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La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el 21 de diciembre una auditoría sobre el servicio de autobús. Advirtió de que falta información sobre la calidad que dan las empresas de transporte público, mientras que encuestas realizadas a pasajeros revelan insatisfacción y deficiencias.
Uno de los entes responsables del sector es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), específicamente la Intendencia de Transportes. Edward Araya, intendente en la materia, reconoce que el usuario no siempre recibe el servicio que espera y confirma que hay mucho por mejorar en cuanto a fiscalización.
Araya apuesta por la implementación de dos normas de calidad, la G20 y G21, aprobadas desde hace dos años, pero señala que la decisión depende del Consejo de Transporte Público (CTP), órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
– La CGR dice que no hay información suficiente para determinar si la calidad del servicio de buses es buena, mala o regular. ¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación, dado que ustedes son uno de los generadores de esa información?
– En el caso de nosotros, dimos en tiempo y forma toda la información que nos solicitó la Contraloría. Creo que hace muchísima falta la implementación de las normas G20 y G21, que fueron aprobadas por Inteco (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica) donde participaron tanto el sector de operadores, como el ente rector, en ese caso el MOPT-CTP, la Aresep y otros actores.
“Falta la implementación de esa norma para subsanar muchísimo de lo que indica la Contraloría y hemos venido trabajando desde hace dos años para implementarla. Está en manos de la Junta Directiva del CTP, para que la incluya en los contratos y podamos tener una norma que mejore la eficacia, la eficiencia y la calidad del servicio”.
– ¿Qué dispone exactamente esa norma?
– Primero, es una certificación de todo el año, no como ahora que hay un decreto ejecutivo, el 28.833, que es una sola inspección que hace el CTP al año a las empresas.
“Con las normas, hay un compromiso de parte de los empresarios, donde vamos a medir la calidad que tiene que dar el servicio de autobús, la calidad descrita en los contratos y la calidad dada, cuál fue la calidad dada en comparación con la calidad que tenía que dar el operador.
“Igualmente, se toma en cuenta al usuario. En este momento, lo que se hace es una encuesta, pero con las normas G20 y G21 se toma en cuenta al usuario en dos dimensiones: qué espera del servicio público y qué es lo que realmente recibió.
“Entonces, tenemos cuatro dimensiones en esta norma, se ve la dimensión del operador, lo que tenía que cumplir y lo que cumplió y, en cuanto al usuario, lo que quería recibir y lo que recibió. Además es una certificación y una norma que tiene que estar vigente todo el año, no en un día o una semana determinada que yo voy a ver una empresa”.
– ¿De eso se encargaría el CTP?
– Es en conjunto, CTP y Aresep.
– ¿Cuáles serían las herramientas: más supervisores, encuestas...?
– En este momento ya se reconoce en las tarifas un rubro por los estudios de calidad, creo que no variaría mucho. Estas inspecciones y esas certificaciones las tendrían las empresas y los que realizarían este trabajo serían los organismos inspectores, que están acreditados por el ECA (Ente Costarricense de Acreditación).
– ¿Esos son ustedes?
– Nosotros supervisamos también, pero en este caso tendríamos organismos independientes que pueden supervisar y certificar eso. Y por supuesto que nosotros, como ente regulador, estaríamos viendo que esos organismos estén haciendo bien el trabajo.
– ¿Esos organismos hay que crearlos?
– Son empresas privadas certificadas por el ECA.
– ¿Por ejemplo?
– No manejo mucho los nombres, pero hay como cuatro o cinco empresas. El ECA tiene ya acreditados esos organismos para la verificación de la calidad, de acuerdo con el reglamento que tiene el Poder Ejecutivo, pero pasaríamos de eso a la norma. Hay que derogar eso (el decreto). Para mí, eso no funciona y tendríamos que implementar las normas G20 y G21. Estas empresas privadas se encargarían de realizar estas certificaciones e inspecciones y tanto el ECA como el CTP y la Aresep debemos garantizar que estas empresas hagan bien el trabajo”.
– ¿A partir de cuándo entraría en operación este nuevo esquema?
– Eso depende. Tenemos dos años de estar conversando con la Junta Directiva del CTP, más de dos años. Será en el momento en que la Junta Directiva lo decida implementar y que lo incorporen en los contratos de concesión (de los autobuseros).
– A partir de las encuestas que ustedes realizan ¿Cuál consideraría como la principal debilidad de nuestro servicio de autobuses?
– Hay varias, varias cosas. Por ejemplo, los tiempos de viaje son muy valorados por los usuarios y, con las situaciones que tenemos por ejemplo en el Valle Central, es una debilidad, un servicio de autobús que es poco eficiente en los tiempos de traslado. Otra cosa que he visto es que los usuarios se quejan mucho de que los buses no están limpios (...) Esto es una obligación de ellos (los buseros): limpiar los buses, al menos barrerlos y lavarlos dos veces a la semana.
“Otro tema que es muy importante y que hemos venido trabajando es con el cumplimiento de los horarios. Si el bus pasa a las ocho, los usuarios esperan que a las ocho en punto pase, no a las ocho y diez u ocho y 20. Entonces, el cumplimiento de horarios es muy importante para los usuarios. No solo es un tema de una sola área, sino es un tema de todos y creo que tenemos que trabajar fuerte en esto y estas normas nos van a ayudar mucho a conocer y a implementar las mejoras que debamos hacer en el transporte público”.
–Otro aspecto que tocó la Contraloría es la concentración de rutas. ¿Qué opina usted de eso?
–Nosotros estamos adscritos al principio de legalidad. La Ley 3503 (Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas), en el artículo 11, indica claramente que una persona física o jurídica no puede ser dueña de más de dos rutas, o tener acciones mayoritarias en más de tres rutas. Entonces, es un tema que hay que analizar bien. Cuando nosotros refrendamos los contratos, hacemos una revisión de eso, pero en primera instancia el que da los contratos y el que tiene que asegurar el cumplimiento del artículo 11 es el CTP.
