EscucharEl sindicato de Japdeva solicitó ayer a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia impedir la construcción de un megapuerto en Moín, Limón, por considerar que esa obra implicaría el “nacimiento de un monopolio portuario”.
Tal fue el principal alegato expuesto por el gremio de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), durante una vista realizada en ese despacho judicial.
La Sala Primera tramita un recurso de casación interpuesto por los muelleros y la Cámara de Bananeros, en contra de un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo que les impidió detener el proyecto para la terminal portuaria.
Jorge Regidor, abogado de Sintrajap, insistió ayer ante los magistrados que dichas instalaciones traerán perjuicios al país.
“Actualmente, por las tendencias del mercado, las cargas se transportan en contenedores. Esto quiere decir que, de entrar el nuevo muelle, Japdeva se quedaría solo con el 20% de la carga que no ingresa al país en contenedor”, alegó.
El megapuerto fue concesionado en el 2011 a la compañía holandesa APM Terminals. La obra incluye la construcción de un rompeolas de 2,2 kilómetros y una plataforma de 900 metros de longitud para atender tres barcos a la vez.
Sin permisos. Rándal Quirós, abogado de los bananeros y quien fue ministro del MOPT en la Admnistración 2002-2006, aseguró ayer que la obra no cuenta con permisos ambientales, situación que a su criterio deben analizar los magistrados para emitir su fallo.
“A la fecha, no existen estudios de viabilidad potencial del proyecto, esto quedó en evidencia hoy (ayer) en esta sala. Además, en el tema de tarifas se supo que el costo del proyecto creció en $300 millones y, aun así, la fórmula de cálculo de tarifas sigue igual”, indicó.
Rolando Laclé, abogado de APM Terminals y pidió a los magistrados rechazar la apelación del sindicato. Argumentó que los demandantes no habían presentado una petición clara para anular el contrato. “Aquí no hay monopolio de un servicio público, en este caso la carga y descarga del puerto, pues el servicio y el puerto siempre serán del Estado que más bien tendrá beneficios”.
Luego de esta audiencia, los magistrados deliberarán para resolver si aceptan o no la apelación.
Una de las novedades de la terminal es que se instalará sobre una isla artificial de 80 hectáreas para recibir barcos con capacidad de carga de 13.500 TEUs, como llaman a los contenedores de 20 pies.
Representantes de la empresa estiman que si nada detiene el cronograma de obras, a más tardar en noviembre empezaría el movimiento de tierra.
