Japdeva conocía el impacto financiero que sufriría con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), pero la institución ignoró las acciones necesarias para evitar la crisis que enfrenta.

Esta fue una de las principales conclusiones de la contralora general de la República, Marta Acosta, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Limón, la mañana de este lunes en la Asamblea Legislativa.

“Pasaron muchos años desde que se entregó la concesión. Japdeva no se preparó, no se preparó el país y ahora tenemos la situación que tenemos”, manifestó Acosta.

La posición de la contralora no dista de los puntos expuestos por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; la jerarca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Andrea Centeno; y hasta por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Los jerarcas han reconocido, en distintas ocasiones, que la entidad no supo tomar las medidas necesarias para contrarrestar la pérdida de carga.

Desde que el megapuerto comenzó operaciones oficialmente, el pasado 28 de febrero, la Junta Portuaria perdió el 70% de sus clientes comerciales, lo que provocó una drástica caída en los ingresos económicos que la colocaron en una situación de insolvencia financiera.

Esa crisis obligó a la entidad portuaria y al Gobierno a presentar un proyecto de ley para liquidar hasta el 80% del personal de la institución pública, así como un presupuesto extraordinario para pagar las prestaciones de hasta 950 empleados y mantenerse a flote mientras ejecuta la reestructuración.

Este proyecto ofrece a los trabajadores portuarios pensiones anticipadas y bonos de hasta ocho salarios, a quienes sean despedidos.

Además, el Gobierno ofrece traslados horizontales a otras instituciones públicas, a los trabajadores que no quieran perder su plaza en el Estado.

“Ya no podemos llorar sobre leche derramada, Japdeva debe asumir su nuevo rol”, sentenció la contralora.

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Las acciones para evitar la catástrofe estaban descritas en el plan maestro para el desarrollo portuario de Limón, una consultoría pagada por la misma empresa estatal a la firma holandesa Royal Haskoning.

El plan, presentado en 2008, sugería la creación de una marina, una terminal de cruceros, de una zona de carga intermodal y otras obras de infraestructura que permitirían a Japdeva subsistir ante la concesión del megapuerto.

No obstante, de las obras propuestas, solo la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) concluyó su construcción, que estuvo a cargo de APM Terminals, misma que opera la plataforma portuaria.

“Es tiempo ahora de asumir los retos de las nuevas condiciones, Japdeva debe ejercer sus nuevos roles”, concluyó Acosta.

Canon

A las puertas de que Japdeva empiece a utilizar los más de ¢3.000 millones que la institución acumula en sus cuentas para el desarrollo de Limón, la Contraloría General emitió un informe en el cual señala falta de transparencia y desorden de la entidad portuaria, en los proyectos de inversión social en el Caribe.

El contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín establece que APM Terminals debe traspasar mensualmente el 7,5% de sus ingresos a Japdeva, para que esa institución los invierta en proyectos de desarrollo económico en toda la provincia.

“Está la concesión pero la institución no esta lista. Hasta hace muy poco la Contraloría aprobó a Japdeva la contratación directa del fideicomiso, pero es hasta ahora y la concesión está aprobada desde el año 2012”, mencionó Acosta.

Andrea Centeno, quien tomó las riendas de la entidad luego de la destitución de Greivin Villegas en marzo anterior, afirmó que el fideicomiso para administrar los fondos provenientes de APM Terminals estaría listo a mediados de julio.

Una vez tengan el mecanismo bancario listo, Japdeva podría echar manos a esos recursos para proyectos de desarrollo de Limón, que ha perdido 800 puestos de trabajo desde el cambio en el modelo portuario del Caribe.

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