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Desde abril de 2020 la Municipalidad de San José pagó ¢44,3 millones al bufete de abogados BDS Asesores Jurídicos por representación legal y asesorías relacionadas con la renegociación de la convención colectiva. No obstante, pese a la millonaria suma, el Ayuntamiento capitalino ignoró la recomendación dada por los juristas de denunciar todos los artículos de la convención colectiva.
Paula Vargas Ramírez, alcaldesa de San José, reconoció que BDS Asesores Jurídicos recomendó denunciar la totalidad de la convención, pero la Municipalidad decidió solo poner en la mesa de discusión 30 de los 64 artículos que tiene el acuerdo laboral. La denuncia es el primer paso establecido en la legislación para reformar el documento.
Ante una consulta de La Nación, la alcaldesa josefina confirmó, por medio de un correo electrónico, que BDS Asesores Jurídicos aconsejó denunciar todos los artículos para revisarlos durante la renegociación con los sindicatos. Sin embargo, no satisfechos con ese pronunciamiento, consultaron al Ministerio de Trabajo al respecto y la respuesta fue que podían denunciar toda la convención colectiva –como dijeron los asesores legales privados– o hacerlo de manera parcial con un artículo “abierto” para incluir otras modificaciones en el proceso.
“La decisión de la denuncia parcial fue tomada por todas las partes; administración, sindicatos y concejo de manera consensuada, bajo los criterios legales correspondientes y conforme a derecho”, declaró la jerarca municipal.
Uno de los artículos que la Municipalidad omitió denunciar es el octavo, que establece el pago de dietas para los representantes de los sindicatos que asisten a la Junta de Relaciones Laborales. De enero de 2021 a marzo de 2021, la entidad pagó ¢107 millones a 11 sindicalistas por asistir a reuniones que, en ocasiones, no se extienden por más de media hora.
La convención colectiva vigente establece entre sus beneficios, tres días adicionales de vacaciones a los funcionarios que durante un año no registren ausencias o tardías. Estipula 17 días hábiles de vacaciones para los colaboradores con cuatro años de antigüedad, 22 días hábiles para los que poseen más de cinco años de servicio y 30 días hábiles para los que contabilizan más de diez años. A esos periodos, si la persona no llegó tarde o faltó, se le suman los tres días de “estímulo”.
Además, los trabajadores gozan de medio día libre pagado el 2 de noviembre de cada año “para visitar a sus queridos ya fallecidos”, hasta dos días libres con goce de salario para preparar apelaciones en procesos de despido, así como pago del 80% de los gastos odontológicos y subsidios para comprar lentes, aparatos ortopédicos, prótesis dentales y útiles escolares.
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Millonaria contratación
A pesar de tener en su estructura un departamento de abogados trabajando a tiempo completo, la Municipalidad de San José decidió, en abril de 2020, contratar la firma de juristas como asesores en la renegociación de la convención colectiva.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la adjudicación se realizó a través de una licitación abreviada (2020LA-000003-0015499999) en la que solo participó BDS Asesores Jurídicos, empresa representada por Marco Durante Calvo. El cartel de licitación señaló que el contratista debería ofrecer “consultoría externa en materia laboral, representación judicial en procesos laborales y negociación de la convención colectiva” por un máximo de 300 horas y un presupuesto de ¢30 millones.
Aunque el cartel de licitación establece ese límite, en Sicop constan 11 órdenes de compra a favor de BDS Asesores Jurídicos por 464 horas y ¢44,3 millones, casi ¢15 millones más que el presupuesto original. En la asignación de horas no se detalla las tareas a realizar por el bufete, ni los productos esperados por el Ayuntamiento en cada caso.
En una entrevista realizada la semana anterior, Durante defendió la actuación de su empresa y aseguró que actúan dentro del marco legal.
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Según Sicop, no es la primera vez que BDS Asesores Jurídicos recibe contratos para asesorar a la Municipalidad de San José en renegociación de convenciones colectivas y Derecho Laboral, en 2018 consiguieron una contratación directa (2018CD-000861-0015499999) por ¢15 millones.
La contratación directa es una modalidad por excepción, es decir que la Ley de Contratación Administrativa establece una serie de condiciones extraordinarias para ejecutarla, una de ellas es que solo exista un proveedor en el mercado para determinado tipo de bienes o servicios, pero en este caso los registros de Sicop señalan que hay más de 300 abogados o bufetes disponibles para asesoría legal laboral.
