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La Municipalidad de Belén trasladó a los vecinos del residencial Lomas de Cariari y Bosques de Doña Rosa el cumplimiento de órdenes judiciales que recibió de la Sala Constitucional y del Juzgado Penal de Flores para frenar el vertido de aguas residuales al río Virilla.
Desde el 31 de agosto, el municipio ha notificado a unos 700 propietarios de que tienen tres meses para construir tanques sépticos en sus casas. De lo contrario, se les eliminará la actual conexión de alcantarillado sanitario por la cual se depositan las aguas residuales en el cauce.
“Usted, en condición de persona física, persona jurídica o propietario registral en calidad de fiduciario, estará en la obligación de construir un sistema de tratamiento (tanque séptico y drenaje) para aguas negras (aguas negras y jabonosas)”, dice el documento.
El pedido se dan luego de la condena, en enero, del Tribunal Constitucional contra el gobierno local, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de elaborar en dos meses un plan remedial para interrumpir el vertido de aguas residuales en el río Virilla, y seis meses más para ejecutar dicho plan.
Asimismo, este mes, el Juzgado Penal de Flores dictó al Ayuntamiento como medida cautelar suspender el vertido de las aguas y contratar a una empresa para el tratamiento de las aguas mientras instala una planta propia, para lo cual tiene seis meses. Esta medida tiene relación con una investigación por el delito de disposición ilegal de residuos, promovida por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
La orden municipal generó reacción entre los habitantes de estos barrios, quienes grupalmente plantearon este lunes un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, informó Melissa Flores Nuñez, vecina de Cariari y líder comunal.
Molestia de vecinos
Los vecinos alegan que el oficio de la Municipalidad es nulo pues no establece plazos ni mecanismo de impugnación. Aducen, además, que tampoco incluyó las resoluciones de la Sala IV y del Juzgado Penal aun y cuando hace mención de estas para justificar.
En criterio de los pobladores, pedir en este momento que cada vivienda construya un sistema de tratamiento “es totalmente contrario al mandato de la Sala Constitucional”, pues alegan que esa orden para remediar la contaminación fue girada a la Municipalidad, a Salud y al Minae.
“No es pertinente que se pretenda que solucionemos un problema del cual solo la Municipalidad es responsable, máxime que la enorme mayoría de vecinos y vecinas de Ciudad Cariari, hemos pagado regularmente y por bastante más de 10 años a la Municipalidad, un rubro para financiar alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales”, precisa el recurso.
Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal de Belén, insistió en que, mientras no haya planta de tratamiento, es obligación de cada casa hacer su tanque séptico y por eso justifica la comunicación.
“Cada casa tiene que hacerlo, pero mientras, estamos haciendo el descargo de que en seis meses es técnicamente imposible resolver ese vertido, si en ese lapso se requiere hacer una planta”, indicó este lunes.
En el mejor de los escenarios, la planta estaría lista a finales del 2022, agregó Alvarado, también es candidato a diputado por Heredia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Según el jerarca, ya disponen de los recursos para adquirir un terreno valorado en unos ¢1.000 millones donde se haría la planta, aunque requerirá una o varias expropiaciones.
“Además, debe elevarse a la Contraloría (General de la República) para obtener el visto bueno, pero luego hay que hacer un proceso de licitación para la construcción, adquirir un crédito para emprender los trabajos y todo debe, de nuevo, pasar por Contraloría. En el mejor de los casos, la obra podría estar a finales del 2022″, aseguró.
Consultado por los reclamos de los vecinos, Alvarado respondió: “¿Cómo es que alguien compra una casa sin tanque séptico? Había una responsabilidad particular ahí cuando se adquirió el inmueble y, del mismo modo, también una institucional”.
