Con la prueba de que la violencia contra los menores de edad no se da solo en horario de oficina, finalmente, el PANI atenderá las denuncias las 24 horas de los siete días de la semana.
Ese es el fin del servicio de atención de emergencias o Unidades Regionales de Atención Inmediata (URAI), que comenzaron labores este jueves en Alajuela y en la Región Brunca (zona sur). Para su implementación, se contempla la contratación de 80 profesionales en el área de la psicología, trabajo social, criminología y derecho.
El anuncio lo hizo este jueves el presidente Carlos Alvarado, en conferencia virtual con la participación de la ministra de la Niñez, Gladys Jiménez.
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“Las situaciones de abuso no solo se dan de 8 a. m. a 4 p. m.; se dan en la noche y fines de semana. Esperamos al finalizar octubre, la incorporación de los 80 funcionarios en este servicio”, manifestó Jiménez
Las Unidades Regionales de Atención Inmediata (URAI) también operarán en Cartago, Heredia, zona norte, Limón, Guanacaste y Puntarenas.
Según el PANI, en las áreas que cubrirán estas unidades residen 986.023 personas menores de edad.
Durante el 2019, el Patronato recibió denuncias por violación de derechos de 77.360 niños, niñas y adolescentes.
“Es nuestra obligación estar atentos y diligentes ante las manifestaciones de violencia física, sexual, psicológica hacia la niñez y adolescencia. La violencia no tiene horario y cualquier demora en atenderla, impacta directamente en su integridad y puede provocar trastornos psicológicos y sociales de profundas implicaciones para sus vidas”, dijo la jerarca.
La institución también habilitó el WhatsApp para la niñez y la adolescencia.
Desde el 25 de abril, el PANI puso a disposición el WhatsApp (8989-1147), como medio accesible para que los niños, niñas y adolescentes se contacten y puedan realizar consultas, plantear inquietudes, quejas o denuncias.
Según el PANI, este servicio se caracteriza por la "confidencialidad, la atención profesional y amigable".
Tiene un horario de lunes a viernes de 7.30 a. m. a 4 p. m., y está ubicado en el Centro de Orientación e Información (COI), la plataforma para la recepción técnica de las denuncias y consultas, y desde donde se mantiene el contacto con la ciudadanía por diferentes medios telemáticos.
La ministra Jiménez comentó que el celular es la tecnología más utilizada por los menores de edad.
Enfatizó que en estos momentos de pandemia, estos servicios resultan de mayor relevancia para los menores porque se constituye en una herramienta para hacer realidad su derecho a la participación, opinar sobre las situaciones que les afectan y a recibir el acompañamiento profesional.
Cuestionamientos
El anuncio se da luego de meses de cuestionamientos sobre la labor del Patronato que implicaron investigaciones por la muerte de dos menores en Alajuela.
Uno de los hechos ocurrió en mayo del 2019, cuando un menor de cinco años, de nacionalidad salvadoreña, falleció a causa de una hemorragia intestinal causada por golpes.
Según confirmó el mismo PANI, la oficina regional de aquella ciudad recibió la denuncia por maltrato, pero no encontró la casa donde vivía el niño en el distrito Sabanilla.
Por este caso, la Fiscalía allanó las sedes del Patronato para investigar la posible negligencia de la institución en el caso de este niño.
En enero, además, la Fiscalía Adjunta de Alajuela abrió una investigación para determinar si existía responsabilidad del PANI en la muerte de una niña de 4 años dentro de una vivienda ubicada en Tuetal Sur, también en Alajuela.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la autopsia reveló que la muerte fue homicida.
Tras lo ocurrido, la expresidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, reconoció que conocían del caso de la familia desde agosto del 2018, pero no lo abordaron de manera adecuada.
Ante esa situación, Vega renunció a su puesto a mediados de enero.
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En enero, La Nación dio a conocer que al menos 2.045 niños víctimas de agresión quedaron desatendidos el año pasado, pues aunque el PANI calificó los casos de estos menores como “Prioridad 1”, es decir, que requerían intervención en 48 horas, a noviembre no les había dado respuesta.
A lo largo del año pasado, hasta noviembre, se recibieron 17.214 denuncias urgentes, de las cuales se lograron atender 15.169.
Es decir, a 2.045 niños no se había brindado protección. El número en esas condiciones puede ser mayor, pues la institución arrastraba casos pendientes del 2018.