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Al mediodía, sin amenaza de lluvia y aún sin amagos de violencia, los huelguistas completaron su marcha en Cuesta de Moras, a las puertas de la Asamblea Legislativa, donde se discute la razón de todas sus molestias: una reforma fiscal que impone más impuestos para solventar el faltante de recursos.
Era una variada manifestación de ciudadanos, educadores, estudiantes, empleados públicos y pensionados. Había comparsa, boyeros, y dramatizaciones artísticas. Incluso, se les unieron defensores del matrimonio igualitario y el aborto terapéutico.
Cuando el calor ya hacía estragos, la masa se partió en dos.
Frente a la entrada principal del Congreso, Andrés Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), aseguró que no pretendían ser recibidos por ningún diputado, solo “dar un golpe en la mesa para que se caiga el plan fiscal”.
Al otro costado, la exigencia era “abran las puertas” para que entraran a la Asamblea Legislativa los dirigentes sindicales.
En ambos lados, policías y barandas contenían a los manifestantes. En el costado sur la marcha permaneció tranquila, en el norte la tensión entre huelguistas y Fuerza Pública aumentó.
Los marchistas pasaron de recriminaciones verbales a lanzar piedras, monedas y botellas a los oficiales y a la prensa, a la que acusan de ocultar el verdadero impacto de la huelga, que completó tres días este miércoles.
Más policías llegaron a reforzar el área. La indicación del ministro de Seguridad, Michael Soto, había sido no usar la fuerza, pero algunas agresiones de huelguistas fueron respondidas por garrotazos.
“Hay gente aquí infiltrada para que esto salga mal, no caigamos en provocaciones”, aseguró un líder gremial al micrófono.
Minutos después, el encontronazo llegó a su punto alto, cuando en medio del zafarrancho los protestantes removieron las barandas que evitaban el paso hacia el Congreso y, como única barrera, quedaron los policías.
El reporte final del Ministerio de Seguridad fue de seis detenidos, así como dos oficiales atacados con gas pimienta.
Luego, vino el aguacero y la intensidad bajó, aunque los gritos e insultos continuaron, hasta que la lluvia dispersó a muchos de los manifestantes.
La Fuerza Pública se mantuvo en el sitio hasta las 3:30 p. m. cuando solo quedaban los estragos del enfrentamiento: capas plásticas tiradas, botellas, basura...
Ese fue el cierre de una manifestación que arrancó pacífica y sin mayor presencia policial a los pies de la estatuta de León Cortés Castro, en el paseo Colón.
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Allí confluyeron los principales grupos sindicales del país: la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), entre otros.
La consigna de muchos huelguistas, que llegaron desde diferentes puntos del país, era el retiro de la corriente legislativa del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual pretende mayor recaudación y ordena los gastos en salarios del Gobierno Central para atender el alarmante déficit fiscal.
Según los marchistas, la administración de Carlos Alvarado carga el peso de la crisis en sus hombros, pues el proyecto propone limitar diversos pluses salariales del sector público.
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También se escucharon reclamos contra el impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta básica (1%) y la evasión fiscal.
Algunos arremetieron contra las pensiones de lujo de los funcionarios públicos.
“Es la clase alta, no la clase media, la que recibe pensiones de lujo”, dijo Heiner Rojas, empleado del Hospital San Juan de Dios.
“El Gobierno quiere ponernos a pagar la crisis a todos los costarricenses, si tanto quiere hacer un plan para pagar la deuda tiene que incluirlos a todos, no solo las clases medias y bajas”, añadió Rojas.
Delma Murillo, maestra de la Escuela República del Perú, afirmó que “si el Gobierno se hubiera sentado a negociar desde un principio, el plan podría beneficiar al pueblo, pero no quisieron negociar con los sindicatos ni con el pueblo”.
Los sindicatos denominaron la marcha de este miércoles como la manifestación nacional del descontento. La advertencia es que las protestas seguirán, ahora con caravanas en las calles.
En la otra acera, el Gobierno no cede: no habrá diálogo hasta que pare la huelga.
