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Los gobiernos locales no utilizaron 27 de cada 100 millones que tenían a disposición el año anterior para arreglar vías cantonales, remodelar parques o atender problemas comunales.
Es así como se quedaron sin ejecutar poco más de ¢167.000 millones, de acuerdo con el Sistema de Información Sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR).
Esos recursos equivalen al doble de todos los ingresos reportados por la Municipalidad de San José ese mismo año. Ese ayuntamiento capitalino es el que goza del mayor presupuesto del país.
Aunque el promedio de subjecución es el 27%, entre los 81 ayuntamientos están aquellos que dejaron sin aprovechar el 69% y el 58%.
La baja capacidad que tienen los municipios para ejecutar sus recursos y para recaudar sus impuestos, es uno de los argumentos de la Contraloría General de la República para oponerse a que los gobiernos locales queden fuera de la aplicación de la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), como lo propone un proyecto de ley apoyado por diputados de varios partidos.
“Ellos alegan que esa herramienta les va a limitar el crecimiento. Lo que pasa es que cuando uno analiza y ve que todavía no han logrado ejecutar la totalidad de sus gastos, a uno le puede generar un poco de duda en qué tanto le puede limitar la regla fiscal en su gestión”, expresó Vivian Garbanzo, gerente de área de Servicios para Desarrollo Local del órgano contralor.
La norma en discusión establece que para el año entrante, ninguna entidad o programa estatal –con excepción de los regímenes de salud y pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)– aumente sus gastos corrientes en más de 4,67%.
Esto impediría que gastos como salarios, transferencias e intereses crezcan más allá de ese tope.
El principal problema de la aplicación de la regla fiscal de la ley 9635 es que se les aplica a todas las municipalidades por igual y en función del déficit del Gobierno Central; distinto sería si hubiese un mecanismo para aplicarla con base en la realidad de cada municipio", advirtió Juan Pablo Barquero, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Además de la discusión de la propuesta de ley para eximir a los gobiernos locales del límite al crecimiento del gasto, la Sala IV estudia una acción de inconstitucionalidad con la misma intención, presentada por la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves.
El alegato de la jerarca municipal es que la regla fiscal viola la autonomía municipal. Además, recuerda que los gobiernos locales tienen sus propios ingresos.
Sin embargo, tanto la Contraloría como el Ministerio de Hacienda insisten en que esos recursos también son fondos públicos y que, en la búsqueda del equilibrio fiscal, todos los sectores deben contribuir.
“Son ingresos propios que, para poder financiar un gasto sin control, terminan aumentándolo a los ciudadanos las tarifas municipales. Yo lo he dicho desde el principio, la propia Asamblea fue la que las excluyó (con la aprobación de la reforma fiscal), no fui yo”, afirmó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Baja capacidad
Los datos del sistema de información presupuestaria de la Contraloría revelan que 20 municipios dejaron sin tocar más del 30% de sus recursos del año anterior.
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El caso más llamativo es el de la Municipalidad de Barva. El Gobierno del cantón herediano solo invirtió el 31% de sus recursos y dejó sin tocar ¢5.490 millones.
En contraparte, los ayuntamientos de San Carlos, Pérez Zeledón y Mora son los que más se acercan a la ejecución total de sus presupuestos sin dejar los números negativos, como sucedió con los ayuntamientos de Aserrí, Alajuelita y Desamparados, que gastaron más de lo que tenían previsto.
Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) considera que se debe analizar cada caso para identificar las causas de la alta subejecución, pero mencionó al menos cinco razones que complican la inversión de recursos en los ayuntamientos.
Recordó, por ejemplo, que los alcaldes señalan que el Gobierno Central gira las transferencias a final de año, lo que les imposibilita ejecutar los recursos. Algo similar, según dice, sucede con los impuestos municipales, pues usualmente los ciudadanos se mantienen en mora y pagan con el aguinaldo.
“Los últimos dos partes de la ley 9.329 (Ley Especial para la Transferencia de Competencias), que es la plata para caminos, nos ingresan a las municipalidades el 22 o 23 de diciembre, cuando ya estamos cerrando. También, la mayoría de la recaudación de impuestos se logra en diciembre, pues hay mucha gente que no paga durante todo el año, pero que al fin y al cabo con el aguinaldo van y pagan”, afirmó Porras.
Otra de las razones que señala la UNGL es que los municipios reservan contrapartidas para obras de infraestructura futuras, así como fondos de previsiones, como el pago de prestaciones, los cuales no se pueden cuantificar con exactitud.
Por último, el pulso político en el Concejo Municipal también genera atrasos, según Porras.
“Ahora, por ejemplo, estamos en año electoral. De repente en los concejos a nivel político es un poco complejo, porque quienes aprueban en muchas municipalidades licitaciones muy grandes son los Concejos Municipales y si están en año electoral y están muchos en diferentes partidos, si quieren no se los aprueban y ahí le van quedando al alcalde los recursos sin ejecutar”, afirmó la directora.
La Contraloría General de la República señala la incapacidad de ejecución pero también admite que las transferencias del Gobierno llegan tarde para que se ejecuten ese mismo año.
“Razones pueden haber muchas, pero principalmente es porque los procedimientos o las compras que ellos planifican no los logran adjudicar en el mismo periodo y deben trasladarlo al siguiente”, aseveró Vivian Garbanzo.
El órgano contralor también advierte que hay municipalidades cuyas unidades técnicas apenas cuentan con un ingeniero, lo que complica la ejecución de obras, hecho que se acentúa en gobiernos locales que cuentan con pocos proveedores.
“Estamos esperando a que avance la reforma a la Ley de Contratación Administrativa (que agilizaría trámites en compras y obras públicaa) pues actualmente los mismos requisitos debe cumplir el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que es una entidad grande, que una pequeña municipalidad”, sentenció Porras.
