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Los cientos de documentos secuestrados el jueves, en los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la curia metropolitana y, principalmente, en el Tribunal Eclesiástico, serán revisados de manera exhaustiva por las autoridades judiciales.
Esto implicará que no solo se verifiquen los archivos relacionados con las causas contra el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, expulsado del estado clerical, y del párroco separado, Manuel Antonio Guevara Fonseca, investigados por violación y abuso sexual respectivamente, en perjuicio de personas menores de edad.
“La revisión es total y absoluta. Lo que se secuestró queda en manos y a la orden de la Fiscalía. La revisión es absoluta y no iba focalizada necesariamente sobre esos casos (Víquez y Guevara), pero respecto de lo que se obtiene no podemos emitir comentarios”, manifestó el director del OIJ, Wálter Espinoza, en una conferencia de prensa, la mañana de este viernes.
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Se trata de expedientes o archivos con información de denuncias contra curas sobre presuntos abusos sexuales que fueron presentados ante las autoridades eclesiásticas. Ayer trascendió que hay al menos 20 procesos, sin que se conozca detalle.
Los documentos fueron sacados en tres vehículos luego de seis horas de registro en el Tribunal y cerca de cuatro en la curia.
Durante la conferencia, Espinoza, además, rechazó las quejas por supuesto uso excesivo de la fuerza de los agentes del OIJ, que reclamó el sacerdote Mauricio Granados, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, avanzada la tarde del jueves, horas después de las diligencias judiciales.
El jefe policial aseguró que los allanamientos fueron “pasivos”, “un acto de investigación más, usual, común y silvestre”. Según dijo, la única fuerza que se utilizó fue para abrir tres candados de casilleros y una puerta del baño.
Además detalló que los funcionarios fueron apartados, porque si transitaban de un lado para otro podían “entorpecer la labor judicial”, y también negó que se les prohibiera continuar con las oraciones religiosas, que iniciaron justamente cuando ingresaban los agentes policiales.
“No es un proceso del Estado o del OIJ contra la Iglesia. Nosotros no le tenemos que contestar a la Iglesia católica”, aseveró Espinoza.
Estos allanamientos ocurrieron 11 años después de la última incursión de la Policía Judicial en una instancia de la Iglesia católica.
El 25 de julio del 2008, un equipo de fiscales allanó las oficinas de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como parte de la investigación por el supuesto delito de intermediación financiera ilegal.
La intermediación financiera ilegal es un delito sancionado con prisión de tres a seis años, y lo cometen quienes captan dinero para prestarlo sin estar autorizados o quienes permiten que en sus oficinas se realicen tales actividades.
En aquella ocasión, los obispos alegaron ante la Sugef, el Ministerio Público y la prensa que los préstamos y las captaciones de dinero en Servicios Pastorales se hicieron sin su conocimiento.
Los obispos dicen que fueron víctimas de un desfalco efectuado por un contador ya fallecido y que no sabían que en sus cuentas se captaba y se prestaba dinero.
