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Luego de que la Iglesia católica expulsara de por vida al sacerdote prófugo Mauricio Víquez, removiera al párroco Manuel Guevara y recibiera varias denuncias contra curas por presuntos abusos contra menores, los obispos costarricenses admitieron que como organización religiosa no siempre han dado “la respuesta justa y oportuna a este problema”.
Así lo declararon los líderes en un comunicado de prensa, en el cual expresan su rechazo contra los abusos cometidos, aunque no detallan a cuáles casos se refieren.
“Humildemente reconocemos nuestros errores y pedimos perdón por las faltas que dolorosamente han sido cometidas por algunos miembros de nuestra iglesia”, menciona el documento de la Conferencia Episcopal.
Los obispos aseguran estar a la espera de las indicaciones que surjan desde el Vaticano, mediante el nuevo protocolo de atención de delitos sexuales a lo interno de la organización religiosa, anunciado por el papa Francisco, luego de la cumbre para la protección de menores que se desarrolló la semana anterior en Roma.
A pesar de que reconocen la importancia de la prensa para hacer públicas las denuncias sobre presuntos abusos cometidos por sacerdotes, los obispos señalaron su disconformidad con el abordaje de algunos medios de comunicación.
“Nos parece, sin embargo, que en muchos casos algunos medios están claramente interesados en querer presentar el problema como exclusivo de la Iglesia católica. Los obispos reconocemos, agradecemos y nos alegramos de que la gran mayoría de nuestros sacerdotes trabajan abnegadamente en favor de las comunidades”, señala el comunicado.
El mensaje de la Conferencia Episcopal está firmado por su presidente, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós; el obispo de San Isidro de El General, Gabriel Enrique Montero; el obispo de Limón, Javier Román Arias y el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita.
También el obispo de Puntarenas, Oscar Fernández; el obispo de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar; el obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós; el obispo de Alajuela, Bartolomé Buigues; y el auxiliar de San José, Daniel Blanco.
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Casos que atañen a la arquidiócesis de San José
Mauricio Víquez Lizano
Contra él se conoce una denuncia presentada en el 2003. Desde entonces se sumaron otras ocho.
La Congregación para la Doctrina de la Fe resolvió la expulsión de por vida del estado clerical de Mauricio Víquez por dos denuncias, sobre las cuales, dijo la Iglesia, “no hubo ninguna duda de que los hechos se realizaron”.
Contra Víquez también pesa una denuncia penal por abuso contra un menor de edad, por la cual se le giró una orden de captura internacional.
José Rafael Quirós Quirós y Hugo Barrantes Ureña
Los casos del sacerdote Mauricio Víquez también alcanzaron a José Rafael Quirós. Él tuvo noticia de las supuestas agresiones sexuales cuando era vicario general de la curia metropolitana, y para entonces Hugo Barrantes era arzobispo de San José.
La Iglesia conocía del caso desde 2003; no obstante, no tomaron la decisión de suspender del oficio sacerdotal al cura hasta 15 años después.
Por presunto encubrimiento, dos de los monaguillos víctimas de Víquez Lizano elevaron una denuncia canónica al Vaticano contra José Rafael Quirós y Hugo Barrantes.
Hernán Castillo Huertas
Un empresario denunció la semana anterior haber sido víctima del religioso hace casi cuatro décadas. Castillo tiene ahora 85 años y está retirado.
Otro hombre que se mantiene el anonimato se sumó a la denuncia canónica presentada ante el Tribunal Eclesiástico.
Ambas causas prescribieron por la vía penal.
Manuel Guevara Fonseca
Agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron al sacerdote Manuel Guevara Fonseca, a quien se le abrió una causa penal luego de que un joven denunciara que el cura abusó de él cuando era menor de edad.
Un día antes del arresto, la arquidiócesis de San José reveló que separó del oficio parroquial al cura mientras se realizaba la investigación por una denuncia canónica presentada por el mismo joven.
