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Las compañías de vigilancia han tomado tal auge en el país que, en la actualidad, la cantidad de oficiales de seguridad privada casi duplica a la planilla de policías de la Fuerza Pública.
De acuerdo con la Dirección del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, en Costa Rica hay registrados 20.000 agentes privados y tan solo 13.000 oficiales públicos.
Entre tanto, a la fecha hay 803 empresas de seguridad privada con licencia. Hace tan solo dos años, había 601 compañías acreditadas y para el año 2008 la cifra se disparó a 722.
Lo anterior representa un crecimiento del 33% en los últimos tres años.
Sin embargo, este registro de empresas que dan servicios privados de vigilancia no toma en cuentra a aquellas que funcionan en forma clandestina.
Fernando Camacho, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), aseguró que unas 700 compañías operan sin contar con los permisos respectivos.
Pese a la creciente oferta de seguridad particular, Camacho estima que hay 6.000 plazas vacantes de agentes.
Tal déficit ha disparado el precio de los servicios. En este momento, por ejemplo, tener un oficial las 24 horas del día en un lugar representa un costo de, al menos, ¢1,6 millones mensuales.
Mientras, el sueldo de un oficial de la Fuerza Pública ronda en promedio los ¢211.000 por mes.
Búsqueda de protección.El aumento de la delincuencia y la creciente sensación de desprotección ciudadana explican el auge de la seguridad privada.
Dicha actividad movió el año pasado $70 millones.
Según la última encuesta de la Unimer para La Nación , el 25% de los costarricenses admite que la inseguridad es su principal preocupación. Hace cinco años, ese tema inquietaba solo al 2%.
Juan Luis Sánchez, director del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, consideró que los agentes privados cumplen un papel indispensable, pues realizan vigilancias específicas que la Fuerza Pública, por falta de recursos, no puede atender.
“¿Qué pasaría si no contáramos con ellos?, los policías no pueden estar cuidando parqueos o supermercados”, aseveró Sánchez.
Erick Lacayo, director de la Fuerza Pública, manifestó que la seguridad privada es un complemento de la policía pues tiene la misión de cuidar bienes particulares.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes critica la facilidad que tienen las empresas de seguridad para ofrecer sus servicios.
Para dicha institución, esas empresas carecen de controles eficientes en materia de capacitación y de manejo de personal.
A manera de ejemplo, la Defensoría alega que los cursos para poder laborar como oficial de seguridad privada son impartidos por empresas particulares.
Dichos cursos tienen una duración de 42 horas, aproximadamente un 3% de lo que dura la capacitación básica para policías.
El Ministerio de Seguridad tiene la responsabilidad de fiscalizar los cursos. Sin embargo, los controles son los mínimos: verificar asistencia y la idoneidad del instructor.
Juan Luis Sánchez reconoció que la comisión de seguridad privada de dicho Ministerio, la cual evalúa el accionar de las compañías, no se reúne desde abril del 2008.
Sin control. El vicepresidente de ACES, Fernando Camacho, alegó que Seguridad falla al fiscalizar la actividad pues, según denunció, al menos 700 empresas laboran sin permisos.
“No pagan las cuotas de la Caja (Caja Costarricense del Seguro Social), no tienen permisos de portación de armas”, sostuvo Camacho.
Al respecto, Juan Luis Sánchez sostuvo que el Ministerio ha maximizado los controles durante el último año.
Detalló que, en lo que va del 2009, se ha remitido a los juzgados contravencionales a 761 oficiales de seguridad privada por carecer de permiso de portación de armas. El funcionario comentó que, el año pasado, la cifra apenas llegó a 414 casos.
