El conflicto tiene tres actores principales: afrodescendientes, indígenas y empresarios y la manzana de la discordia son 1.200 hectáreas ubicadas a pocos metros de la hermosa playa Cocles, en Talamanca, Limón.

La comunidad afro afirma que arribó allí a finales del siglo XIX cuando la mayoría de los terrenos eran suampos, los trabajaron y vivieron por décadas de la siembra del cacao, pero a finales de los ochentas surgió una plaga que afectó los cultivos y acabó con su principal fuente de ingresos.

Relatan que, ante esa situación, la mayoría tuvo que vender sus tierras a extranjeros y nacionales que las transformaron, poco a poco, en un importante atractivo turístico.

Por su parte, los indígenas Kéköldi llevan años reclamando la propiedad de esos terrenos en oficinas estatales, juzgados y tribunales.

“Desde el año 1977, el Estado creó el territorio Kéköldi (6.000 hectáreas) y lo inscribió en el Registro Público, eso es muy importante porque los indígenas no tienen, simplemente, un decreto ejecutivo para reclamar la posesión de esos terrenos, tienen un título de propiedad”, declaró Danilo Chaverri, abogado que representó a los indígenas en la pugna por las tierras.

La disputa tiene más de 40 años, pero el 12 de diciembre de 2019 una sentencia judicial desató la incertidumbre en la zona.

Ese día, al resolver el expediente 10-000273-1028-CA, la Sala I dio la razón a los indígenas y señaló que las 1.200 hectáreas cercanas a la costa pertenecen a la reserva indígena Kéköldi.

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Los magistrados concluyeron que el decreto ejecutivo 25.296, firmado en el 24 de junio de 1996 por el entonces presidente José María Figueres Olsen, le restó 1.200 hectáreas a la reserva y modificó sus límites sin consultarle al pueblo Kéköldi.

“No existe respaldo documental de la consulta (...). En este caso no se cumplió con la normativa internacional vigente”, declaró el alto tribunal en su fallo.

Además, ordenaron expropiar e indemnizar a una sociedad anónima que adquirió, años atrás, “de buena fe” una finca.

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) confirmó a este diario que el proceso de expropiación está en marcha y ya realizó los avalúos necesarios para compensar al propietario.

El temor de los dueños de algunos locales es que las expropiaciones continúen y decreten el desalojo de decenas de hoteles, casas vacacionales, viviendas de pobladores locales, restaurantes, oficinas, pequeñas sodas y hasta centros educativos que fueron construidos en las tierras ratificadas por los magistrados como reserva indígena Kéköldi.

Edwin Patterson, líder afrodescendiente y miembro de una de las familias fundadoras de Puerto Viejo, Limón, dijo que ya se presentaron los primeros amagues de violencia entre los pobladores locales, pues meses atrás una familia afro reprochó a un grupo de indígenas la invasión de su propiedad.

“Eso sucedió hace poco, hace menos de un año, esta familia llegó a hablar con los indígenas, les mostraron unos papeles del Registro, pero los amenazaron y los sacaron de allí a machete”, comentó Patterson.

No obstante, el dirigente comunal teme que si ocurre algo similar la tensión aumente y haya violencia.

“Con otra gente no creo que la situación sea así (pacífica), es como que yo mañana llegue a mi finca y me digan que no puedo entrar y me saquen un machete, no, así no es, sorry”, declaró el exdiputado por el Partido Acción Ciudadana entre 2002 y 2006.

Esa no es la única denuncia de “invasiones”. Una europea, radicada en Cocles desde 2006, manifestó que un grupo de indígenas intentó, el pasado 17 de junio, apropiarse de una finca cercana a su casa.

“Creo que en determinado punto la gente puede hacer lo que sea para defender su casa, creo que ese es el derecho de cualquier persona, porque no les pueden quitar sus casas de esa manera”, afirmó la mujer, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Encrucijada

Si el Estado cumple con lo dispuesto por los magistrados y devuelve por completo las 1.200 hectáreas a los indígenas deberá expropiar miles de lotes y fincas que, al día de hoy, tienen construidos hoteles, cabinas, restaurantes, sodas, oficinas y servicios públicos, entre otros.

Las expropiaciones implican pagar indemnizaciones a las personas que compraron esas propiedades de buena fe. Sin embargo, el Inder reconoce que no dispone de los recursos para una medida de ese tipo.

También, un eventual desalojo acabaría con miles de fuentes de empleo directas e indirectas.

Una vez recuperados los campos, según el artículo 3 de la Ley Indígena, los kéköldis no podrían alquilarlos o venderlos.

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Ese artículo subraya que las reservas indígenas “son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”.

“Los indígenas tienen derecho a poseer esas tierras; esas tierras les pertenecen. Los no indígenas a lo que tienen derecho es a la indemnización, únicamente”, recalcó Chaverri.

¿Vale la pena expropiar sitios que generan puestos de trabajo? ¿Es lo más conveniente para la región?

“Ese es un planteamiento muy diferente al planteamiento que hace la ley, quien podría dar esa respuesta es un político, yo no soy político, llevo 21 años defendiendo los derechos de los indígenas y con argumentos como ese sobre qué es más conveniente y sobre esperar las expropiaciones llevamos 44 años y el Estado lo que hace es vacilar a los indígenas”, respondió el abogado.

“Al establecerse que esa zona es un territorio indígena lo que corresponde es empezar a analizar de qué estamos hablando, porque creo que nadie tiene, en este momento, la claridad absoluta de lo que estamos hablando.

“Sabemos, por las características del territorio, que hay todo tipo de terrenos: desde los que siembran hasta los que tienen actividades turísticas de alto impacto, lo que viene es un proceso de análisis por parte de la institución de las condiciones de esta nueva resolución y a partir de eso empezar a determinar acciones para cumplir con la ley”, aseveró Harys Regidor, presidente ejecutivo del Inder.

¿Cuánto tardará ese análisis? ¿Cómo se resolverá el conflicto? Esas son preguntas para las que el Inder no tiene respuestas. Mientras tanto, los nublados del día crecen en el caribe costarricense.

Incertidumbre

En Cocles, los dueños de locales saben del problema, conocen los riesgos y temen las consecuencias. Algunas de las repercusiones ya empezaron.

Por ejemplo, algunas personas que tenían planes de vender o comprar en la zona no lo hacen por miedo a perder sus inversiones.

Otros paralizaron inversiones hasta que se defina qué pasara.

Ese es el caso del Hotel Le Cameleon, uno de los más importantes del cantón con 51 habitaciones.

“Tengo conocimiento de la situación; en realidad estamos en una etapa incierta, no sabemos qué va a pasar, hemos parado inversiones, estábamos pensando en ampliar el club de playa, remodelar y hacer más habitaciones, pero eso lo paramos. Solo hacemos mantenimiento”, aseguró Jorge Fernández, administrador de ese negocio.

Le Cameleon emplea a casi 40 personas.

Dina House Lewis, propietaria de una soda en Cocles, narra que su familia de afrodescendientes ocuparon esas tierras desde inicios del siglo pasado y vendieron la mayoría para la instalación de hoteles y otros negocios.

Otras porciones de las fincas fueron heredadas a familiares; ese es su caso, pero ahora teme perder su patrimonio por la situación legal.

“Mi papá hace como siete meses falleció, tenía 100 años y estos terrenos eran de los papás de él. Entonces, imagine, nosotros (los afrodescendiente) hemos vivido aquí siempre, antes no estaba tan poblado y luego vinieron los blancos a comprar”, detalló House.

La Nación llamó y envió correos a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) para conocer su posición sobre este asunto, pero no contestaron.