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Un grupo de 80 ciudadanos firmaron la querella contra el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, por el supuesto delito de instigación pública luego de que la Fiscalía le abriera una causa.
El 20 de setiembre, la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó el inicio de una investigación contra Vargas motivada por una denuncia presentada por los abogados Gloria Navas y Rubén Hernández Valle. El caso se tramita bajo el expediente 19-647-0619-PE.
De acuerdo con el artículo 280 del Código Penal “será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”.
Este jueves, Vargas acudió a la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José para someterse a la indagatoria. Llegó acompañado de un grupo de seguidores que portaban pancartas de ANEP.
“Nosotros los sindicalistas somos defensores de los derechos humanos y solicitamos que se nos trate como tales”, expresó.
“No hay que tener miedo”, añadió. Para él, la denuncia e investigación en su contra son un “montaje político”.
Los seguidores lo acompañaron hasta la entrada del edificio judicial, bajo la mirada de un grupo de policías de la Fuerza Pública, que también llegaron a la plaza de la Justicia.
Luego de su ingreso a las 9 a.m., Vargas y su abogado, Rodrigo Rosales Arce, salieron del edificio de la Fiscalía a las 10:30 a.m.
Para Rosales, las acusaciones contra el sindicalista carecen de sustento porque su cliente esencialmente ejerció su derecho a la libre expresión de pensamiento cobijada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
“A mi juicio, muy respetuoso, es una denuncia que no va para ningún lado. Independientemente de si se comulga o no con los postulados del señor Vargas, toda persona es inocente en tanto no se pruebe lo contrario y tiene derecho a un debido proceso, especialmente quien hace manifestaciones en el ejercicio legítimo de lo que establece la Convención”, explicó Rosales Arce.
La querella
Este miércoles, Navas y 80 personas más presentaron la querella que los convierte en participantes en el proceso judicial.
El trámite se suma a la denuncia por instigación pública, luego de que el 9 de setiembre, Vargas llamara a bloquear fronteras y vías nacionales, durante una reunión en el auditorio de la Conferencia Episcopal ante los miembros de la llamada Mesa Social Multisectorial.
“La tesis de paro nacional es correcta, un gran paro nacional, pero de verdad: cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo..., hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean” les dijo Vargas.
Días antes, el 3 de setiembre, en una protesta rente a la Asamblea Legislativa, Vargas señaló a un fotógrafo de La Nación que cubría la actividad e incitó a varios huelguistas a sacarlo del lugar. El trabajador del medio resultó agredido.
Contra la tranquilidad pública
En la querella, el grupo le atribuye al líder sindical generar “desorden y entorpecimiento general a la tranquilidad pública, a la paz social y acceso a los servicios públicos de la población mayoritaria silenciada en parte, además de infundir temor y abuso a esa población en general, a los ciudadanos en particular”.
En el texto incluso se le atribuye supuesta responsabilidad por los bloqueos y otras medidas de fuerza en vías públicas ocurridos durante 26 días de huelga general iniciados el 10 de setiembre del 2018 contra el plan de reforma fiscal en aquel momento en discusión en la Asamblea Legislativa.
“Ha cruzado el mural de la frontera de la legalidad al perturbar a la ciudadanía no solo de ahora, sino desde años atrás, pero especialmente desde mediados del año 2018”, reza el documento.
El documento afirma que Vargas medió entonces en la paralización de escuelas, colegios, hospitales, medios de transporte, puertos con lo cual habría provocado desorden e impidiendo el funcionamiento y prestación de servicios públicos.
“Con el tema fiscal de fines del año 2018, dirigió la paralización de servicios de manera evidente. Los medios de prensa han informado y las pruebas son públicas y notorias. Pretendió interrumpir labores legislativas en la promulgación de leyes e, incluso, hubo necesidad de la intervención de la fuerza pública para evitar lesión física a los legisladores. Esta ha sido una conducta conocida”, continúa la querella.
Consultada por este medio, Navas explicó que una cosa es promover democráticamente reclamos de grupos organizados y otra sembrar el caos con amenazas y parálisis de servicios que afectan a la población.
Durante aquella huelga, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó como perdidas al menos 129.000 citas de pacientes y unas 4.000 cirugías programadas.
La abogada insistió en que el derecho de huelga y de protesta son garantías constitucionales pero sin abuso porque, afirmó, no existe argumento cuando se daña a la mayoría de la población, ni frente a un discurso “errado y violento” como ruta para solución de problemas nacionales.
“No queremos un Chile aquí, ni una Venezuela, ni una Cuba ni una Nicaragua. Colocar en peligro la estabilidad de la patria es delito. Tampoco podemos nosotros empuñar las armas cuando nuestra tradición y la fuerza de la legalidad es otra. Contamos con un tribunal constitucional que interviene en las consultas de leyes y con facultades suficientes para el ordenamiento institucional”, concluyó.
