EscucharLos problemas de la aerolínea Nature Air llegaron al tope. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) decidió suspender indefinidamente su permiso de operación.
La razón principal es que la empresa no ha retomado sus actividades pese a que desde febrero se levantó la medida cautelar, luego del accidente que causó la muerte de 12 personas en Nandayure, Guanacaste, el 31 de diciembre.
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"Eso es un abandono de rutas, porque ellos tienen un certificado y una aprobación de rutas y nunca ha existido una cancelación de las rutas por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), esa es una causal de la suspensión del certificado", afirmó Ennio Cubillo, director de Aviación Civil.
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Además, dijo, hay una serie de incumplimientos que están bajo evaluación. En este momento, por ejemplo, la compañía ni siquiera cuenta con la flota primaria necesaria para operar.
Cubillo explicó que la medida cautelar se levantó porque la empresa había mostrado tener la estructura administrativa requerida.
En aquel momento, la firma anunció que para reanudar servicios modificarían la frecuencia de todas sus rutas, contarían con un avión propio e iban a alquilar una segunda nave.
No obstante, nunca levantaron vuelo.
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Ahora, además de la suspensión del permiso, se enfrentan a un proceso administrativo por parte del Cetac. La empresa ya fue notificada.
Consultada al respecto de la suspensión y el futuro de sus operaciones, la empresa anunció que se referiría a estos temas este jueves en una conferencia de prensa.
Igualmente, fue suspendida la licencia de operación de la aerolínea Air Costa Rica, que realizaba vuelos chárter, debido a “inconsistencias regulatorias” de las aeronaves y estructuras administrativas.
De la misma forma, la situación será conocida por un órgano director que definirá si existe causal para retirar el certificado de explotación.
Quejas de clientes
Desde la salida de operaciones de Nature Air, el 12 de enero, decenas de usuarios se han quejado en las redes sociales porque no se les reintegró el dinero invertido en tiquetes que nunca utilizaron.
"Estamos buscando una solución con la colaboración de nuestros banqueros e inversionistas interesados para superar las dificultades a las que nos enfrentamos debido a la cancelación forzada de vuelos en enero y febrero por parte de las autoridades", manifestaron en aquel momento los representantes de la firma.
Ennio Cubillo recomendó a los afectados acudir a la Defensoría del Consumidor pues, por tratarse de una relación privada entre cliente y empresa, la DGAC no puede intervenir.
No obstante, al parecer tampoco ese órgano del Ministerio de Economía podría resolver.
La directora de la oficina de Apoyo al Consumidor, Cinthya Zapata, explicó a La Nación que en estos casos lo más recomendable es que los perjudicados acudan a la vía penal para denunciar eventuales fraudes.
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Investigación por accidente
Entre tanto, de las pesquisas sobre la tragedia aérea de diciembre aún no se conocen avances. El caso está a cargo de la Unidad de Investigación de Incidentes y Accidentes de Aviación Civil.
El avión Cessna 208B Grand Caravan se desplomó al mediodía del 31 de diciembre, poco después de despegar de la pista de Punta Islita, en Corozalito de Nandayure.
Allí murieron los dos pilotos costarricenses y 10 turistas estadounidenses, entre ellos, dos familias.
La Unidad de Investigación es un órgano independiente de la Dirección de Aviación Civil, que tiene a su cargo la elaboración del informe final sobre las posibles causas del desplome de la nave.
Ese documento debe ser presentado al Consejo Técnico de Aviación Civil, y será hasta entonces cuando se conozcan sus conclusiones.
No obstante, según Ennio Cubillo, el proceso ha sido lento debido a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró documentos relacionados con la compañía, lo que produjo un "impasse" de varios meses.
La diligencia formaba parte de la investigación judicial sobre el siniestro y se realizó ocho días después del hecho, cuando los agentes se llevaron documentos de las oficinas de la empresa en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños, así como de las instalaciones de Aviación Civil, en La Uruca.
La información regresó a las manos de la DGAC hace poco más de un mes.
“Ya dichosamente devolvieron los documentos en una coordinación bastante fluida por parte del OIJ y ahorita se están haciendo algunos análisis documentales”, indicó.
