eran coincidentes.
También, los integrantes de ese grupo evaluador refutaron los cuestionamientos en el ámbito de revisiones, pues aseguran que esa misma agencia certificó que Opus Group sí realiza inspecciones de condiciones mecánicas y de seguridad y no solo de emisión de gases en países como Chile y Suecia.
Por segunda ocasión, entonces, la Comisión Evaluadora emite criterio en favor de los suecos. “En razón de lo expuesto, esta Comisión considera que resulta innecesario replantear lo consignado en el informe CSV-DE-CEP-0013-2022, toda vez que la información adicional aportada no implica modificaciones o variaciones en cuanto a la documentación presentada por la empresa Opus Group AB, misma que fue debidamente analizada y valorada en su oportunidad por parte de esta Comisión”, concluye la respuesta enviada al ministro.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora, creada solo para este caso, eran Héctor Arce (MOPT), Juan Pablo Mora, Sergio Valerio, Alejandro Delgado y Pablo Álvarez.
‘La integridad’
Pese a estas valoraciones de la Comisión Evaluadora, durante la sesión de Junta Directiva del Cosevi, la cual preside el ministro y que tuvo lugar el mismo 23 de agosto, él insistió en que Opus Group sí pudo haber efectuado la certificación oficial en su país.
Mencionó como otro aspecto de inconformidad “la integridad”, al considerar que la compañía sueca “lo único que hizo fue presentar esa nota donde dice que están imposibilitados para aportar otro documento, pero en realidad sí hay un organismo que acredita”.
Acta de la sesión donde se acordó revocar el acuerdo Durante la sesión del 23 de agosto el jerarca y demás miembros del Consejo Directivo acordaron revocar el acuerdo.
Amador también justificó su posición en que parte de las inspecciones que Opus Group acreditó se realizaron en Estados Unidos “donde el requerimiento es más limitado”.
Igualmente, en esa sesión se expuso que la empresa sueca sí cobra por una tarifa de reinspección para más de un componente, lo cual según el ministro “llega a preocupar” al ver el porcentaje de inspecciones denegadas.
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Luego, el jerarca lanza cuestionamientos por un supuesto problema de corrupción de Opus Group en Honduras, del cual, sin embargo, no aporta pruebas.
Así lo consigna textualmente el acta: “Posteriormente, otro elemento a título informativo, pero importante, respecto a que el Consorcio Opus y, en esto señala que no hay prueba, es únicamente lo que indican los medios de comunicación, se identificó que ha habido algún nivel de problemática de la empresa, en Honduras, si no se equivoca. Señala que él llamó al embajador de Honduras y conversó con él con respecto al tema de esta persona que estuvo involucrada, y sí le confirmó que esta persona sí cometió actos de corrupción, y es un prófugo de la justicia. Señala que uno de los casos de corrupción de los cuales está acusado, es el que tiene que ver con la inspección técnica vehicular, donde indica que la adjudicación se realizó con la apertura económica a un solo oferente de los cuatro que habían sido precalificados”.
De inmediato, agrega el documento, Amador “señala que sí preocupa un poco y puede ser que la corrupción haya venido nada más del funcionario, no de la empresa, pero también hay cierto nivel de preocupación al respecto”.
El asesor legal del Cosevi, Carlos Rivas Fernández, pidió luego la palabra para advertir: “Debe considerarse que mientras no exista una condenatoria formal en contra de la empresa, no recomendaría que eso se esgrima como un argumento directo para justificar el acuerdo, es decir, que les quede a cada uno de ustedes como una valoración personal, pero que no se incluya como motivación en el acuerdo”.
Finalmente, el ministro cuestionó la puntuación otorgada por la Comisión Evaluadora para calificar las empresas, pues no se le dio un puntaje mayor a las firmas que mostraban un nivel superior de inspecciones, como es el caso de Dekra.
Los alemanes reportaron 188 millones de inspecciones en 10 años, frente a 12 millones de Opus Group. Al comparar las propuestas tarifarias, se le dio mayor puntaje a la sueca pues ofreció una menor tarifa, aunque sí cobra por la segunda reinspección.
Opus Group propuso cobrar ¢6.157 por la primera inspección frente a ¢7.722 de Dekra. En el caso de la segunda inspección, Opus Group planteó una tarifa de ¢3.149 y Dekra, ¢4.471. Para la reinspección de una sola falla, Opus presentó una tarifa de ¢3.149 y Dekra ofreció no cobrar ese rubro.
Cada uno de esos rubros eran calificados por separado, según lo estipulado en el pliego de condiciones. Es decir, por la mayor cantidad de inspecciones en 10 años se otorgaban 40 puntos de 100 como máximo; por la tarifa más baja de primera inspección, otros 40 puntos; por la reinspección, 10 puntos a la menor tarifa y por la reinspección de un solo defecto otros 10 puntos.
Ante estos elementos, dice el acta del Cosevi del 23 de agosto, el ministro expresó: “Pareciera que por conveniencia se podría valorar una recomendación respecto de la propuesta que está en segundo lugar”, es decir, la firma alemana Dekra.
En favor del segundo lugar
Tras discutir esos aspectos, el ministro pidió nuevamente reconsiderar la selección y valorar la oferta de la empresa alemana que había quedado en segundo lugar.
Los argumentos de Amador fueron respaldados por los demás miembros del Consejo Directivo del Cosevi, quienes acordaron revocar el acto anterior en favor de los suecos y recomendar que se otorgue el permiso a la firma alemana.
Como parte de los comentarios de los demás miembros, destaca lo señalado por Ana Mariela Abarca Restrepo, la representante de la ministra de Educación en la Junta Directiva del Cosevi.
Ella dijo que la selección de Opus Group podría haber generado un “ruido social innecesario, ya que faltaba más que después de decir el nombre (de la empresa ganadora) la prensa empiece a investigar y se dé cuenta con esto”, en referencia a lo indicado por el ministro sobre los supuestos hechos de corrupción investigados en Honduras.
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El anuncio de la selección de Dekra ocurrió al día siguiente, el 24 de agosto, durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.
Luego, la compañía sueca acudió a la Contraloría General de la República para apelar la escogencia de Dekra. Sin embargo, esa gestión fue rechazada porque la Contraloría se declaró incompetente para conocer procesos no regulados por la Ley de Contratación Administrativa, como el de la figura de permisionario utilizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
En su queja, los suecos reclaman haber obtenido “el primer lugar” en la presentación de ofertas. “Llama la atención que la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial, apartándose del sistema de evaluación aplicable, hubiere recomendado al estimado señor ministro de Obras Públicas y Transportes que otorgara el permiso al oferente que quedó en segundo lugar en la evaluación”, indica.
Y añade: “En ese contexto, poco abona a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales que la Administración Pública nos invite a participar en un concurso abierto y transparente para que al final del procedimiento la decisión de contratación no se sustente en los criterios objetivos establecidos en el pliego de condiciones sino en criterios subjetivos, no contenidos en el pliego de condiciones y de los cuales nadie tiene conocimiento”, añadió el oferente en su objeción.
El Consejo Directivo del Cosevi lo integran:
- El ministro de Obras Públicas y Transportes (o su delegado).
- La ministra de Salud, Joselyn Chacón (o su delegada).
- La ministra de Educación, Anna Katherina Müller (o su delegada).
- Un representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (Freddy Carvajal Abarca).
- Un representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (Yorlene Víquez Estevanovich).
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