El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, cree que es momento de evaluar la operación de Recope, pues considera que esa institución podría funcionar con solo el 40% del personal que tiene actualmente.
Así lo manifestó días atrás en una entrevista a un medio de comunicación y lo ratificó este domingo, luego de las actividades de presentación del Plan Nacional de Descarbonización.
Según él, llegó a esa conclusión durante la huelga del año pasado contra la reforma fiscal, cuando el 60% del personal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) cesó labores como protesta y, sin embargo, la empresa mantuvo la distribución de combustibles.
“Eso hace ver que hay una necesidad de analizar cuánto es el costo fijo que hay que tener para poder operar”, aseguró Rodríguez tras consultársele por lo expresado en una entrevista al diario digital Crhoy.
El ministro insistió este domingo en la necesidad que tiene esa institución de reinventarse. Esa oportunidad vendría con el proyecto de ley de reforma de la Refinadora que, aseguró, se presentará en marzo a la Asamblea Legislativa.
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Una de los principales cuestionamientos en torno a la modernización, es sobre el futuro sus empleados. Sin embargo, Rodríguez dijo que quienes trabajan en combustible, podrán encontrar otras formas de ganarse la vida.
"De ahí la reforma legal que queremos hacer en Recope, moviéndose hacia combustibles alternativos y dejando de lado los combustibles fósiles.
“Ese cambio de Recope es muy parecido a los cambios que hubo hace muchos años cuando dejamos de cortar árboles en los bosques y hacer parques (nacionales), cuando los madereros decían ‘de qué vamos a vivir’; bueno el turismo y otros negocios asociados a la conservación les dio empleo a todos, así que va a pasar lo mismo con los combustibles”, expresó el jerarca.
Recope tiene el monopolio de la compra y distribución de combustibles. Posee 1.740 empleados.
En diciembre del año pasado, el presidente de la institución, Alejandro Muñoz, explicó que la reforma propondría proyectos de inversión para mejorar la capacidad del país en el desarrollo de “energías alternativas”.
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Además en esta iniciativa se incluirían las mezclas con etanol, con biodiésel y el “impulso para el próximo año” del uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el transporte público, así como la incorporación de vehículos eléctricos en la flotilla nacional y el uso de hidrógeno.
Durante la huelga de empleados públicos en contra del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que en el caso de Recope, se prolongó del 10 de setiembre al 1.° de octubre, estuvieron cerrados los planteles de Moín en Limón, La Garita de Alajuela y Barranca en Puntarenas.
No obstante, la entidad trasladó el grueso de sus operaciones al plantel de Ochomogo en Cartago, desde donde continuó distribuyendo combustibles a todo el país.
Inicialmente, el movimiento fue declarado ilegal por el Juzgado de Trabajo, sin embargo el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, revocó la decisión y determinó que fue legal. Entre otros aspectos, consideró que el suministro de combustibles no es un servicio esencial
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Colaboró la periodista Lucía Astorga