EscucharFallecidos, adultos mayores de 134 años y hasta un bebé de un año figuran entre los beneficiarios del Programa Nacional de Empleo (Pronae) que, de acuerdo con la Contraloría General de la República, repartió en los últimos tres años ¢73.439 millones en subsidios para capacitación de personas desocupadas o subempleadas sin certeza de que el dinero llegara a la población meta.
Un informe divulgado, este martes, por el ente contralor señala la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación para determinar si los 303.157 subsidios otorgados por ese programa del Ministerio de Trabajo, entre 2019 y 2022, realmente sirvieron para abrirles oportunidades de empleo a quienes recibieron los fondos.
El documento detectó, entre otras debilidades, inconsistencias en las bases de datos de los beneficiarios del Pronae, pues se encontraron registros de participantes con “edades que se encuentran totalmente fuera de los rangos razonables” como, por ejemplo, 603 personas con edades de entre 65 y 100 años, cuatro mayores de 100 años y otros hasta con 314 años.
“A su vez, se determinó un beneficiario registrado, menor de 1 año, 38 con edades inferiores a 14 años. Además, de 172 registros correspondientes a personas que, de acuerdo con la información del Registro Civil, ya fallecieron”, señala el documento. Además, hay 1.450 beneficiarios que no están asociados a ningún proyecto.
La Contraloría afirma que la existencia de datos inconsistentes, además de reducir la confiabilidad y oportunidad de los datos que respaldan la gestión del Programa Nacional de Empleo, puede permitir la asignación de un beneficio a un solicitante que no cumplen con los requisitos, o bien, girar recursos que no corresponden.
“Asimismo, puede incrementar el costo administrativo, por el reproceso de la información, debido a que si se incluyen datos erróneos, deben corregirse las inconsistencias que se presentan, lo que incide en la celeridad de la respuesta al beneficiario”, aseveró.
Pronae tiene seis modalidades de proyectos (capacitación, Empleate, Empleate ABI, Ideas Productivas, Indígenas y Obra Comunal), los cuales se financian con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Su objetivo es promover empleos de calidad para personas en situación de vulnerabilidad y asignar un subsidio por el periodo de duración del programa de capacitación.
Los beneficiarios reciben un subsidio de ₡200.000 mensuales para que puedan asistir a las capacitaciones. El dinero va destinado a madres de familia, jóvenes en riesgo social, movilizados forzosos por pérdida de trabajo, exfuncionarios públicos sin ocupación y adultos mayores con énfasis en personas situadas en comunidades vulnerables.
Por otra parte, el informe contralor señala que el programa no da seguimiento al cumplimiento de los objetivos, por cuanto no se plantean las metas, indicadores o informes que permitan identificar, con claridad, la información geográfica de cada participante. Además, se determinó la ausencia de un plan para articular e integrar el Pronae dentro del Sistema Nacional de Empleo.
Debido a lo anterior, la Contraloría solicitó a los jerarcas de Trabajo la elaboración de un plan remedial para corregir todos los problemas y tomar acciones para depurar la base de datos.
Ordenó, por ejemplo, definir metas e indicadores de resultados en los planes anuales de modo que se pueda identificar la forma como se están distribuyendo los recursos y se pueda visualizar el logro de los objetivos del Pronae.
Además, instruyó para que se definan e implementen mecanismos de control para corregir las situaciones que generaron las inconsistencias presentadas en la base de datos de beneficiarios.
Descargo de cartera
El jerarca del MTSS, Andrés Romero Rodríguez, señaló que agradecía el informe de la CGR pues invitan a una mejora empezando por la base de datos pero también dijo que, sobre las situaciones con las edades, “la Contraloría en el propio informe señala que no hay situaciones identificadas por parte del órgano contralor que impliquen una erogación presupuestaria indebida”.
Eso no es lo que dice textualmente el informe de auditoría. En la página 14, la Contraloría advierte que esas situaciones identificadas no necesariamente implican una erogación presupuestaria indebida.
