EscucharUna nueva oleada migratoria por la frontera sur le pone presión a las autoridades, tanto de Gobierno, como municipales en aquella región. Solo en la semana del 17 al 23 de julio, ingresaron por esa ruta 12.153 personas, lo que equivale a un promedio de 2.500 personas por día, de acuerdo con los datos de Migración y Extranjería.
Las cifras también revelan que durante los primeros siete meses del año, entraron al país por la frontera de Paso Canoas, en Corredores, un total de 179.042 personas, de las cuales el 66% son hombres y el 34% mujeres. Además, un 15% de estos migrantes son menores de edad.
De todos ellos, el 60% corresponde a venezolanos. Les siguen en porcentajes ecuatorianos (13%) y haitianos (10%).
Miembros del Poder Ejecutivo visitaron la zona el pasado fin de semana en respuesta a las constantes quejas de los vecinos, por la crisis que se ha generado.
Para evitar que utilicen el parque de la comunidad, las autoridades municipales ubicaron a los foráneos en un campo ferial que no ofrece condiciones para que familias completas permanezcan ahí por tiempo indefinido, mientras reúnen los $30 dólares para el pasaje de bus de cada miembro del grupo hacia la frontera norte.
En esta visita, representantes del Ejecutivo se comprometieron a buscar soluciones para agilizar el tránsito de estas personas.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, aseguró que solicitarían el refuerzo de la presencia y acción de agencias internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que están relacionadas directamente con el tema, como el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por sus siglas en inglés).
Este martes, la Embajada de Estados Unidos en San José también envió una advertencia a los migrantes en condición irregular para que no lleguen a sus fronteras.
Agilizar traslado
Por su parte, el alcalde de Corredores, Carlos Viales, indicó que el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Ávila, informó de que negociaría con la empresa Tracopa para que se dispongan de 15 autobuses adicionales que transporten a los migrantes hacia Nicaragua.
“Estamos hablando de entre 40 y 50 buses diarios. Consideramos que esto va a reducir la movilidad de personas que se está registrando en Paso Canoas, lo que permitirá a las autoridades manejar de manera más eficiente el flujo migratorio”, afirmó el jerarca municipal.
Viales también explicó que están evaluando la posibilidad de que la empresa de autobuses no cobre el pasaje a los menores de edad.
“Se trata de una migración de familias de escasos recursos, y de esta manera evitaríamos que se queden varadas por falta de dinero”, manifestó.
La Nación intentó buscar la posición de Tracopa sobre el tema. Con ese fin, este martes se realizaron tres llamadas al número registrado a nombre de la busera, pero no fue posible la comunicación.
El Gobierno anunció que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, considerará la solicitud de trasladar la operación del campo ferial a las instalaciones de la antigua aduana en la frontera sur. El objetivo es establecer una administración que supervise el orden, la logística y el cumplimiento interinstitucional en dicho centro de atención.
Advertencia de EE. UU.
El Gobierno de Estados Unidos fue contundente en su recordatorio a las personas que se encuentran en condición migratoria irregular y que utilizan a Costa Rica como ruta para llegar al país norteamericano.
“Quienes lleguen a su frontera (Estados Unidos) de manera irregular serán procesados y devueltos con rapidez hacia su país de origen”, dijo la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles, en un comunicado.
Telles hizo un llamado a los migrantes para que no crean en las “mentiras de los traficantes” que los exponen a riesgos como extorsiones y secuestros. Insistió en que aquellos que no cumplan con las leyes migratorias vigentes serán retornados en cuestión de días o semanas.
“Todas aquellas personas que ingresen a Estados Unidos sin cumplir los requisitos legales podrían enfrentar severas consecuencias, como la prohibición de reingresar al país por un período de cinco años e incluso enfrentar cargos criminales, perdiendo la oportunidad de acceder a otros procesos legales de ingreso durante ese lapso”, agregó.
