EscucharAurora perdió a su bebé a finales del año pasado. El feto tenía múltiples malformaciones y murió una hora después de nacer, como se lo habían diagnosticado los médicos .
Aunque la parte más dolorosa de la historia ya terminó, Aurora, de 32 años, seguirá luchando para que en Costa Rica se autorice la interrupción terapéutica del embarazo en casos como el suyo.
Cuando el bebé nació, Aurora como se le conoció públicamente, estaba esperando que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le autorizaran el aborto terapéutico, porque las posibilidades de supervivencia del feto eran nulas.
Empero, hasta el día en que la mujer dio a luz, los médicos siempre alegaron que el procedimiento era ilegal, porque la vida de ella no estaba en riesgo.
Su situación trascendió en La Nación en noviembre pasado, cuando se divulgó que al feto se le diagnosticó, desde las primeras semanas, un síndrome que se llama abdomen pared.
Eso significaba que tenía abierta la pared abdominal y expuestos el corazón, el hígado y los intestinos. Tenía una escoliosis grave (desviación de la columna vertebral), quistes, costillas cortas y sus piernas nunca se desarrollaron.
Durante la mayoría de la gestación del bebé, Aurora presentó taquicardia, dolores físicos y transtornos emocionales provocados por la condición en la que se desarrollaba el feto.
A la postre, ante la negativa de la Caja, ella llevó su caso a la Sala IV.
En el recurso de amparo ella alegó que la negativa de las autoridades médicas “violentaba sus derechos humanos a la salud, a la vida, a vivir libre de discriminación, violencia, de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Empero, los magistrados aún no resuelven la gestión.
Su causa seguirá. Aunque Aurora tuvo que esperar a que su bebé saliese del vientre por causa natural, la lucha para ella no termina.
Su abogada, Larissa Arroyo, aseguró que la joven seguirá batallando para que el procedimiento de interrupción del embarazo en situaciones tan específicas como el suyo sea avalada en el país.
“Ella quiere que su caso sirva para que ninguna mujer en Costa Rica vuelva a pasar por la tortura que ella pasó”, dijo Arroyo, a nombre de la Colectiva por el Derecho a Decidir, un grupo pro defensa de los derechos reproductivos que acogió su historia.
“Esta mujer de una valentía inmensa tiene una familia y un esposo que la ama y la apoya, pero ¿cuántas Auroras más habrá en nuestro país que no cuenten con las condiciones para reclamar sus derechos y que, por el contrario, son estigmatizadas y vilipendiadas por el sistema de salud, la sociedad e incluso los medios de comunicación?”, dice el comunicado enviado por la Colectiva.
