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El año pasado, cuando Nicole Mesén, persona con discapacidad y defensora de los Derechos Humanos, se enteró de que en la Asamblea Legislativa avanzaba un proyecto de ley para aumentar los años de vida de cientos de autobuses supo que debía involucrarse en la discusión. Desde entonces, expone su posición en redes sociales, organiza manifestaciones en las barras del plenario y busca aliados para frenar la iniciativa de ley.
El trabajo dio frutos. Hasta ahora, 19 concejos municipales tomaron acuerdos para expresar su oposición al expediente legislativo 22.530, que permitiría elevar la vida de las unidades de transporte público de 15 a 20 años. Entre los Gobiernos locales que manifestaron su rechazo están Moravia, Goicoechea, Montes de Oca, Vázquez de Coronado, Alajuela, San Ramón, Grecia, Belén, Barva, Cartago y Guácimo, entre otros.
La atención sobre el asunto provocó que muchas personas y organizaciones voltearan su mirada hacia el transporte público. En las últimas semanas, decenas de usuarios de redes sociales comparten imágenes de buses deteriorados, en mal estado o que se incendian mientras dan servicio. También grupos civiles organizados y varios diputados mostraron su desacuerdo con la idea.
No obstante, Mesén reconoce que los autobuseros tienen influencia sobre el Poder Ejecutivo y un grupo importante de diputados.
“Nos estamos enfrentando a Goliat, pero si ellos son Goliat, nosotros somos David y ya sabemos cómo termina la historia. Entonces, no tenemos miedo”, afirmó la mujer, de 29 años, en una entrevista con La Nación.
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La lucha está abierta. En diciembre, la Cámara Nacional de Transportes, dirigida por Silvia Bolaños, exviceministra de Transportes, pidió que los diputados aprueben una vía rápida para el proyecto de ley. Sin embargo, esa pretensión parece estar muy lejos, pues a la oposición de los seis diputados del Frente Amplio se sumaron, el 2 de enero, cinco legisladores del Partido Liberal Progresista.
Se trata de la subjefa de la bancada, Kattia Cambronero; el jefe de fracción, Eliécer Feinzaig, y los legisladores Jorge Dengo, Johanna Obando y Luis Diego Vargas. Señalan que el plan va en detrimento de los usuarios y no es coherente con la ideología de su partido.
Mesén afirma que el proyecto de ley fue tramitado “en silencio”, a espaldas de la población con discapacidad y sin estudios técnicos y económicos que justifiquen la decisión.
El argumento de los empresarios autobuseros es que, si se extiende el uso de las unidades por cinco años, podrán recuperarse de los efectos económicos de la pandemia.
“Tampoco tienen un criterio qué diga que en cinco años, en tres años o en dos los autobuseros, realmente, van a tener una recuperación económica (...) Además, es evidente que hay un apoyo del Poder Ejecutivo a ese sector (los autobuseros) y también es evidente que no quieren escuchar a la otra parte, a la otra cara de la moneda”, dijo la activista.
De acuerdo con datos del Consejo de Transporte Público (CTP), 113 empresas debían renovar casi 350 unidades antes del 1.° de enero del 2023 porque así lo establece la legislación vigente. No obstante, al menos 20 compañías tienen vehículos cuya vida útil venció desde hace un año.
Para Mesén es claro que los diputados y jerarcas de Gobierno que apoyan ampliar la vida útil de los buses no utilizan el transporte público ni conocen los problemas que enfrentan los usuarios, en especial los que sufren las personas con discapacidad.
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“Es claro que esas personas no conocen, en carne propia, lo que es viajar en transporte público, no saben lo que es montarse en un autobús que no tiene las condiciones de accesibilidad”.
El expediente legislativo 22.530 fue presentado por el exdiputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana en junio del 2021.
